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Quemas: amparo contra la Provincia por información pública

Entidades ambientalistas presentaron una acción de amparo para que el gobierno entregue información sobre los terrenos donde se realizan quemas en el Delta.

Sábado 22 de Octubre de 2022

El Foro Ecologista Paraná y la Asociación Civil por la Justicia Ambiental (AJAM) ingresaron una solicitud de acción de amparo ambiental a fin que el Gobierno de Entre Ríos cumpla con el acceso a la información pública y brinde "de manera perentoria y urgente" los datos catastrales de la totalidad de los terrenos de las islas del Delta del Paraná en territorio provincial, ante la preocupación por las quemas que ocurren desde hace meses.

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El 24 de agosto pasado las entidades ambientales demandaron conocer detalles dominiales de los terrenos que el Estado entrerriano posee en Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú; e Islas de Ibicuy y si los mismo han sido afectados por los incendios, registró el suplemento ERA Verde.

Este 19 de octubre, representantes del Foro Ecologista y AJAM ingresaron un escrito promoviendo una acción de amparo ambiental ante la falta de acceso a la información pública ambiental solicitado en agosto pasado al Estado provincial.

Se requiere que en siete días de ser notificados se produzca un informe sobre los hechos denunciados en la demanda y se expresen las razones para la falta de entrega de la información.

La intervención se da luego de haberse cumplido 30 días hábiles sin respuestas al pedido inicial. “El Estado no cumplió con proveer la información de forma oportuna, pertinente y veraz, que es a lo que está obligado por la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental por la que es la Ley General del Ambiente y más que nada por la vigencia del Acuerdo de Escazú, el acuerdo internacional que obliga a los Estados a cumplir con esto", explicó la abogada patrocinante, Aldana Sasia.

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Por las características del pedido de informe, que tiene que ver con las quemas continuas que se producen en el Delta, impulsaron un amparo ambiental.

En agosto las entidades solicitaron detalles de:

1) Las tierras de dominio público del estado; ubicación, extensión, permisos de usos otorgados y tipo de actividad productiva habilitadas;

2) Las tierras de dominio privado; titulares del dominio y calidad de la adquisición, tipo de actividad productiva que se desarrolla,

3) ordenamiento territorial de bosque nativo que corresponde a la zona Delta en Entre Ríos.

La inquietud por conocer esta información surgió luego que trascendiera un informe realizado en base a datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) donde se registra las unidades productivas ganaderas en las islas. En esta base de datos figura que 76 establecimientos se encontraban en propiedad del Estado entrerriano.

En una superficie de 83.925 hectáreas se contabilizaba la presencia de 13.395 bovinos en tierras fiscales entrerrianas.

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El dato tomó por sorpresa al titular de Tierras Fiscales de Entre Ríos, Leonardo Caluva, quien afirmó que el Estado no contaba con tal actividad y conjeturó que estas tierras podrían estar actualmente ocupadas por intrusos o ser datos viejos.

Luego esta situación quedara expuesta, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, decretó el traspaso de la Dirección de Tierras Fiscales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería a la órbita de la Secretaría de Ambiente provincial. La decisión apuntó a “regularizar la posesión a través de identificación de actuales usuarios”, comentó en su momento la secretaria de Ambiente, Daniela García, a ERA Verde.

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