Secciones
Crisis en el servicio de transporte

Pese la intervención de Trabajo, sigue el paro de colectivos

Empresas pidieron el procedimiento preventivo de crisis y alertaron de posibles despidos. Este martes llamarían a las partes.

Lunes 15 de Julio de 2019

Las empresas Mariano Moreno y ERSA recibieron en la jornada de este lunes una parte de la deuda que le reclaman al gobierno municipal de Paraná. En realidad se giró solo 1,4 millones de pesos a las empresas, que solo alcanza a cubrir solo un 19% de la masa salarial total. Debido a esta situación, los choferes de colectivos decidieron mantener la medida de fuerza y los colectivos tampoco circularán por lo menos en la mañana de este martes.

Sin la totalidad de los fondos necesarios para hacer frente al 50% del Sueldo Anual Complementario –unos 14 millones de pesos, con aportes–, demanda de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para levantar el paro, el conflicto que desde la semana pasada dejó sin servicio de transporte urbano a Paraná podría destrabarse en las próximas horas, a partir de la presentación del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que formalizaron ambas empresas concesionarias ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia.

En la solicitud, según se confirmó a UNO, se establece que ante el desfinanciamiento que sufre el sistema por la falta de compensaciones y subsidios, el atraso de la tarifa y el incumplimiento del Estado municipal para abonar sus compromisos, se requirió la autorización para despedir a 94 trabajadores –60 pertenecientes a ERSA y 34 a Mariano Moreno–,y la suspensión de otros 94 choferes, también 60 de ERSA y 34 de Mariano Moreno. “Eso implica el 40% del plantel del personal de las empresas, debido a la afectación que tienen las empresas producto de la eliminación de servicios que seguramente se va a tener que realizar en este corto plazo, para equilibrar los costos.

Los servicios se deberán reducir en esa proporción, y por eso será la posibilidad de ofrecer trabajo para esas prestaciones. Sacar un colectivo de circulación, implica dos y medio choferes menos”, explicó a UNO el abogado Gustavo Larrea.

Desde la cartera laboral provincial informó a UNO que se estaban realizando el análisis de la documentación presentada, algo más de 2.000 fojas con fundamentos técnicos de las empresas. Y tiene un plazo de 48 horas para extender la notificación a la UTA, que empezó a correr desde este lunes a la mañana. El profesional ligado a la firma ERSA insistió que a esta situación se llegó por la crisis del transporte de pasajeros de la ciudad de Paraná. Enumeró la falta de reconocimiento de los costos de servicio, desde hace tiempo, y por el que las empresas venían realizando presentaciones, cuando se empezó a advertir la diferencia de tarifas en relación a los nuevos costos. “En septiembre se hizo el primer reclamo; luego en noviembre-diciembre y en este ultimo período con el desfasaje de los primero seis meses implica una diferencia de costos y de tarifas de cerca de 100 millones de pesos a favor de las empresas”.

En esa deducción se incluye los reclamos en la diferencia entre tarifa técnica y real, pero también “otras verificables”, dijo.

“El Estado municipal no nos paga el Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU), desde marzo; tampoco los 2,80 pesos que se comprometió el DEM para subsidiar la tarifa y dejarla en 20 pesos”, indicó.

A ello, acotó el empresario Marcelo Lischet –titular de la Mariano Moreno y vicepresidente de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap), hay un desfasaje mensual de 10 millones de pesos. “En el incremento de la tarifa se incluyó un subsidio de 15 millones de pesos, en el costo de la tarifa, que aportaba la Nación a las empresas, provenientes del Fondo de Asistencia Financiera.

Varisco se comprometió que iban a bajar 15 millones de pesos, y en base a eso se determinó el valor del pasaje, pero Nación paga 5,1 millones. Hay un desafasaje de 10 millones cada mes, que se va acumulando”.

Larrea, por su parte, acotó: “El gobierno local determina el desfasaje, el costo para solicitar la asistencia en 15 millones, pero Nación aportó solo 5. Entonces quedan 10 millones de pesos que por reconocimiento del propio municipio, tiene que compensar. Esto también suma a todo el monto que se está adeudando”. En razón de esta situación, y en la necesidad de encontrar equilibrios, es que con el PPC las empresas buscan que los servicios de transporte se reduzcan en esa proporción: por ello, y porque el costo laboral representa un 58% del total de costos, es que se busca reducir la planta de personal. “Sacar un colectivo de circulación, implica dos y medio choferes menos”, indicó el abogado.

Ante la consulta de UNO, el secretario gremial de UTA, Sergio Groh, sostuvo que el gremio acatará la notificación del PPC, que impide realizar medidas de acción directa a cualquiera de las partes: a las empresas realizar despidos o suspensiones, y a los trabajadores, hacer paros.

48 horas

“Se trata de un proceso de 17 días hábiles. Luego de la notificación al gremio, a los cinco días se debe hacer la primera audiencia formal donde se puede determinar un acuerdo, que dependerán de factores que impliquen flexibilización laboral y reducción de costos. Acá se busca reducir los costos laborales, como pagar el aguinaldo en cuotas. Y si no hay un acuerdo, las partes quedan liberadas, para la huelga o para los despidos por parte de las empresas”, razonó Larrea.

Por eso subrayó que el corte de servicios actual podría superarse en lo inmediato, teniendo en cuenta que el artículo 104 de la Ley 2.407 de Empleo que regula los PPC establece claramente que no se pueden tomar medidas de acción directa ni las empresas ni el sindicato. Así, a partir de la notificación del convenio al sindicato, debería cesar la huelga, a partir de la notificación de Trabajo.

La concesión Respecto al marco legal vigente de concesión del servicio, los letrados de las empresas sostienen que las pautas establecidas para ese funcionamiento “hace rato están rotas, pero no por responsabilidad de las empresas, sino por incumplimientos de la concedente (la Municipalidad). De hecho –dijo Larrea– en enero y en mayo las empresas presentaron el cambio de condiciones contractuales producto de esta situación.

El contrato está roto porque si bien las empresas están prestando los servicios, no existió la otra contraprestación adecuada como las tarifas y las compensaciones. Y justamente desde enero en adelante, porque desde el 1 de enero cambiaron las reglas de juego”, comentó, en relación al nuevo esquema determinado por el gobierno nacional, que desligó su responsabilidad en las provincias y municipio.

En esa línea, Larrea marcó que producto de la eliminación de los subsidios nacionales cambiaron las condiciones contractuales. “Advertimos al Estado municipal que cambiaron las condiciones, porque en las normas del proceso y del contrato local está previsto que lo subsidios son parte de la tarifa; al eliminarse, cambia la discusión tarifaria. También se apuntó a la Provincia. Más allá de los incumplimientos actuales del gobierno municipal, las provincias asumieron un compromiso con la Nación, que se trata de un monto congelado, correspondiente al 50% de los subsidios de mitad de 2018; hoy los costos son otros. Nosotros reclamamos a las autoridades nacionales, y queremos que se haga cargo la Nación que dejó el sistema en banda en todo el país. Pero tenemos como respuesta que la Provincia firmaron convenios de pacto fiscal y después se acordó una ley que eliminó los subsidios”, indicó Larrea.

Las empresas remarcaron que Nación discriminó al interior, dotando de recursos continuos, permanentes y crecientes a provincia de Buenos Aires y Capital Federal, que permitieron otorgar 20% de aumento salarial y 16.000 pesos de monto no remunerativo a los choferes de esa zona, en detrimento de todo el interior del país.

En esta nota

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario