Entre Ríos

Laura Stratta donó un resarcimiento que dispuso la Justicia

El Hospital Geriátrico Pascual Palma de Paraná recibió el resarcimiento de un proceso judicial ganado por Laura Stratta a un medio de comunicación.

Lunes 14 de Marzo de 2022

La vicegobernadora Laura Stratta entregó al Hospital Geriátrico Pascual Palma de Paraná un resarcimiento económico que estableció un proceso judicial, cuyo fallo reconoció la “real malicia” ejercida contra su persona, por parte de un medio de comunicación.

“Quise que esa institución tan querida y que tanto hace, fuera la destinataria del resultado favorable de lo que fue un hecho penoso”, dijo Stratta.

Cada 11 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación. “Esta fecha, busca poner en escena un hecho que las mujeres sufrimos a menudo, pero que no por ello debemos naturalizar, todo lo contrario”, dijo la vicegobernadora, y explicó que “fue precisamente en esa fecha que el Hospital Geriátrico Pascual Palma recibió el resarcimiento económico que estableció el proceso judicial que reconoció la real malicia ejercida contra mi persona desde un medio de comunicación”.

La vicegobernadora, acompañada por la ministra de Salud de la Provincia, Sonia Velázquez, visitó este lunes por la mañana el nosocomio para agradecerle personalmente a Esteban Sartore, director del Hospital Geriátrico, a quienes integran la Cooperadora y a cada uno de los y las trabajadoras, “por el trabajo que realizan a diario”.

En septiembre del año pasado, la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia (STJ) condenó al periodista Ricardo David a pagar 400.000 pesos más intereses como resarcimiento por daños y perjuicios causados contra Laura Stratta. Además lo obligó a eliminar del sitio web www.davidricardo.com.ar y de las redes sociales Facebook y Twitter a él vinculadas la nota periodística publicada el 21 de agosto de 2019 que motivó la demanda, y le impuso la publicación de la sentencia.

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Al analizar la cuestión el vocal Juan Ramón Smaldone sostuvo en aquella oportunidad que “han entrado en conflicto derechos reconocidos constitucionalmente”. Mencionó por un lado “el derecho a la libertad de expresión, en general, y a la libertad de expresión en particular, y por el otro, se conjugan derechos a la intimidad, al honor y a la imagen”.

Según el vocal “para dar respuesta a dicho planteo resulta útil adelantar que los derechos constitucionales no son absolutos, sino que a su respecto se predica la relatividad, existiendo diferentes límites que delinean sus contornos, en pos de la vida en comunidad”.

A su entender “el hecho de que la difusión de noticias, ideas y opiniones se halle amparada por nuestro ordenamiento, no significa que si a través de ellas se vulneran o dañan el honor y la imagen de una persona, esa violación no reciba una protección o reparación ulterior”.

Si bien el demandado justificó el uso defectuoso de la palaba “en base al ‘caos’ reinante en una redacción, que se ve afectada por la urgencia e inmediatez en que hoy suceden los hechos”, Smaldone indicó que “el fin no justifica los medios y que el riesgo del envejecimiento de la noticia no habilita per se la desaprensión en el uso del lenguaje y la información”.

Más adelante sostuvo que “el demandado, de manera insistente, ha atribuido a la aquí accionante una serie de conductas delictivas (en grado de autoría o complicidad) con conocimiento de su falsedad o bien con un manifiesto y temerario desinterés por su veracidad (valga reiterar que el demandado anunció haber accedido al auto de procesamiento que diera origen a la publicación). Y ´detalló: “En conclusión, en la especie la conducta que se atribuye al demandado cumplió acabadamente con los parámetros que exige la doctrina de la real malicia. En este sentido considero que el caso adscribe a la posición adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que expresamente ha resuelto que ‘no es suficiente con la demostración de que el demandado ha sido negligente al difundir la información inexacta’, sino que se debe acreditar que la difusión lo fue sabiendo que era falsa”.

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