Se manifestaron en la intersección de calles Urquiza y Papa Francisco de Paraná . Se trata de choferes que quedaron desamparados, que estaban nucleados en UTA
14:29 hs - Viernes 12 de Junio de 2026
Trabajadores del transporte urbano de Paraná que quedaron fuera de la nueva concesión manifestaron su incertidumbre legal. Tras reunirse con funcionarios municipales, marcharon hacia la Casa de Gobierno para solicitar la intervención de las autoridades provinciales ante las deudas y trabas que paralizan su incorporación.
Un grupo de choferes y personal técnico del transporte urbano de pasajeros, organizados bajo la modalidad de autoconvocados, visibilizó este viernes la situación de incertidumbre laboral en la que se encuentran tras el traspaso del servicio a la empresa San José. Según los trabajadores, el conflicto se encuentra paralizado en un marco de vacíos legales e impugnaciones al pliego de bases y condiciones de la nueva concesión. El sector mantendrá asambleas internas para definir los pasos a seguir, mientras aguarda respuestas concretas de las carteras de transporte tanto locales como provinciales.
El origen del conflicto y el reclamo municipal
"Hoy estamos reclamando por nuestro trabajo. Nos dejaron afuera mediante un pliego totalmente cuestionado, donde la Municipalidad se hizo cargo de dar de baja por decreto una ordenanza que a nosotros nos permitía tener estabilidad laboral en el transporte urbano", explicó al sitio APF el referente de los trabajadores autoconvocados, Mariano Dufour.
En el marco de sus reclamos, los trabajadores mantuvieron un encuentro con los secretarios de Legal y Administrativo, Pablo Testa, y de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Paraná, Kevin Bolzán. Sin embargo, desde el sector laboral advierten que el marco legal utilizado por la administración central presenta inconsistencias que no han sido resueltas administrativamente.
Al respecto, Dufour detalló el eje de los cuestionamientos presentados ante las autoridades locales: "Ellos nos comunicaban que están trabajando en base al pliego que hicieron, pero nosotros les explicamos que están hablando sobre un pliego totalmente cuestionado. Hay incluso impugnaciones sobre el mismo, y queremos saber qué pasó con ellas y por qué hoy la empresa San José, habiendo licitado como una Unión Transitoria (UT) junto a Kenia, está trabajando sola".
Disminución del padrón y el "limbo" legal
El conflicto, que ya se extiende por un período de seis meses, generó un desgaste que redujo el número inicial de trabajadores afectados que sostienen la demanda. De un padrón original de 237 empleados, actualmente la cifra se sitúa en torno a los 150 operarios, debido a jubilaciones, inserciones en la nueva prestataria o la búsqueda de empleos alternativos en otros rubros.
La principal dificultad que enfrentan los choferes radica en la falta de precisiones técnicas sobre su estatus contractual, lo que les impide accionar legalmente contra las firmas salientes o exigir el cumplimiento de obligaciones a la entrante.
"Nosotros quedamos en el medio de una transferencia donde las empresas salientes, Mariano Moreno y Ersa, nos tienen como transferidos por lo que no podemos intimar a ninguna indemnización. Pero tampoco podemos avanzar con San José porque no nos reconoce. Estamos en una especie de limbo donde no tenemos dónde reclamar ninguno de nuestros derechos", describió Dufour.
Pedido de intervención a la Provincia
Ante la falta de avances en las sucesivas audiencias desarrolladas en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, los trabajadores movilizaron su reclamo hacia la Casa de Gobierno. La argumentación de la empresa San José para no avanzar en la incorporación del personal remanente se centra en los pasivos financieros acumulados por las anteriores concesionarias.
"Escuchamos una de las problemáticas que tiene la empresa entrante, que aduce una deuda que mantienen Mariano Moreno y Ersa con nosotros. Explicaron que es un pasivo previsional, una deuda con Anses y otros compromisos más", señaló el referente.
Frente a este escenario, la estrategia de los autoconvocados apunta a lograr que el Estado provincial intervenga u obligue a las firmas salientes a regularizar sus obligaciones de manera previa. "Vamos a plantearle a la Provincia que intervenga y busque la solución para que Ersa y Mariano Moreno se hagan cargo de las deudas anteriores", concluyó Dufour, anticipando que las próximas medidas serán consensuadas mediante los canales internos de los trabajadores.