La discusión por los incrementos tarifarios aplicados indebidamente a afiliados entrerrianos por parte de empresas de medicina prepaga, que tienen jurisdicción en el ámbito local, provincial y nacional, está poniendo en valor las normas del derecho del consumidor en las relaciones comerciales para el común de la población. La sanción de la Ley Nº 26.682, vigente desde 2012, determinó la intervención del Ministerio de Salud de la Nación como órgano de control para autorizar los pedidos de aumentos de la cuota societaria de las empresas de medicina privada. En los tribunales ordinarios de Paraná se están tramitando seis demandas contra firmas que prestan este tipo de servicios, todas ellas en el fuero Civil y Comercial, mientras que otros cuatro juicios tuvieron fallos favorables a los consumidores en primera y segunda instancia.
Pero lo medular de este proceso que reviste interés porque sienta un precedente en materia jurídica, está vinculado a las demandas iniciadas en nuestra jurisdicción contra dos de las empresas prepagas más importantes del mercado: OSDE y Swiss Medical. "A Swiss se le inició una demanda en diciembre, con la particularidad de que no solo estamos discutiendo aumentos no autorizados, sino que estamos llevando la discusión a la forma en que aplicaron los incrementos autorizados. Los aplicaron mal a nuestro criterio. Otra cuestión que detectamos de parte de esta empresa es la aplicación de aumentos a las personas mayores de 65 años por fuera de los parámetros legales y reglamentarios", informó a UNO el abogado que representa a la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen) Raúl Muñoz.
En el caso de OSDE, el juicio se inició en 2015, presentando como particularidad que el proceso estaría abarcando a un universo que en la provincia supera los 20.000 afiliados. "Existe una pericia contable donde los montos son realmente importantes y varias veces millonarios", adelantó el profesional.
En su evaluación las sentencias favorables a los consumidores ameritan un doble valor. Por un lado, la importancia del derecho del
consumo en tanto normas del orden público, y a su vez por la misma vía se le da "solución a nivel colectivo, es decir hay una asociación que está legitimada con todos los reglamentos de ley que a través de un proceso corto le da una respuesta rápida a todo el sector afectado sin necesidad de que cada usuario tenga que presentar un juicio".
El especialista también destacó que el Poder Judicial se empieza a pronunciar sobre servicios que tienen tarifa regulada. "Si está prevista la autorización de un procedimiento para que los proveedores fijen un aumento, el cumplimiento de esas pautas es condición para su validez. Entonces el procedimiento que se aplicó es nulo", argumentó el letrado.
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Dictámenes favorables
En la demanda contra Cen Salud que se resolvió a favor de la Adecen en el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Paraná, se condenó a la firma a devolver a los usuarios entrerrianos la suma de 531.096, 49 pesos percibida en el período que va de setiembre de 2012 a febrero de 2015, "debiendo adicionarse al capital los intereses", se expresó en el fallo judicial.
En el caso de la demanda contra el Grupo San Nicolás, una empresa que brinda prestaciones en tres provincias, se determinó que aplicó aumentos sin autorización para un grupo de afiliados que totalizaron un 43%, mientras que para otro universo la subas superaron el 50%. Así lo dispuso la Sala 2 de la Cámara Segunda Civil y Comercial. La Justicia ordinaria le ordenó "devolver a cada uno de los afectados la totalidad de las sumas de dinero obtenidas de la diferencia del monto total percibido por aplicación de los aumentos ilegítimos y lo que corresponde que hubiera percibido en el período noviembre 2011 a setiembre 2015", sumando los intereses correspondientes. En tanto, el juicio contra All Medicine obtuvo sentencia de primera instancia, pero la resolución se encuentra apelada. A la prestadora de servicios de salud se le cuestiona que en 2012 haya aplicado un aumento no autorizado del 5%, por lo que se hizo lugar al reclamo de la parte demandante en los mismos términos de los fallos precedentes. Según se informó, los juicios en trámite que esperan sentencia son contra OSDE, Swiss Medical, Mutual Sancor, Cirme, Jerárquico Salud y AMUR.
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Swiss Medical denunció a OSDE por evasión y práctica desleal
La prepaga Swiss Medical denunció a OSDE por no haber pagado un aporte al fondo solidario, según reflejan por estos días los medios de alcance nacional. La deuda, según los cálculos que tiene la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), ascendería a 11.900 millones de pesos, entre capital e intereses. La
denuncia llegó al despacho del presidente Mauricio Macri, quien le solicitó al equipo del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que le prepare un informe sobre la carga impositiva de la medicina prepaga y de las obras sociales. Se llevará una sorpresa: las primeras pagan todos los impuestos, entre ellos, el 35% de Ganancias, mientras que las segundas, están exentas de todo, publica
La Nación.
En realidad, OSDE tiene una persona jurídica que funciona por un lado como obra social y a su vez a partir de la sanción de las leyes Nº 23.660 y Nº 23.661 está inscripta como empresa de medicina prepaga.
Por otro lado, a disposición del titular de la SSS, Luis Scervino, está una norma que permitiría la intervención de la obra social de ejecutivos. El conflicto, que lleva años tras los escritorios, tomó trascendencia pública cuando Belocopitt lo dio a conocer hace 10 días. "Estamos frente a la
estafa al sistema de salud más importante de la historia. Son dos Cristóbal López", dijo entonces en relación a los 8.000 millones de pesos que el empresario debía a la AFIP.
Próximo a cumplir dos décadas, el expediente está en etapa de prueba y, obviamente, jamás se avanzó en sede judicial en la cuantificación del monto que hipotéticamente se debía haber aportado al sistema solidario.
