Sergio Urribarri
Lunes 05 de Febrero de 2018

"Pediremos el sobreseimiento de Urribarri", anticipó Barrandeguy

El abogado consideró que la Justicia no puede desconocer la aprobación de lo actuado por parte de los organismos de control

El representante legal del exgobernador Sergio Urribarri, Raúl Barrandeguy, criticó el tratamiento dado en algunos medios de comunicación al pedido de elevación a juicio de la causa por contrataciones de campañas publicitarias en vía pública efectuado por los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Joel Cánepa.
El abogado explicó que de ningún modo existe una medida definitoria "sino que se trata solo de un pedido que deberá ser evaluado por el juez de Garantías a cargo, para lo cual se llevan adelante diversas acciones procesales, entre las cuales se encuentra la respuesta de la defensa propiamente dicha".


Indicó Barrandeguy: "Constituye un acto más del proceso que informa la voluntad de los fiscales de promover la acción penal provisoriamente". Y agregó. "La elevación es un decreto judicial, es decir, es una decisión del juez".

En este sentido, Barrandeguy dijo que no existe responsabilidad penal por parte del exmandatario, por lo que solicitarán el pedido de sobreseimiento de Urribarri, además de insistir con el planteo que viene sosteniendo respecto de que los fiscales no han contemplado el desempeño de los organismos de control en cada uno de los expedientes cuestionados.
"Es un error serio obviar la intervención de esos organismos de control en la medida en que hacen al funcionamiento mismo del Estado, y por ello están conformados por profesionales especializados, con autonomía funcional, estabilidad política y competencias específicas para expedirse sobre la legalidad de los actos de gobierno", referenció.

Explicó que en ese marco existen controles tanto previos como posteriores que son ejercidos por la Contaduría General de la Provincia, la Tesorería de la Provincia, el Tribunal de Cuentas, el Poder Legislativo y la Fiscalía de Estado. "La aprobación otorgada por estos órganos exime a cualquier funcionario de toda responsabilidad no solo administrativa e institucional, sino también penal", sostuvo el abogado paranaense.

También objetó las acusaciones de los fiscales en tanto las mismas se apoyan en la figura de una supuesta sustracción, y lo cierto es que "no es posible sustraer dinero de una partida presupuestaria", puesto que solo es "una autorización para gastar" fondos públicos.
El viernes la oficina de prensa del Poder Judicial entrerriano dio a conocer que los fiscales Cánepa y Yedro dieron por concluida la investigación penal preparatoria en el Legajo Nº 31.253, "Aguilera Juan Pablo y otros– Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y otros ", habiendo solicitado el 1º la remisión de la causa a juicio.

Los fiscales consideraron a esas conductas como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública, imputando a Urribarri, Pedro Báez, Aguilera, Corina Elizabeth Cargnel, Jesús y José María Bustamante, Hugo Fernando Montañana y Gustavo Tamay, como partícipes primarios. También se imputó a Luciana Almada, Emiliano Giacopuzzi, Alejandro Almada y Maximiliano Romeo Sena, como partícipes secundarios.

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