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Los colectivos volvieron a circular, Varisco eliminó un subsidio y el lunes se reúnen UTA y empresas

Mientras avanza el Procedimiento Preventivo de Crisis, se dispuso ayer la quita del aporte de 2,80 pesos. El boleto pasará, en agosto, a 22,80 pesos

Miércoles 17 de Julio de 2019

Luego de seis días sin servicio de transporte público en Paraná, en horas de la mañana de ayer llegó a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) la notificación del Ministerio de Trabajo de la Nación acerca del inicio del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) por parte de las empresas Mariano Moreno y ERSA. La medida legal que dispone el cese de cualquier medida de acción directa de cualquiera de las partes destrabó precaria y transitoriamente la situación de parálisis del servicio público.

Al mismo tiempo, en un contexto caótica de crisis del servicio, el intendente Sergio Varisco firmó el Decreto N° 1.375 y dispuso la quita del subsidio de 2,80 pesos que se había puesto en vigencia para los usuarios paranaenses que habían hecho la validación de su tarjeta SUBE. Los pasajeros del área metropolitana –Colonia Avellaneda, Oro Verde, San Benito y los paranaenses que no realizaron la tramitación– ya pagaban 22,80 pesos.

Esa compensación de 2,80 pesos de la cual se hacía cargo el Ejecutivo municipal, iba a regir por 180 días, pero hasta el momento no se había abonado a las empresas, y era uno de los tantos reclamos de la concesionaria.

La eliminación regirá desde el 1 de agosto.

Por mes representaban 1,5 millones de pesos. Entre los fundamentos oficiales para eliminar el subsidio fue la falta de recursos previstos en el presupuesto municipal elaborado en 2018, y la suba se dispuso este año. Por lo que solo tiene partidas establecidas en el presupuesto municipal, el Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU), se indicó.

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La Asamblea Ciudadana de Paraná convocó a la población, a gremios y otros sectores de la comunidad a movilizarse mañana a las 11 hacia el Palacio Municipal, en repudio al aumento del boleto de colectivo y por el derecho al transporte público.

A partir del mediodía la prestación comenzó a normalizarse, aunque con unidades transitando por la ciudad con baja cantidad de pasajeros. La situación se repitió por la tarde, en parte porque muchos usuarios habituales ya se habían organizado para otro día sin colectivos en el inicio de la jornada, y también por el receso de invierno vigente.

Tal como informó UNO ayer, el gremio acató la notificación de la cartera laboral de la Provincia, que además formalizó la convocatoria a audiencia entre las partes, para el lunes. A partir de allí habrá 10 días para lograr que empresas y UTA –con la participación de la Municipalidad de Paraná– acuerden un plan para superar la crisis: entre otras medidas podrían disponerse flexibilizaciones para el cumplimiento de pagos salariales o reducciones, y también una disminución de frecuencias o recorridos como alternativas que se echarán sobre la mesa.

Mientras se extienda ese plazo, por los próximos 10 días, el servicio deberá presentarse en forma normal, y luego sí, en caso de no prosperar consensos, las partes quedarán liberadas para adoptar medidas. Por un lado, las empresas ya advirtieron –tal como reflejó UNO ayer– y lo asentaron en el pedido del PPC, para despedir 94 trabajadores, y otras 94 suspensiones, lo que implica un achique de la planta de personal de alrededor del 40%. Además propone suspender provisoriamente el pago de aportes patronales, y no queda exenta la posibilidad de reducción de salarios. Trabajo será el encargado de evaluar, mientras tanto, si están dadas las condiciones para avalar un PPC.

Sin paro mañana y el viernes

Con la presentación en marcha del PPC, quedó descartada la posibilidad de adhesión de UTA Paraná al paro de 48 horas que la conducción sindical nacional determinó para mañana y el viernes.

En este caso, en Entre Ríos, el cese de actividades tendrá efecto en localidades como Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, La Paz y Chajarí.

La protesta gremial es la profundización de un plan de lucha iniciado semanas atrás, y que derivó en un paro el viernes. Los choferes de colectivos urbanos de todo el interior del país reclaman en paritarias por un aumento salarial correspondiente a los primeros seis meses del año similar al otorgado en Buenos Aires y Capital Federal. En esas dos jurisdicciones, UTA logró una suba salarial del 20% y un bono de 16.000 pesos en tres cuotas, beneficiado por mayores subsidios otorgados por el gobierno nacional, a conducciones de su mismo color político.

La eliminación de los subsidios nacionales y el traspaso de la responsabilidad de los servicios a las provincias llevó al estado de crisis del sector transportista en todo el país. Este panorama –la quita de subsidios y la imposibilidad de hacer frente a aumentos salariales– fueron otros motivos esgrimidos por Mariano Moreno y ERSA, para solicitar el PPC, cada una con presentaciones independientes.

En el Concejo Deliberante

La titular del Concejo Deliberante, Josefina Etienot, extendió una invitación al fiscal municipal, Francisco Avero, a participar de la sesión del Concejo Deliberante, convocada para mañana a las 9.30.

En la nota se informa que la exposición podrá extenderse de 15 a 20 minutos, sin lugar a debate ni preguntas por parte de los concejales ni de la Presidencia.

Es pertinente recordar que entre los fundamentos esgrimidos por las empresas del transporte aduciendo la crisis y un desfasaje de 100 millones de pesos en sus costos operativos, se hace hincapié en el retraso tarifario, proceso que se dilató en el Concejo Deliberante durante cuatro meses después, hasta que se aplicó el cambio tarifario a partir de un decreto del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM).

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