Los senadores del PJ requirieron contar con una evaluación técnica independiente antes de avanzar en una reforma de carácter estructural. Esta posición coincide con la expresada por la Liga de Intendentes Justicialistas, cuyos representantes realizaron aportes durante las reuniones de comisión del martes en la que se debate el proyecto del oficialismo.

Los intendentes manifestaron la necesidad de contar con estudios actuariales independientes que permitan "proyectar de manera real y objetiva los efectos de las modificaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo".

En ese marco, la propuesta de los senadores de la oposición se fundamenta en el artículo 41 de la Constitución de Entre Ríos, que establece que toda normativa previsional debe sustentarse en criterios técnicos que aseguren la proporcionalidad entre aportes y beneficios, considerando además variables como la edad, los años de servicio y la participación del Estado.

Desde el bloque de senadores del PJ advirtieron que "cualquier modificación que altere estos parámetros sin una adecuada valuación actuarial podría incurrir en un vicio de inconstitucionalidad".

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Intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas

Por ello, solicitaron la intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER), organismo con competencia específica en la materia, para la elaboración de un informe técnico actuarial independiente que permita evaluar con rigor el impacto de la reforma propuesta.

El Consejo participó también de las reuniones de comisión en el Senado, aportando una mirada técnica sobre el proyecto, en las que sus representantes advirtieron sobre el déficit del sistema y la necesidad de medidas que garanticen su sustentabilidad sin afectar derechos.

Los senadores justicialistas señalan importantes omisiones en el proyecto, la falta de escenarios que contemplen variables clave como la deuda de ANSES con la provincia y la evolución de recursos vinculados al IVA.

“La discusión previsional requiere responsabilidad y sustento técnico. No se trata sólo de números, sino de garantizar derechos y previsibilidad para miles de entrerrianos y entrerrianas”, expresó al respecto el senador Víctor Sanzberro.

La iniciativa también establece que el informe deberá ser elaborado con plena autonomía metodológica, suscripto por profesionales actuarios matriculados y validado por el Consejo Directivo correspondiente, asegurando así su rigurosidad y validez técnica.