Un proyecto de ley ingresado el jueves a la Cámara de Diputados de Entre Ríos propone establecer un marco regulatorio para las Medicinas Tradicionales, Complementarias e Integrativas (MTCI) y crear un registro provincial para las personas que desarrollen las actividades alcanzadas por la iniciativa. La propuesta busca fijar condiciones para la formación, inscripción, control y ejercicio responsable de esas disciplinas, con la premisa de que no deben reemplazar las prestaciones propias de la medicina convencional.

La iniciativa fue presentada por la diputada Gladys Salinas, del Partido Conservador Popular (PCP), y tiene como origen una propuesta de la Asociación Civil Entrerriana de Masoterapeutas y Afines (Acema). El texto plantea que las actividades vinculadas con saberes y métodos tradicionales forman parte de una realidad que requiere una respuesta normativa por parte del Estado.

Según los fundamentos, el objetivo es promover un abordaje integral del bienestar de las personas mediante la incorporación de opciones complementarias al sistema sanitario. Para ello, se establecen como criterios generales la seguridad y la calidad, la prevención, el acceso a información y el respeto por la autonomía de quienes recurran a esos servicios.

Salinas sostuvo que en Entre Ríos existe actualmente una ausencia de regulación específica que permita determinar con precisión quiénes pueden desarrollar estas actividades, qué competencias deben acreditar, qué formación necesitan y bajo qué condiciones deben llevar adelante sus tareas. En los fundamentos también se señala que la falta de reglas comunes genera incertidumbre entre quienes trabajan en el sector y dificulta las tareas estatales de conocimiento, registro, supervisión y fiscalización.

La legisladora agregó que la ausencia de un marco normativo puede favorecer situaciones de informalidad y limitar la información disponible para las personas usuarias. En ese sentido, la propuesta procura establecer criterios objetivos que permitan conocer la formación y habilitación de quienes ofrecen estos servicios, además de delimitar el campo de actuación correspondiente a cada especialidad.

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Un registro para ordenar y fiscalizar las actividades

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación del Registro Provincial de Agentes de Salud Complementaria (Repasc). Allí deberán inscribirse las personas que pretendan ejercer legalmente las actividades comprendidas en la ley. El objetivo es disponer de información actualizada sobre quienes desarrollen esas tareas, las especialidades en las que se desempeñen y la formación que puedan acreditar.

La iniciativa considera al Repasc como una herramienta para fortalecer la transparencia y facilitar la fiscalización. A su vez, plantea que contar con un registro permitirá brindar información a la ciudadanía acerca de las personas habilitadas para desarrollar las actividades incluidas en la normativa.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos sería la autoridad de aplicación de la futura ley. Entre sus funciones quedaría la clasificación de las actividades según su naturaleza, el nivel de riesgo y la modalidad de intervención. Esa categorización serviría como base para definir las condiciones bajo las cuales podrán desarrollarse las distintas especialidades.

La iniciativa contempla que la autoridad sanitaria pueda incorporar nuevas actividades al registro mediante reglamentación, siempre que se consideren criterios de evidencia y seguridad. El mecanismo permitiría actualizar el listado de disciplinas sin modificar cada vez el texto de la ley, aunque la incorporación quedaría sujeta a las pautas que establezca el Ministerio de Salud.

El proyecto propone además que la regulación tenga en cuenta las características de cada actividad y el eventual nivel de riesgo que pueda implicar. La clasificación permitiría diferenciar prácticas según el tipo de intervención que realicen y establecer exigencias acordes con esas características, publica APF.

Las disciplinas incluidas en el proyecto

El texto divide las actividades que pretende regular en distintas categorías. Entre ellas menciona los sistemas médicos tradicionales completos; las prácticas de cuerpo y mente; las prácticas biológicas; las prácticas de manipulación y base corporal; y las prácticas energéticas.

Dentro de las especialidades que podrían ser incorporadas al registro se encuentran Ayurveda, biorretroalimentación, botánica, fitoterapia, gemoterapia, herbología, herbodietética y homeopatía. También se incluyen imágenes guiadas, masoterapia, Medicina Tradicional China, meditación, Qi Gong para la salud, reflexología, Reiki, terapias sonoras y yoga.

La enumeración no tendría carácter cerrado. El proyecto contempla la posibilidad de que el Ministerio de Salud autorice otras actividades mediante reglamentación, siempre sobre la base de criterios relacionados con evidencia y seguridad. De este modo, la propuesta busca establecer un marco que pueda abarcar nuevas modalidades sin dejar de lado la evaluación de las condiciones en que se desarrollen.

La inclusión de las distintas especialidades aparece acompañada por la intención de ordenar las competencias de quienes las practican. El proyecto plantea que la formación acreditada y el alcance de cada actividad deberán guardar relación con las tareas que efectivamente puedan realizar los agentes registrados.

Formación, competencias y límites de intervención

Los fundamentos de la iniciativa hacen hincapié en la necesidad de determinar qué preparación deberán acreditar las personas que pretendan ejercer las actividades comprendidas. La regulación apunta a que la formación pueda ser identificada y considerada dentro del proceso de inscripción, de modo que exista información verificable sobre los antecedentes de cada agente.

Ese aspecto se vincula directamente con la protección de las personas usuarias. Según la propuesta, disponer de información sobre la capacitación y la habilitación de quienes ofrecen estos servicios permitiría reducir la incertidumbre y favorecer decisiones basadas en datos concretos.

El proyecto también procura establecer una diferencia entre el ejercicio de estas actividades y la atención sanitaria profesional. Los agentes registrados no podrían asumir atribuciones que correspondan a profesionales de la salud regulados por otras normas. El principio busca evitar superposiciones y definir con mayor claridad los límites de intervención.

En particular, el texto establece que ninguna de las prácticas comprendidas podrá presentarse como sustituto de diagnósticos, tratamientos o indicaciones efectuadas por profesionales habilitados. La complementariedad, por lo tanto, constituye el criterio que atraviesa la propuesta y determina el alcance que tendría la futura regulación.

El proyecto de Salinas abre ahora el debate legislativo sobre la regulación de las Medicinas Tradicionales, Complementarias e Integrativas en Entre Ríos. La discusión deberá definir el alcance definitivo de la norma, los mecanismos de control y los requisitos que regirán para quienes pretendan ejercer las actividades contempladas.