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CRUELDAD ANIMAL

Reclamo de justicia por un perro asesinado en Villaguay

El animal fue muerto a puñaladas hace un año y el autor está identificado. La querella subrayó su el reclamo de justicia y pide que la causa se eleve a juicio

Domingo 23 de Mayo de 2021

Se cumplió este domingo un año del asesinato de Rocco, un perro asesinado a puñaladas en barrio San Judas, en Villaguay y sigue el reclamo de justicia por el animal. El atacante está identificado, pero la causa no avanza, según explicó a UNO Cecilia Domínguez, delegada de la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (Afada), una asociación civil sin fines de lucro que brinda asistencia y representación legal a personas físicas o jurídicas en defensa de los intereses y derechos básicos fundamentales de los animales, y es quien está a cargo de la querella.

Sobre la causa señaló que se encuentra en trámite: “No obstante y pese al pedido realizado por la parte querellante a cargo de Afada, la Fiscalía local aún no ha solicitado la elevación a juicio”.

“Se debe mencionar que se encuentran vencidos los términos que prevé el Código Procesal Penal de Entre Ríos y que los plazos legales deben cumplirse. Sin embargo, hasta el momento no ha habido pedido de elevación a juicio por parte de la Fiscalía de Villaguay”, afirmó.

La parte querellante también peticionó el cambio de calificación, que en la actualidad se mantiene únicamente como infracción a la Ley Nº 14.346. “Con todo y a raíz de las pruebas que han sido presentadas en la causa, los testigos que estuvieron esa noche han manifestado que fueron amenazados por el vecino que apuñaló a Rocco, mientras los corría con un cuchillo en la mano, acto que se encuadraría dentro de las previsiones de los delitos de maltrato y crueldad animal previstos en la Ley nacional Nº 14.346, artículo 3 inciso 7, de Protección Animal, en concurso material con amenazas y coacciones, lo cual está previsto en el artículo 149 bis primer párrafo segundo supuesto del Código Penal”, agregó la letrada.

Por su parte, la familia Retamar, que estaba a cargo del perro asesinado, manifestó: “Hoy seguimos esperando que la Justicia se decida a buscar a esta persona ya que va a hacer un año desde este hecho. Ojalá que de verdad quien tenga la decisión de hacer cumplir las leyes lo haga. Quiero realmente que se haga justicia por esta causa.”

En tanto, Domínguez expresó: “La familia de Rocco frente al trágico episodio se encuentra revictimizada, dado que existe esta demora en Actuaciones así como la falta de medidas de asistencia psicológica para quienes tuvieron que sufrir el asesinato de un miembro de su familia, tal y como lo era Rocco Retamar para ellos”.

Ante estos hechos la abogada que representa la querella mencionó: “La Justicia no puede seguir tomando con tanta liviandad como lo viene haciendo las causas de crueldad animal. Los animales no humanos son considerados sujetos de derechos en el marco de lo que establece la Ley Penal. La actual Ley Nº 14.346 los considera víctimas y un objeto no puede ser nunca una víctima”.

A su vez, subrayó: “Por otro lado, y en virtud del miramiento hacia el bien jurídico protegido, respecto de la actual Ley Nº 14.346, no es otro que el animal no humano a no ser víctima de actos de maltrato y crueldad. Los animales son víctimas que se encuentran en una situación de desigualdad estructural y exigen actuaciones con celeridad si se pretende revertir ese panorama. Que de acuerdo con el mencionado artículo 120 de la Constitución nacional, corresponde al Ministerio Público Fiscal promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”.

“No podemos seguir esperando a que la Justicia demore más tiempo, Rocco y su familia reclaman y necesitan justicia”, dijo, y concluyó: “No Debemos olvidar que, como víctimas de un delito penal y según lo receptado por la Ley Nº 27.372, Rocco y su familia tienen derechos, entre ellos a recibir un trato digno y respetuoso, recibir asistencia en forma especializada para lograr su recuperación psíquica, física y social, ser informada verbalmente sobre el estado del proceso y la situación del imputado, entre otras. La nueva normativa permite que la víctima pueda participar del proceso. También podrá exigir medidas mientras dure la investigación”.

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