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“Que Demonte y Appiani digan dónde están los restos de mi hermano”

Un hermano del estudiante universitario desaparecido "Coco" Erbetta declaró este lunes en la causa Área Paraná. Denunció que el arzobispo Tortolo se negó a colaborar y que Trimarco lo amenazó con un arma en la cabeza.

Lunes 10 de Noviembre de 2014

Alfredo Hoffman/De la Redacción de UNO

 

Este lunes se reanudó la etapa de plenario de la causa Área Paraná con las declaraciones de dos testigos, uno de ellos el hermano del militante desaparecido Victorio “Coco” Erbetta, quien reclamó a los imputados Cosme Demonte y Jorge Humberto Appiani –ausentes en la sala– “que digan dónde están los restos, para poder darle cristiana sepultura”. El otro que compareció fue el médico Guillermo Riolo, quien se desempeñaba durante la dictadura en el Servicio Penitenciario de Entre Ríos y aportó algunos datos que confirman la utilización de las cárceles como centros clandestinos de detención y torturas.

Joe Erbetta, militar retirado, hizo un repaso de los hechos que tuvieron como desenlace la desaparición de su hermano. Contó que “Coco” fue secuestrado el 16 de agosto de 1976, cuando se encontraba en clases en la facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Argentina (UCA) –donde hoy funciona la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER– por un grupo de tareas que conducía el represor imputado Cosme Ignacio Marino Demonte; fue trasladado a la Policía Federal en la entonces avenida Rivadavia y al día siguiente al CCD montado en el Escuadrón de Comunicaciones del Ejército. Luego fue asesinado y su cuerpo continúa desaparecido.

En su relato, el testigo recordó la amenaza de muerte que recibió del general Juan Carlos Ricardo Trimarco, la máxima autoridad militar de ese momento en Entre Ríos, cuando lo convocó a su despacho en la sede del Comando de Brigada ubicada en calle 25 de Mayo. El represor –fallecido antes de llegar a ser procesado– le apoyó en la cabeza el caño de una pistola 9 milímetros y le advirtió que dejara de buscar a su hermano.

Joe Erbetta mencionó que “Coco” era presidente del centro de estudiantes de la UCA y muy allegado al entonces arzobispo de Paraná y vicario castrense, Adolfo Servando Tortolo, quien lo había nombrado monaguillo en la Catedral. A pesar de esto y de que toda la familia era muy practicante, Tortolo se negó a recibirlos cuando intentaban saber qué había sucedido. Inclusive, hay testigos que dicen que el prelado mandó a llamar a “Coco” cuando estaba detenido en Comunicaciones y se reunió con él en la residencia del Parque Urquiza, horas antes de la desaparición.

Sobre el secuestro, recordó que algunos estudiantes reconocieron a Demonte y así lo informaron a la familia Erbetta. Contaron también que el policía pidió autorización en el rectorado para llevar a cabo la detención. En el mismo momento en que la patota actuaba en las aulas, otro grupo de tareas de la Federal allanaba la casa de su madre en calle Ituzaingó. De allí secuestraron una libreta con números de teléfono. Regresaron al día siguiente, rodearon la manzana y dieron vuelta todo el patio en busca de armas que no encontraron. Joe quiso llegar hasta la vivienda pero le impidieron el paso a una cuadra de distancia.

Se enteró de que “Coco” estaba en Comunicaciones por un camarada suyo, Héctor Feruglio, quien a su vez tenía un hermano que trabajaba en Inteligencia del Comando de Brigada y que llevaba un listado de los detenidos por orden de Trimarco. La misma fuente fue la que le informó, 15 días después, que el nombre de Victorio había sido tachado de la lista: en la jerga eso quería decir que había sido asesinado o desaparecido.

En la audiencia de este lunes, Joe renovó su reclamo a los represores, puntualmente a Demonte y Appiani: “Que digan dónde se encuentran los restos de mi hermano, que mi madre a sus 85 años quiere darle cristiana sepultura. Que nos devuelvan los restos de mi hermano”, suplicó.

Desde adentro

Joe, por su condición de militar en la época de los hechos, tuvo la oportunidad de aportar importantes datos sobre la represión ilegal en Paraná. Por ejemplo, indicó que desde su lugar de trabajo, Distrito Militar, en el ingreso a la zona de cuarteles, veía pasar automóviles no identificables con personas encapuchadas en su interior. Eran un Ford Falcon y un Renault 12 que pertenecían a la Policía Federal y que hicieron sus incursiones mayormente entre 1976 y 1978. Llegaban por lo general a la tardecita y comenzaban a hacer luces desde avenida Ejército. También ingresaban hombres de la Policía de Entre Ríos, agregó.

El jefe de Distrito Militar, Ulises Chort, había dispuesto que se controlara el ingreso de los vehículos a través de la barrera de la entrada y que se llevara un registro mediante una planilla. Esto le trajo problemas con Trimarco, quien pretendía que se agilizara el paso de los detenidos hacia los cuarteles. La planilla se pudo instrumentar por escasos tres meses, anteriores al secuestro de “Coco”.

Chort fue un especie de protector de Joe, le advirtió que su vida corría peligro y que le avisara de todos sus movimientos. También le comentó que no estaba de acuerdo con cosas que estaban sucediendo, sobre todo en el Hospital Militar, en referencia al robo de bebés. Chort había recibido la orden de Trimarco de hacerle un control estricto. Amenazado y con un hermano desaparecido, pidió la baja del Ejército, pero no se la concedieron.

En sus visitas al Comando para realizar diferentes trámites, pudo conocer de vista al auditor Jorge Appiani, otro de los imputados, pero no tuvo con él trato directo.

El médico Riolo denunció que fue presionado y amenazado

El médico ginecólogo Guillermo Riolo, quien se desempeñó en el Servicio Penitenciario de Entre Ríos durante la dictadura, declaró este lunes como testigo. Durante su intervención confirmó que vio personas pertenecientes a otras fuerzas, vestidas de civil, en la unidad familiar de la cárcel de varones, cuando fue convocado junto a un enfermero. Dijo que tuvo una discusión con esas personas, ya que no era un sitio apropiado para revisar a un detenido. En ese lugar se realizaban sesiones de torturas, tal como fue denunciado por numerosas víctimas. “El enfermero vio algo raro, como una caja. Preguntó qué era y lo sacaron corriendo”, enfatizó en probable alusión a una picana eléctrica.

Por otra parte, expresó que recibió presiones del titular de la UP 1, el imputado José Anselmo Appelhans, y que en una oportunidad recibió como amenaza una corona de flores en su casa. Además, en una ocasión, estuvo a punto de ser arrestado por no poder concurrir a su trabajo.

Riolo dijo que pudo constatar golpes pero no signos de otra tortura en mujeres detenidas. Sin embargo, admitió que el médico Bernardis recibió a María Eugenia Saint Girons “con lesiones frescas” de la tortura. También reseñó que dos presas políticas, Rosario Badano y Ana Jaureguiberry, le contaron que eran sacadas de la Unidad Penal 6 hacia la casa de torturas de la base aérea y allí habían podido escuchar la voz del médico imputado Hugo Moyano.

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