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Quedó firme el veto a la ley de licitaciones de alta significación económica

La decisión fue sostenida por los legisladores del oficialismo, que se impusieron con 28 votos frente a 17 de Cambiemos.

Miércoles 04 de Septiembre de 2019

La Asamblea Legislativa dejó firme ayer el veto del Poder Ejecutivo provincial a una ley recientemente sancionada que establecía un control previo del Tribunal de Cuentas a las contrataciones de alta significación económica, en todas aquellas licitaciones públicas comprendidas en el Régimen de Contrataciones del Estado provincial, cuyo presupuesto oficial superara tres veces el monto tope ministerial establecido para efectuar las licitaciones públicas comprendidas en el Régimen de contrataciones del Estado; y de diez o veinte veces según se trate de obras públicas de arquitectura o de ingeniería.

El de ayer fue el tercer y último llamado para que la Asamblea se pronuncie al respecto. El resultado de la votación fue 28 a 17 a favor de dejar firme el veto.

Argumentos del veto

El fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes había explicado la decisión del gobernador Gustavo Bordet de vetar la ley señalando que desde el punto de vista administrativo "al control previo lo ejerce la Contaduría General de la Provincia, tanto sobre los aspectos presupuestarios contables y de cumplimiento de la ley de contrataciones, como de las leyes que regulan la salida de recursos de la hacienda pública".

Igualmente dijo que al control de legalidad "lo tiene que tener la Fiscalía de Estado, más allá de que no hay una ley nueva actual que regule, que reglamente el funcionamiento de la Fiscalía de Estado, estamos con una ley vieja”.

También explicó En tanto que el Tribunal de Cuentas “es un órgano que por definición es para analizar las rendiciones de cuentas, observar las rendiciones de cuentas y en cuyo caso llevar adelante los juicios de cuentas cuando hay que devolver dinero o antes tenía los juicios de responsabilidad. Esos juicios de responsabilidad no existen más, le mandan los antecedentes a la Fiscalía de Estado para perseguir la reparación económica cuando hay otra clase de daño”.

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