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Los actores judiciales en puja

Noticias del olimpo. El silencio mediático de Castrillón y Rodríguez Signes no alcanza a acallar los rumores sobre los motivos de la pelea ni sobre el movimiento de los supremos ante la renovación de autoridades del máximo tribunal

Sábado 28 de Septiembre de 2019

El presidente del Superior Tribunal de Justicia mantuvo una semana de bajo perfil mediático, luego de que se posicionara en muchos medios de comunicación por sus declaraciones sobre los sueldos de funcionarios del Ejecutivo provincial y especialmente con críticas al Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. Ese bajo perfil del actual jefe del Poder Judicial entrerriano encajó con la ausencia de réplica de cualquier funcionario del gobierno provincial, comenzando por el fiscal de Estado que, tal como anticipó, no polemizó públicamente con el magistrado.

¿Por qué razón Rodríguez Signes no le responde a Castrillón? Se puede pensar que para evitar el deterioro de la relación entre los dos poderes del Estado que ambos integran. ¿Podría responderle? Por lo que se conoce de la declaración impositiva del funcionario, se deduce que podría demostrar que tiene un salario menor al del vocal Castrillón (foto), que ronda el medio millón de pesos de bolsillo. Y también que podría demostrar que sus propiedades no son tantas como insinuó el presidente del Superior Tribunal.

Circularon esta semana, en algunos ámbitos, datos de la tributación de Ganancias y de Bienes Personales del fiscal que demostrarían que Castrillón exageró, pero siempre resulta farragoso tener que andar explicando sueldos y propiedades para alguien que hace muchos años está en la función pública. Y mucho más cuando se entiende que la intención del vocal Castrillón no es finalmente quejarse por los sueldos, ni compararse con algunos de los funcionarios del Ejecutivo provincial, sino embestir contra el fiscal.

En ámbitos cercanos a la Fiscalía de Estado hay quienes sostienen que el enfado del juez con Rodríguez Signes está relacionado con un dictamen de la Fiscalía de Estado contra una empresa que tiene la concesión de determinados rubros del juego. El motivo del dictamen negativo es el presunto incumplimiento del contrato en lo relacionado al dinero que debe pagar al Estado por la explotación de máquinas de juegos. La empresa mantiene concesiones del Iafas desde hace varias gestiones, puntualmente desde la segunda de Sergio Montiel; y además sería un fuerte inversor turístico en la ciudad de La Paz, de donde es oriundo Castrillón.

Esta versión circuló con fuerza entre algunos habitantes del Palacio de Tribunales. Desde el llano no es fácil ver lo que sucede en el Olimpo de la política entrerriana. La cima de la montaña es tan alta que su punta es tapada por las nubes, y el conocimiento de lo que allí sucede resulta difuso. Hay quienes dicen que sería subestimar al magistrado pensar que blanquearía su enojo por esta cuestión; mientras que otros aseguran que el tema dejó de ser un rumor y que la Escribanía Mayor de Gobierno tiene en su poder algún elemento que probaría el supuesto motivo de enojo.

En el plano de las hipótesis, se puede imaginar que si efectivamente el organismo que regula los juegos de azar actuara en el mismo sentido que lo señala el dictamen de la Fiscalía, se estaría ante la primera oportunidad en varias décadas en que una de estas millonarias concesiones fuera revocada por incumplimientos del concesionario.

Un informe de Fopea señaló en 2017 que en Entre Ríos “se comprueba cómo el Estado se convirtió en socio de los empresarios. El organismo estatal que controla el juego selló acuerdos con la empresa Newtronic en 2005 y con NeoGame en el 2008 para incrementar la cantidad de salas de máquinas tragamonedas”, logrando que la recaudación pasara de 80 millones de pesos en 2008 a 400 en 2016.

Vale señalar que estas empresas suelen ser las mismas en todo el país y que antes de 2005 ya operaban en Entre Ríos. Se recuerdan las polémicas aperturas de salas de tragamonedas realizadas durante la gestión provincial 1999-2003 en localidades agobiadas por el desempleo y la pobreza. Muchos de ellos se hicieron por contratación directa invocando la ley de emergencia vigente en Entre Ríos. (Hay quienes sostienen que ese motivo ya hubiera justificado una revisión posterior).

Sea cierto o no lo del dictamen de Fiscalía, entendido como motivo de la conducta del vocal Castrillón, sus expresiones llevan a pensar que un dirigente político de su nivel (que fue influyente legislador provincial en varias oportunidades, antes de pasar a integrar la conducción del Poder Judicial) debe tener un motivo mayor que la comparación salarial para comportarse de esta forma.

Y también para exponerse.

Rodríguez Signes también es un dirigente político y conoce de la necesidad de mantener los equilibrios y la calma. (Castrillón suele insinuar que fue desleal con el exgobernador Montiel en la situación vinculada al planteo de juicio político al exmandatario).

Sin embargo hay quienes entienden que ya tiene motivos suficientes para recusar al vocal Castrillón en todos los juicios en los cuales la Provincia es parte. Claro que para hacerlo debería dar razones, y si esas razones constituyeran un presunto delito, debería intervenir el poderoso Ministerio Público Fiscal, conducido por el procurador Jorge García, quien tampoco se enrola en la escuela filosófica judicial del vocal paceño.

Muchos se preguntan si puede llegar el enfrentamiento a este extremo, y también si habría en ese caso un contraataque de Castrilón. Se sabe que los intereses que toca el fiscal de Estado en el ejercicio de su función son sensibles y de sectores poderosos.

El silencio de estos últimos días parece confirmar que la sangre no llegará al río, y que la cumbre del Olimpo seguirá oculta a la mirada de los mortales.

Sin embargo, en el palacio de la señora de los ojos vendados se escuchan otros comentarios, que aluden a la renovación de la conducción del Superior Tribunal de Justicia a fin de año. Se preguntan muchos si tiene Castrillón posibilidades de ser reelecto, y algunos se entretienen pensando en la política de alianzas de los supremos para esa definición.

Otros opinan que el accionar destenplado del presidente del STJ tiene que ver con las adversidades que le plantea esa circunstancia

El 22 de julio de 2006 el gobernador Jorge Busti solicitó al Senado provincial que preste acuerdo para el ingreso del entonces diputado provincial peronista Castrillón al Superior Tribunal, donde ya había otros exlegisladores como el radical Bernardo Salduna y el compañero Miguel Carlín.

Una década después de sentarse en su poltrona judicial, e incluso tras haber evaluado la posibilidad de la renuncia, Castrillón accedió a la presidencia del cuerpo. Contó para ello con los votos de la presidenta saliente Claudia Mizawak, y de los vocales Susana Medina de Rizzo, Bernardo Salduna y Juan Ramón Smaldone.

El otro candidato fue Germán Carlomagno, que tuvo los votos de Daniel Carubia, Miguel Ángel Giorgio y Leonor Pañeda. El cuerpo tenía ocho miembros por la renuncia de Carlos Chiara Díaz (para evitar ser enjuiciado y presumiblemente destituido), y casi un mes después se iba a completar con la designación del vocal Martín Carbonell.

Hay quienes dicen que Mizawak apoyó a Castrillón como “el mal menor” para obturar el armado que respondía a Carubia, quien tiene (también) un enfrentamiento con el procurador García. Otros sostienen que Smaldone hubiera podido ser el candidato de (cierto) consenso mayoritario, pero no quiso candidatearse. La política más tradicional saludó la llegada de Castrillón a la cumbre del Poder Judicial, esperando posiblemente alguna reivindicación frente a los que parrilleaban durante años a dirigentes políticos, sosteniendo procesos de una duración desmesurada contra algunos dirigentes políticos. Castrillón aclaró el día de su asunción la total independencia del Ministerio Público Fiscal, “en el que ni siquiera el Superior Tribunal de Justicia tiene injerencia”, por si hiciera falta aclararlo.

La situación ahora en el supremo tribunal no parece ser la misma. De aquellos votos de 2017, hay quienes dicen que Mizawak no está dispuesta a votar por el paceño porque entiende que no se puede seguir con su método de conducción. Medina de Rizzo, por su parte, tiene elementos para alimentar la expectativa de llegar a la conducción del cuerpo, por lo que inicialmente aparece en una vereda opuesta a la reelección del Quete (como apodan a Castrillón desde hace décadas). Smaldone podría votarlo, pero no es un entusiasta, y Salduna suele decidir a último momento, tras evaluar todas y cada una de las posibilidades.

Entre quienes no lo votaron, ganan predicamento las eventuales postulaciones de Giorgio y Carbonell, los dos miembros que se sumaron durante la gestión de Gustavo Bordet en el Ejecutivo. Carubia y Carlomagno no habrían encontrado hasta ahora motivos – contundentes al menos– para cambiar de opinión.

Esto no implica que Castrillón no pueda competir y lograr ser reelecto. En la familia olímpica se evalúan posiciones (y se negocian) hasta el momento de votar. Como en otros sectores, muchas veces el voto se define más en función de evitar la llegada de determinado juez que por el apoyo a otro.

El corrosivo comentario de los pasillos del palacio de tribunales, y también de la casa gris, apunta a algunos exabruptos del juez conductor, no sólo por los peleas con el fiscal, sino por la manera en que descalificaría a otros sectores del Poder Judicial, por caso de lo que trascendió luego de una entrevista con vecinos de algunos barrios de Paraná; o las dificultades en la relación con algunos de los trabajadores y funcionarios del Poder Judicial.

Un sector de la familia judicial entiende que la conducción debe tener un perfil moderado y esperan una señal desde del poder político antes de decidir.

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