La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos manifestó su preocupación por las modificaciones que pretende el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo nacional, conocido como Ley Ómnibus, respecto de la Ley Micaela (27.499), promulgada en enero de 2019.

La mencionada Ley establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, la joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner en abril de 2017.

Al respecto, la asociación que nuclea a jueces y fiscales entrerrianos sostuvo en un comunicado que "las variaciones pretendidas dejan sin efecto la obligatoriedad de la capacitación en Género para los y las integrantes de los tres poderes del Estado, en contradicción con las obligaciones asumidas por el Estado argentino ante los organismos internacionales de derechos humanos".

"La Ley Micaela constituye una conquista en la progresiva construcción de respuestas a los múltiples femicidios y violaciones a los derechos de las mujeres y otros colectivos discriminados por razones de género. Las modificaciones pretendidas implican un retroceso en el camino hacia una sociedad más justa y equitativa para todas las personas", se completó en el documento al que accedió UNO.

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La familia de Micaela también se opone

"Lo que a nuestro entender es más grave es la modificación del artículo 1° porque afecta el sentido de la Ley", manifestaron Andrea Lescano y Néstor 'Yuyo' Gracía, mamá y papá de la joven a través de un comunicado emitido desde la Fundación Micaela García "La Negra", del que también participaron personas voluntarias y profesionales de la organización.

La modificación propuesta en el Artículo 535 de la Ley Ómnibus propone substituir ese articulo con el texto: "Se establece la capacitación obligatoria en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia".

El artículo aún vigente de laLey Micaela dice: "Establécese la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.”

"Lo que se pretende modificar es que solamente van a estar obligadas aquellas personas "que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia", y no la totalidad de las personas que integran el Estado en sus tres poderes", resaltaron en la comunicación,

La Ley Micaela ( N° 27.499) "se originó como respuesta a decisiones de agentes del Estado sin perspectiva de género, entendiendo que el femicidio de Micaela (como tantos otros) se podría haber evitado, si la tuvieran".

"Ninguno de esos agentes se desempeñaba en la función pública en organismos competentes en la materia. ElJuez Carlos Rossi (que dio la libertad condicional al violador y femicida de Micaela, a pesar de tener un paquete de informes psicológicos que desaconsejaban la libertad) no se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia. Las personas (agentes del Estado) que el día previo al femicidio de Mica, no tomaran una denuncia por intento de violación del femicida de Mica, a una niña de 13 años", recordaron en la comunicación de la Fundación.