Diferentes organizaciones sociales, gremiales y políticas se manifestaron hoy en Paraná en repudio a la represión en la provincia de Jujuy. La violencia institucional que generó un debate nacional tuvo como principales afectados a manifestantes -mineros, docentes, pueblos originarios- que marcharon contra la reforma constitucional en la provincia gobernada por Gerardo Morales, de Juntos por el Cambio.

En Entre Ríos, la respuesta represiva del Estado jujeño fue fuertemente cuestionada por la Multisectorial por los Derechos Humanos de Paraná. La organización consideró que "el modelo de violencia" podría nacionalizarse si Juntos por el Cambio gana en las próximas elecciones. También la cuestionaron con dureza la izquierda y el Partido Obrero, sectores que ponen de resalto que el PJ fue clave para la reforma constitucional en Jujuy.

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La reforma fue aprobada con el voto de los 28 representantes de Juntos por el Cambio y el respaldo de 11 representantes del PJ. Los seis convencionales del Frente de Izquierda se retiraron del recinto. Esa diferencia entre ambos sectores se vio este jueves cuando las distintas organizaciones políticas que conviven en la capital entrerriana se concentraron en la Plaza 1° de Mayo, frente a la Catedral.

Por un lado, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Polo Obrero y el Partido Obrero, entre otras organizaciones de base conformaron una columna que marchó hacia Casa de Gobierno, lugar en el que montaron su propio acto de repudio hacia Juntos por el Cambio y el PJ.

En tanto, en la plaza hicieron su acto los demás sectores de la Multisectorial por los Derechos Humanos, como la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), el Movimiento Evita, el Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP), entre otros.

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"El pueblo jujeño viene denunciando una política de empobrecimiento y precarización laboral. Comunidades originarias que ven amenazado el acceso al agua con el avance de la industria del litio, perdiendo derecho a la tierra y a la cultura", señalaron en el acto frente a la Catedral paranaense.

Y agregaron: "Basta de criminalizar la protesta social. El gobierno provincial insiste con la continuidad del conflicto. Como resultado de la represión hay más de 250 heridos y más de 60 detenidos, entre ellos menores de edad. Esta situación muestra una absoluta violación a los derechos humanos".

Finalmente, subrayaron que "frente a cualquier política que pretenda pasar el ajuste con represión, le advertimos que este pueblo tiene historia de defender los derechos en la calle".