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Proponen resarcir a estatales cesanteados por la dictadura

El proyecto prevé un pago equivalente a 20 sueldos mínimos de la administración pública para estatales echados por motivos políticos entre 1976 y 1983.

Domingo 25 de Abril de 2021

Un proyecto de ley ingresado el viernes en la Cámara de Diputados de la Provincia dispone la creación de un Régimen de Resarcimiento para los cesanteados por la dictadura en Entre Ríos. La iniciativa alcanza a aquellos estatales que hayan sido cesanteados o exonerados de cargos o empleos públicos y que hayan ejercido su función en cualquiera de los poderes del Estado provincial, sus entes autárquicos o empresa, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

Los despidos deben haber sido por causas políticas, ideológicas o gremiales para acceder al derecho a percibir el resarcimiento. El texto de la ley al que accedió UNO indica que el beneficio es incompatible con cualquier indemnización percibida por sentencia judicial debido a los mismos hechos. Asimismo, deja afuera al funcionariado, ya que quedan excluidas las personas que hayan ejercido cargos de responsabilidad política en el Estado entrerriano en la última dictadura militar.

Por otra parte, se prevé la confección de un listado chequeado por autoridades provinciales, integrado por las personas que quieran cobrar el resarcimiento. El Ministerio de Gobierno y Justicia será la autoridad de aplicación de la ley y deberá abrir un registro para conformar el padrón de las personas que lo soliciten.

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Deberán acreditar algunos datos. Uno es haber tenido relación laboral con el Estado provincial o algunos de sus entes descentralizados o autárquicos antes del 10 de diciembre de 1983. Otro es haber sido dado de baja por causas políticas durante la dictadura. Pero, para demostrarlo, tendrán que aportar documentación “que demuestre las causales políticas, ideológicas, gremiales o similares que determinaron el cese de la relación laboral”.

En cuanto al monto a cobrar eventualmente por los despedidos políticos, el proyecto fija que el resarcimiento económico será equivalente a 20 sueldos mínimos del escalafón provincial y se otorgará por una única vez.

Según la planilla de cargos testigo que publica el gobierno provincial, este salario mínimo neto a marzo de 2021 es de 45.343 pesos. Así, el resarcimiento, si se cobrara hoy, sería de unos 906.000 pesos.

Todos los trámites administrativos y judiciales que deban realizarse para acceder al beneficio serán gratuitos y exentos de cualquier tasa o contribución. Los interesados en cobrarlo, siempre en el caso de que se apruebe la ley, tendrán un plazo de tres años para requerirlo. Finalmente, el proyecto establece que se contemplen los gastos derivados de la ley en el Presupuesto 2022.

En los fundamentos, la autora del proyecto, Gracia Jaroslavsky (UCR), considera: “Es inexplicable, doloroso, que el Estado no haya encontrado en todo este tiempo la forma de resarcir a este grupo de hombres y mujeres perseguidos por el período más infame de nuestra historia”.

La legisladora radical de Victoria señala que la iniciativa “no se trata solo de dinero, se trata de dignidad, se trata de repudiar los daños que un Estado en plena manifestación antijurídica, antirrepublicana y autoritaria provocó en sus propios empleados”.

El proyecto fue acompañado por los diputados opositores Eduardo Solari, Juan Zacarías, Sara Foletto, Manuel Troncoso y Jorge Satto.

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