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Ley de Emergencia: el STJ avaló los descuentos a jubilados

El Superior Tribunal de Justicia rechazó un amparo en contra de la Ley de Emergencia y legitimó la decisión del Poder Legislativo y del Ejecutivo.

Jueves 20 de Agosto de 2020

En una sentencia emitida este miércoles, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos respaldó la Ley de Emergencia del gobierno provincial y avaló el descuento de haberes a jubilados que contempla el articulado de la normativa. Lo hizo al rechazar apelación realizada por una docente jubilada al fallo que en primera instancia había desestimado un recurso de amparo tendiente a frenar la aplicación del recorte.

El STJ se expresó con los votos de sus integrantes Emilio Castrillón, Claudia Mizawak, Juan Ramón Smaldone y Miguel Ángel Giorgio. El aval al gobierno de Gustavo Bordet se fundamentó principalmente en la situación de emergencia sanitaria y crisis económica que vive la provincia con motivo de la pandemia de coronavirus y la necesidad de privilegiar los recursos a garantizar la atención de la salud de la población.

"Cabe afirmar que en el marco de una situación de emergencia definida por el Poder Legislativo, ciertamente el Estado se encuentra facultado para dictar normas que –teniendo en miras el interés público– regulen y/o restrinjan de manera excepcional y transitoria derechos patrimoniales", dice la sentencia, a la que tuvo acceso UNO.

Además, al legitimar la decisión legislativa, afirma que "reconociendo el carácter excepcional de una medida de esta naturaleza, la doctrina de la emergencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación admite esta atribución".

La amparista había fundado su pretensión en que la detracción de una parte sustancial de su haber previsional -el 6% como medida extraordinaria para paliar el déficit del sistema- afecta el derecho adquirido al 82% móvil incorporado definitivamente en su patrimonio desde el momento que accedió al beneficio previsional.

Había explicado también el descuento afecta su presupuesto familiar necesario para afrontar los gastos de manutención en una etapa de la vida donde la mayor parte de los ingresos se destinan a la atención de la salud.

Tanto la Caja de Jubilaciones y Pensiones como el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se opusieron a la demanda. Los representantes del Ejecutivo sostuvieron la constitucionalidad de la norma en base a que la se trata de un descuento aplicado a las franjas de jubilados provinciales con haberes más altos y no causan "una lesión o afectación de una gravedad tal que requiera una reparación urgente por la vía excepcional del amparo".

Los vocales del STJ reprodujeron en parte los fundamentos del gobierno. Smaldone, en su voto, manifestó: "No advierto lesión grave a la garantía consagrada por el art. 17 de la Constitución Nacional cuando -en el caso- mediante la ley de emergencia 10.806, declarada de orden público (art. 2), se persigue como objetivo -entre otros- el fortalecimiento del carácter solidario, proporcional y equitativo del régimen previsional con la finalidad de asegurar la sustentabilidad del sistema (art. 3 inc. c), y, en consecuencia, establece un aporte solidario extraordinario, calculado en forma proporcional al nivel de ingresos, a detraer sobre el monto total nominal liquidado a cada uno de los beneficiarios de la CJPER, con destino a cubrir el déficit previsional (art. 6). Por eso, establece una escala con índices porcentuales más bajos para las jubilaciones menores y, progresivamente, más altos para jubilaciones de cuantías mayores".

Más adelante expresa: "No se advierte la configuración de la ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta -requisito sine qua non para la viabilidad de la acción de amparo-, toda vez que la normativa atacada cumplimenta de manera razonable con los recaudos de validez y parámetros expuestos para transitar la incostestable situación de emergencia inesperadamente instalada a nivel planetario generando cambios o mutaciones abruptas en la vida cotidiana de la humanidad en su conjunto".

A esto, Mizawak agregó: "No es función del Poder Judicial juzgar el mérito de las políticas o medidas económicas decididas por otros poderes del Estado, sino ponerles un límite cuando violan la Constitución, ya que sólo le incumbe declarar si repugna o no los principios y garantías en ella contenidos".

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