La Provincia

Qué dice el proyecto que plantea la reforma del Código Fiscal

Se aprobaría antes del 15 de diciembre. Aumenta sanciones para incumplidores, amplía las facultades de la ATER, sube algunas alícuotas y mejora el control de las exenciones de tributos

Lunes 26 de Noviembre de 2012

Carlos Matteoda/ De la Redacción de UNO
cmatteoda@unoentrerios.com.ar

La modificación al Código Fiscal que impulsa el gobierno provincial en la Legislatura se caracteriza por un endurecimiento de las sanciones, el aumento de algunas alícuotas para Ingresos Brutos y Sellos, además de ampliar sensiblemente las facultades de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), especialmente en lo referido al Impuesto Automotor para evitar la radicación de vehículos en otras jurisdicciones.


El proyecto ingresó hace unos días a Diputados y ya fue tratado en comisión. La intención del oficialismo es aprobarlo antes de finalizar el presente período legislativo, el 15 de diciembre, del mismo modo que se pretende aprobar este año el proyecto de ley que autoriza al Poder convenir con el Nuevo Banco de Entre Ríos SA (Nuevo Bersa) la modificación de la cláusula 19 del contrato de agentes financieros.


Esa iniciativa recibió media sanción del Senado el miércoles y ya ingresó a la Cámara baja. De aprobarse, permitirá que “en caso de necesidad financiera del tesoro provincial, pueda utilizarse por hasta el cien por ciento del fondo unificado, creado por Ley Nº 7.390 y su complementaria Nº 8.094 y adecuar las condiciones de operatividad en dicha cláusula”.

Inscripciones de oficio
El proyecto de reforma plantea, de arranque, la incorporación al artículo 12º del Código Fiscal (CF) vigente -según el texto ordenado de 2006, de un inciso -casualmente el 13- que habilita a la ATER a efectuar “inscripciones y bajas de oficio” en todos los tributos que administra.
 

Para ejercer esta nueva función, el organismo recaudador previamente notificará “a los sujetos, contribuyentes o responsables” los datos que dan origen a la inscripción o baja de oficio, otorgándole un plazo de 15 días hábiles para que cumplimente “las formalidades exigidas para la inscripción o baja” o para que aporte los “elementos de prueba que justifiquen la improcedencia de la misma”.
 

Cuando el contribuyente no se presente dentro del plazo establecido precedentemente o haciéndolo no justifique la improcedencia de la inscripción o la baja, la ATER dictará el acto administrativo “sin perjuicio de las sanciones que le pudieran corresponder por el incumplimiento a los deberes formales”.
 

Asimismo el proyecto plantea elevar una multa automática del 10% de la obligación tributaria omitida, para el caso de que se pague dentro de un plazo de 15 días corridos posteriores a la intimación del contribuyente, al 30% si el contribuyente opta por un plan de financiación. Además señala que si el tributo y sus intereses fuesen cancelados en un solo pago, con posterioridad al plazo de 15 días posteriores a la intimación, la multa automática será del 40%; y llegará al 50% si se formaliza, dentro de ese plazo, un plan de financiación.

Sanciones más duras
También se endurecen las sanciones y plazos para la omisión del pago de los impuestos Inmobiliario y a los Automotores. Actualmente la multa es del 10%, pero si el pago se produce dentro de los 60 días posteriores al vencimiento se reduce al 5%.
Con el proyecto aprobado, se llevará el porcentaje de la multa al 20% y se reducirá a 30 días el plazo máximo de mora estipulado para que el recargo sea de la mitad, es decir 10%.
Se propone también modificar la facultad del ente recaudador para remitir total o parcialmente las sanciones previstas en el Código, que hasta ahora pueden caber cuando existiere “culpa leve”, pero que sólo serían posibles “cuando mediare error excusable del contribuyente”.

Planes de financiación
En cuanto a los planes de financiación de obligaciones tributarias se mantiene el máximo de 36 meses de plazo otorgable por la ATER, de 60 meses por el Ministerio de Economía y de 96 por el Poder Ejecutivo. Pero se establece que el beneficio se perderá si, una vez otorgado, el contribuyente no lo formaliza en un plazo máximo de 15 días.
En otro párrafo del proyecto, que plantea modificar el artículo 75º del CF se subordina “a la reglamentación que a tales fines dicte el Ministerio” la posibilidad compensar su crédito de aquel contribuyente que fuese acreedor del Estado Provincial. Antes, no estaba subordinada a ninguna otra normativa que lo expresado en sentido positivo en ese artículo.

Carentes de interés fiscal
Respecto de aquellas deudas que pueden ser declaradas “carentes de interés fiscal” y así la ATER desistir de su cobro, se elevará el monto máximo del importe del tributo reclamado de 500 a 2.500 pesos, y se agrega a la redacción original un motivo más para decidir no iniciar o desistir de los juicios. Se trata de los casos en que el deudor “no tenga bienes susceptibles de ejecución y que aparezca como insolvente”.

Los baldíos y los “baldíos”
Otra modificación de peso está relacionada con los terrenos considerados fiscalmente como baldíos (que no tengan mejoras habitables) comprendidos dentro de la Planta 1 de acuerdo a la Ley de Catastro, que deberán pagar un adicional al Impuesto Inmobiliario en función de la cantidad de metros cuadrados de superficie.


Ese recargo será del 20% en una superficie mayor a 250 metros cuadrados y de hasta 500 metros cuadrados; de 40% entre 500 y hasta 1.000 metros cuadrados; de 60% entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados; y del 100% para los de más de 2.000 metros cuadrados.
Otra modificación se advierte en la modalidad de cancelación del Impuesto a los Ingresos Brutos, donde se señala que “se efectuará mediante anticipos, que deberán ser cumplimentados a través de la presentación de declaraciones juradas en los plazos y formas” que establezca la ATER, dejando de lado la vieja redacción que a los pagos a cuenta sumaba “un pago final correspondiente al saldo del impuesto”.

Régimen Simplificado
En cuanto al Régimen Simplificado para el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos se proponen modificaciones a seis artículos del CF vigente.
En cuanto al ingreso al Régimen Simplificado, se agrega a la redacción vigente que será incompatible con el desempeño de actividades en relación de dependencia, o con la percepción de prestaciones en concepto de jubilación, pensión o retiro correspondiente a alguno de los regímenes nacionales o provinciales.


Igualmente se modifica la forma de cálculo del monto a pagar. La redacción actual considera “la cuantía de la base imponible y a las actividades que realicen” mientras que el texto propuesto indica tener en cuenta la cuantía de los ingresos brutos, las magnitudes físicas, el consumo de energía eléctrica, el monto de alquileres devengados anualmente y las actividades que realicen, entre otros parámetros posibles.


En el mismo sentido se fija que para encuadrarse en las diferentes categorías de este régimen se considerarán los parámetros de los cuatro meses anteriores a la fecha de inscripción y se establecen los procedimientos para los casos de contribuyentes que realicen más de una actividad o el local y/o consumo eléctrico sea compartido con el uso hogareño.


También se indica que el impuesto (de carácter mensual) deberá ser ingresado hasta el mes en que el contribuyente renuncie al Régimen o, en su caso, hasta el cese definitivo de actividades y se eliminará la posibilidad que existe de liberar al contribuyente del pago correspondiente al mes de diciembre, siempre y cuando hubiera pagado en término desde enero hasta noviembre.


Al enumerar en la nueva redacción a quienes no podrán ingresar al Régimen Simplificado se añade a los contribuyentes que tengan personal en relación de dependencia.


Los contribuyentes que sean excluidos por “encuadramiento fraudulento” de su actividad no podrán reingresar al Régimen hasta transcurridos tres años de la toma de conocimiento por parte de la ATER de las causales de exclusión.
Finalmente se señala que la Ley Impositiva fijará además de la alícuota general, los importes mínimos y los impuestos fijos; también “alícuotas para cada actividad.”

Las exenciones
En cuanto las exenciones al tributo por Ingresos Brutos, el proyecto modifica lo relacionado a las emisoras de radiofonía y televisión.


Antes eximía del pago en los ingresos provenientes de servicios publicitarios a “los sistemas de televisión por cable, codificadas, satelitales y de circuitos cerrados” al igual que a los de televisión por cable, en el ingreso por la prestación del servicio de televisión.
Si se aprueban los cambios, solo eximirá a las emisoras de radiofonía y televisión abierta por los ingresos provenientes de servicios publicitarios; y a los sistemas de televisión por cable, por esos ingresos y también los percibidos por la prestación del servicio, cuando desarrollen sus actividades en una o más localidades de la Provincia, siempre que la sumatoria de las viviendas de tales localidades dé hasta 20.000.


Esta limitación sobre el número de viviendas de la o las localidades donde se desarrolla la actividad permite suponer un límite poblacional de 63.000 habitantes, ya que de acuerdo al censo 2010 en Entre Ríos hay 3,15 personas por vivienda.
En el mismo sentido, la exención ya no alcanzará a los sistemas de televisión codificados, satelitales y de circuitos cerrados, ni por publicidad ni por prestación del servicio.


En cuanto a la exención de Ingresos Brutos a la edición, impresión y publicación de libros, diarios, periódicos y revistas, se mantiene en el proyecto como en la redacción original ; pero se agrega a los que se realicen en soportes que no sean papel, ya sea “magnético o en portales y sitios web”.

Ingresos Brutos por Okm
Registra una sensible suba en el proyecto propuesto el cálculo del impuesto a las inscripciones de automotores cero kilómetro, que pasará de ser el 25% del Impuesto a los Automotores, a el 3,5% del valor de compra.
Impuesto de Sellos


En lo referente a la exención del Impuesto de Sellos para actos, contratos y operaciones se agregan los casos de la inscripciones de vehículos automotores cero kilómetro adquiridos en concesionarias inscriptas como contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en Entre Ríos, siempre que la factura de compra sea emitida en la provincia.


Igualmente los casos de inscripción de automotores cero kilómetro -incluyendo maquinarias agrícolas, viales y de construcción- cuya factura de compra sea emitida por terminales o fábricas “siempre que éstas posean adherida la jurisdicción Entre Ríos a los fines de tributar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos”.


También se exime del tributo la inscripción de automotores cero kilómetro adjudicados por planes de ahorro previo, efectuados con intermediación de agencias concesionarias oficiales, designadas por las terminales automotrices o sus sucursales con domicilio en esta provincia y siempre que se encuentre justificado el ingreso del Impuesto de Sellos del contrato de adhesión.
Y la adquisición de automotores cero kilómetro adquiridos por personas discapacitadas bajo el régimen de la Ley Nº 19.279.

Impuesto Automotor
En lo atinente a la regulación del Impuesto Automotor, el proyecto de la ATER incorpora varios artículos nuevos, varios de los cuales recogen las iniciativas planteadas en marzo por un proyecto del diputado justicialista Diego Lara, tendientes fundamentalmente a determinar la guarda habitual en la provincia de los automotores. Y, de esta forma, combatir la radicación en extrañas jurisdicciones.


El organismo recaudador contará con situaciones que considerará presunciones generales para determinar la guarda habitual de los vehículos en la provincia, salvo prueba en contrario aportada por el contribuyente.


Estas situaciones son: que el propietario del automotor tenga el asiento principal de sus actividades o su residencia habitual en la provincia; cuando exista cualquier clase de documentación habilitante para la circulación del vehículo que sea extendida en la jurisdicción de Entre Ríos o recibida en un domicilio de la provincia; cuando el propietario sea titular registral de bienes inmuebles y/u otros vehículos registrados en la provincia; o cuando tenga registrados empleados en relación de dependencia en la provincia. Asimismo, el proyecto señala que servirá además “cualquier otro elemento o situación que a juicio de la ATER permita inferir la efectiva guarda habitual del vehículo en la provincia” para intimar al sujeto responsable para que en el término de 15 días hábiles haga los respectivos cambios de radicación, o presente su descargo. Cuando la Administradora Tributaria disponga la inscripción de oficio del vehículo, deberá abonarse el Impuesto a los Automotores que corresponda a partir de la fecha de inscripción, aplicándose una multa graduable de uno a diez veces el importe del tributo de ese año.

Obligación de informar
También quienes comercialicen unidades cero kilómetro, estarán obligados a informar mensualmente a la ATER todas los unidades vendidas y entregadas en la provincia durante el mes, cuya inscripción registral se haya efectuado en otra jurisdicción provincial.
Asimismo, las compañías de seguros, antes de asegurar vehículos cero kilómetro, deberán constatar que los mismos cuenten con inscripción registral previa. Y deberán informar mensualmente todos los vehículos asegurados.
El incumplimiento de estos deberes de información los hará pasibles de multa por incumplimiento a los deberes formales.

Cambios a la Ley Impositiva
La Ley Impositiva Nº 9.622 también sufrirá cambios. En el artículo 7º, donde se fija en 3,5% la alícuota general del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, se añade que será del 4,5% cuando se trate de contribuyentes o responsables cuya sede se encuentre fuera de la provincia


Del mismo modo, se establecen las alícuotas de algunas actividades no contempladas o que fueron modificadas: telefonía celular móvil (6%), servicios de transmisión de sonidos, imágenes, datos o cualquier otra información -Internet (5%), call center y web hosting (4%).


En el título Servicios de Esparcimiento del artículo 8º se contempla con una alícuota del 2%a las emisiones de “televisión por cable, codificadas, satelitales, de circuitos cerrados y toda otra forma que puedan ser captadas únicamente por sus abonados”.
En las disposiciones generales se señala que todas las entidades financieras reguladas por la Ley Nº 21.526, que posean su sede, filiales o sucursales en el territorio de la provincia “no podrán efectuar retenciones, percepciones y/o recaudaciones de importes en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos por cuenta y/u orden directa de fiscos de otras provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre las cuentas bancarias abiertas en dichas entidades dentro de la provincia de Entre Ríos, que sean de titularidad de contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos con sede en esta”.


Lo dispuesto no alcanzará a aquellas retenciones, recaudaciones y/o percepciones efectuadas por aplicación del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sircreb) administrado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.

Exenciones por conservación de suelos
En el mismo proyecto se proponen cambios al régimen de exención de impuestos prevista por la Ley Nº 8.318 de Conservación de suelos.
Se modifica el artículo 12º referido a las exenciones parciales y temporales en el pago del Impuesto Inmobiliario Rural, de acuerdo a las prácticas que se realicen. Para las prácticas de conservación semipermanente se establece un máximo de cinco años de beneficio, pero se elimina el mínimo de dos años que está en la actual redacción.


En cuanto al porcentaje de exención que se determine, se señala que no podrá superar en ningún caso el 35% del tributo determinado, mientras que antes no existía referencia a ese máximo.
Igualmente se faculta a la ATER , a través de las Direcciones de Catastro y/o Fiscalización Tributaria podrá, a “constatar la existencia o permanencia de los trabajos y condiciones que dieron origen a la exención en el pago del Impuesto”, lo que antes no estaba consignado.


Estas modificaciones, según información extraoficial, pretenden poner freno a una serie de otorgamientos irregulares del beneficio de la exención impositiva. Concretamente, se habrían detectado recientemente numerosos casos de contribuyentes que tenían el beneficio que corresponde a la conservación de suelos, pero la tarea no se habría realizado. A tal punto habría sido la incongruencia, que los primeros indicios se habrían obtenido sin necesidad de presentarse en el lugar, sino a través del sistema google earth.
La situación habría derivado en sumarios y sanciones dentro de la Administradora.

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