Derechos Humanos
Lunes 23 de Abril de 2018

Piden elevar a juicio el secuestro de militantes del PC en la dictadura

El juez federal Seró debe resolver sobre el pedido de la fiscal Minatta. Se trata de detenciones ilegales y torturas ocurridas en La Histórica. Será la primera causa por crímenes de lesa humanidad que tendrá su juicio en Concepción del Uruguay

La fiscal federal de primera instancia de Concepción del Uruguay, María Josefina Minatta, requirió la elevación a juicio de una nueva causa por delitos de lesa humanidad cometidos en esa ciudad entrerriana. Se trata de la investigación por secuestros y torturas, entre otras violaciones a los derechos humanos, cometidas contra militantes del Partido Comunista (PC) durante la última dictadura cívico militar. Hay dos represores imputados y otros dos que fueron separados del juicio por razones de salud, pero la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que sean sometidos a nuevas evaluaciones médicas.

La decisión sobre ambas cuestiones está ahora en manos del juez federal de la jurisdicción, Pablo Seró, quien todavía no ha resuelto sobre ninguno de los pedidos realizados el 5 de abril. Una vez que se resuelva al respecto, esta será la primera causa por crímenes de lesa que tendrá su juicio en La Histórica, a partir de la flamante conformación del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay. Los dos juicios anteriores, los correspondientes a la causa Harguindeguy en 2012 y a la causa Mazzaferri en 2017, se efectuaron ante el TOF de Paraná.

De los dos procesados, uno es un conocido torturador de la Policía Federal que en estos momentos se encuentra cumpliendo una condena de 15 años de prisión. Se trata de Julio César Rodríguez, conocido como El Moscardón Verde, quien en la causa Harguindeguy fue encontrado responsable de los secuestros y tormentos que sufrieron estudiantes secundarios de Concepción durante los sucesos que quedaron en la historia como La Noche del Mimeógrafo, en julio de 1976. Rodríguez tiene 81 años y cumple la sentencia con prisión domiciliaria. El otro involucrado es José Luis Palacios, militar retirado del Ejército, de 70 años.

Los que fueron beneficiados con la exclusión del proceso son Néstor Alfredo Gómez del Junco y Roberto Oscar Caserotto, ambos de Gendarmería.

Los hechos
La investigación se centró en dos sucesos que tuvieron como víctimas a militantes del PC. Uno de ellos ocurrió cuando detuvieron a varios jóvenes que festejaban un cumpleaños en una casa, en mayo de 1977. El otro se inició en el balneario Banco Pelay, en enero de 1978, y continuó en una casa quinta.

En el episodio del cumpleaños fueron detenidas ilegalmente siete personas a manos de efectivos de Gendarmería Nacional, el 12 de mayo de 1977. Según la denuncia, participaron Gómez del Junco y Caserotto bajo las órdenes del militar Palacios, quienes irrumpieron violentamente en la vivienda y subieron a las víctimas a una camioneta en la que fueron llevadas hacia la sede de esa fuerza de seguridad. Durante el traslado sufrieron golpes y al llegar fueron introducidos a calabozos, donde continuaron las golpizas y diferentes torturas como arrojarles agua helada. Luego de unos días fueron trasladados a la cárcel de la ciudad y liberados aproximadamente el 25 de mayo. La fiscal adjudica a Palacios los delitos de privación ilegal de la libertad, allanamiento ilegal de vivienda y torturas.

Por otra parte, el 12 de enero de 1978 dos de los detenidos en aquel cumpleaños volvieron a ser secuestrados. Fue en el balneario Banco Pelay, donde participaban de una guitarreada. A la medianoche, se apagaron las luces del lugar y aparecieron cuatro personas; a una de ellas reconocieron como Julio César Rodríguez. Les vendaron los ojos y los subieron a un vehículo, posiblemente un Ford Falcon, y los trasladaron durante 20 minutos. En Pelay quedó el hijo de uno de los detenidos, de 11 años.

Los llevaron hasta un lugar que sería cercano al arroyo Colman. Estuvieron varias horas en una casa quinta, atados por el cuello con alambres. Allí fueron golpeados con lo que parecían manoplas de hierro y llevados a una habitación donde les aplicaron descargas eléctricas con una picana, en un despliegue de los métodos característicos del terrorismo de Estado que imperaba en la época. En ese lugar, cuando a una de las víctimas se le despegó la venda de los ojos, pudo ver a Gómez del Junco. Más tarde los dejaron vendados y boca abajo en el puente de hierro ubicado a la entrada de Banco Pelay. Cuando lograron desatarse fueron corriendo hasta el lugar donde habían sido capturados y encontraron al niño, ya de mañana, desesperado.

Para la fiscal Minatta, estos hechos conforman los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y torturas.

Estos acontecimientos se hallan acreditados por testimonios y prueba documental recolectada durante la investigación, que además comprueba cómo era el plan sistemático de represión ilegal en Concepción del Uruguay, para la persecución de la militancia política de la época. En este caso, las víctimas pertenecían al Partido Comunista local y eran hostigados en busca de lo que lo llamaban "material subversivo", como panfletos, revistas y demás impresiones de propaganda. Además, durante las torturas eran interrogados por información sobre otros activistas buscados.

Examen médico
Junto con el pedido de elevación a juicio de la causa, la fiscal solicitó que se efectúen nuevos exámenes médicos a los represores Néstor Alfredo Gómez del Junco y Roberto Oscar Caserotto, quienes alegaron su imposibilidad de afrontar el juicio debido a su estado de salud. Minatta comprende que pasó un año y medio desde que el juez Seró decidió separarlos del proceso penal y que durante ese tiempo fueron sometidos a diferentes tratamientos que podrían haber aliviado sus dolencias. Además, no padecerían ninguna dolencia crónica ni estarían en estado terminal.

La fiscal argumentó su solicitud en base a la importancia de que el Estado adopte medidas efectivas contra la impunidad de los autores de delitos de lesa humanidad. En forma expresa pidió que se autorice la participación de médicos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, perteneciente a la Procuración General de la Nación.

Por primera vez en Concepción
Una vez que lo resuelva el juez Seró, la causa llegará a juicio con la novedad de que el debate se realizará en la misma ciudad. El nuevo Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay está integrado por Mariela Emilce Rojas de Di Pretoro, Jorge Sebastian Gallino y Juan Manuel Iglesias. La fiscal de juicio es Milagros Squivo.
"Que el juicio se haga en Concepción del Uruguay nos da una gran satisfacción, porque muchas veces que las víctimas tengan que trasladarse hasta Paraná y que el juicio se realice en un lugar donde los hechos no ocurrieron, en algún punto dificulta el desarrollo del debate", sostuvo la fiscal Josefina Minata, durante una entrevista con el programa La Huella del Caracol, de la agrupación Hijos, que se emite por Radio Comunitaria Barriletes de Paraná. "También lo celebramos como un avance por la sensibilidad que esto implica para quienes sufrieron los crímenes", añadió.

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