"El golpe a la economía real de los entrerrianos es cruento. Se estima en 500 millones de pesos la pérdida en lo que resta del presente año. De ello, 150 millones estaban previstos transferirse a las municipalidades. Ahora sus tesoreros la verán pasar, y con ello se discontinuarán obras, se perderán puestos de trabajo y más niños serán empujados a la pobreza y a la indigencia. Y de cara al año 2019 significa que dejarán de ingresar a la provincia de Entre Ríos la suma de 1.300 millones de pesos, de los cuales el 30% debía ir a los municipios", planteó Báez en el proyecto de resolución.
También se mencionó la necesidad de acudir al máximo tribunal nacional, con el apoyo de la Cámara de Diputados: "Se configura claramente un conflicto de intereses de alta intensidad institucional, en desmedro de los derechos provinciales, restringiendo ingresos provinciales y municipales, y causando un quebranto".
