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Las preocupaciones que dejó la causa Promin en la Justicia

La absolución de todos los policías que habían sido condenados por el hurto de mercadería que realizó el STJ causó desconcierto. Tras dos juicios y dos casaciones el caso llegará a la Corte Suprema.

Lunes 05 de Noviembre de 2012

En 2003, en épocas preelectorales, un sugestivo y nunca aclarado incendio se desató en los galpones que, en la zona de Bajada Grande, ocupaba el Promin (Programa Materno Infantil) que entre otros objetivos asistía -o debía hacerlo- a los sectores más carenciados de la sociedad. Temiendo que algunas personas pudieran aprovecharse de la situación, se dispuso que la Policía de Entre Ríos custodiara el lugar para prevenir posibles actos de saqueo. Sin embargo, algunos de aquellos que fueron llamados a proteger los bienes públicos, hicieron todo lo contrario.
 

Luego de una instrucción de la causa que insumió más de seis años, a pesar de lo cual el expediente llegó a la etapa del juicio con incomprensibles deficiencias (ni siquiera había fotos del lugar ni mucho menos filmaciones, a pesar de que numerosos periodistas acudieron al mismo) y con medidas probatorias elementales, pese al enorme tiempo transcurrido. En el primer juicio, los procesados fueron absueltos por el beneficio de la duda, en sentencia dictada por el Juez Correccional Nº 2, Daniel Malatesta. Dicho fallo fue recurrido por la acusación y fue anulado por la Sala Penal del STJ que oficia como Tribunal de Casación. Así, la causa volvió a la instancia de juicio y es cuando recayó en el Juzgado de Vírgala, quien luego de un extenso debate decidió condenar a cinco de los acusados (Levrand; Franchessi; Chinquini; Zapata y Achor) y absolver a uno de ellos (Acevedo). Este fallo fue recurrido, pero esta vez por los defensores técnicos de los imputados.
 

Radicada la causa nuevamente en la Sala Penal, dos de sus miembros (que ya habían emitido opinión en el recurso anterior) se excusaron y fueron subrogados por dos vocales de la Sala Laboral: Bernardo Salduna y Susana Medina de Rizzo. Luego de la audiencia de informes, el tribunal así constituido, y por mayoría, decidió “revocar” el fallo dictado por el juez Vírgala y absolver a todos los condenados.

¿Qué dice el fallo?
El primer voto correspondió a Chiara Díaz, el único integrante original de la Sala Penal del STJ, quien propuso la confirmación del fallo dictado por Vírgala, considerando que “es que el valor y el grado de credibilidad otorgados a los testimonios rendidos en el juicio oral derivan de su contacto directo con los testigos, y es por ello una materia reservada para los jueces de grado, porque las impresiones y vivencias que ellos adquieren en la audiencia oral como consecuencia de su inmediación con la prueba, no pueden ser revisadas por los miembros del Tribunal de Casación, a cuyos miembros justamente les falta ese contacto inmediato e integral con los elementos probatorios, en el cual se sustentan las apreciaciones motivadas del sentenciante de instancia. Por ello, el control casatorio se limita a verificar que el examen desarrollado en la sentencia y la fundamentación resultante satisfagan las exigencias de los principios lógicos y en especial el de razón suficiente, respetándolos en su esencia como formas de expresar el correcto entendimiento humano, lo que se ha cumplido en el sub judice, porque el juez justificó y dio a conocer las razones básicas en que apoyó su convicción positiva acerca de la existencia de los hechos, según lo versionado por los testigos de cargo, lo cual no ha podido ser rebatido por las defensas con argumentos suficientes que lo desvirtúen o pongan en situación de duda”.
 

Agregó además: “Como corolario de todo lo hasta aquí expuesto, debo afirmar que la pieza sentencial puesta en crisis es una derivación razonada de la prueba producida con una aplicación irreprochable del derecho vigente, cumpliendo así con lo exigido para la validez de las sentencias por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 238:550), ya que a partir de una ponderación integral y conglobada de los elementos probatorios colectados durante la tramitación, el judicante reconstruyó –sin vicios invalidantes- la plataforma fáctica y en función de ello determinó, de manera lógica y coherente, la coautoría penalmente responsable de Zapata, Levrand, Franchessi, Chincuini y Achor. En definitiva, creo que el sentenciante desgranó su razonamiento a partir del integral y correcto análisis del cúmulo de pruebas e indicios unívocos y concordantes, los cuales valorados –tal como se efectuó en la instancia de grado- de manera conjunta, tienen absoluta aptitud para llevar al descubrimiento de la verdad real y permiten arribar al estado de certeza exigido constitucionalmente para condenar a los perseguidos, ya que luego de su análisis integral, concatenado y conjunto no se puede llegar a una conclusión diferente a la adoptada en el pronunciamiento atacado”.
 

El segundo lugar en la votación correspondió a Medina de Rizzo, quien, extrañamente, y luego de admitir que había existido un verdadero saqueo; que los únicos que habían ingresado al lugar eran funcionarios policiales; que los móviles de esa fuerza ingresaban vacíos y salían cargados; y que los policías que habían participado del “saqueo” eran muchos más que los que habían sido juzgados (reconociendo expresamente lo que el Juez Vírgala había dicho) consideró que no era posible, no obstante, deslindar qué grado de participación tuvo cada uno en los hechos, razón por la cual, consideró que la sentencia debía ser “casada” y lo policías absueltos.
 

Dijo Medina de Rizzo: “Es de allí que explicito, no es que sostenga que el delito -saqueo- no se haya cometido, sino que el gran número de partícipes, la confusión reinante, el desorden generalizado, la oscuridad y demás elementos contextuales que se han señalado a lo largo del debate y en esta instancia, impiden conocer a ciencia cierta el desarrollo de los acontecimientos y el deslinde de responsabilidades, en tanto no se trata de un delito cometido por múltiples actores, donde exista ‘presunción de autoría’ en todos los partícipes, como podría ser el caso del artículo 95 del Código Penal, sino que resulta necesario especificar y señalar concretamente la conducta típica, antijurídica y culpable, desplegada por cada uno de los imputados”.
 

En, por lo menos, extraños e inusuales términos, el vocal Salduna adhirió al voto de Medina de Rizzo, decidiéndose en la parte resolutiva “revocar” la condena y absolver a los acusados. Salduna aseguró, citando a Bertrand Russell, que “relativa a aquellos momentos en que faltan o se descontrolan los resortes sociales “(...) en un campamento minero durante la fiebre del oro o en cualquier comunidad desordenada, roba casi todo el mundo” (Russell, Bertrand, Porque no soy cristiano, Ed. Edhasa, 2009, p. 296).
 

Para concluir, el propio Salduna, sostuvo: “Haciendo propio y dando por reproducido el acertado análisis de los elementos probatorios que realiza la señora vocal preopinante, y ya que el Ministerio Público ha hecho referencia a Fuenteovejuna”, vale citar un párrafo del inmortal poema de Lope de Vega, que bien puede aplicarse al sub case, “haciendo averiguación/ del cometido delito/ ni una sola línea se ha escrito/ que sirva en comprobación”.-
 

Como consecuencia, habida cuenta de la imposibilidad que nos muestra el cuadro probatorio para deslindar clara, concreta y precisamente la responsabilidad o responsabilidades individuales, resultando imposible, por obvias razones, una condena genérica a la totalidad de los partícipes, debemos volver a Fuenteovejuna: al no poder determinarse el culpable, el Inquisidor aconseja al Rey: Pues que tan mal se acomoda/el poderlo averiguar/ o tendreis que perdonar,/ o matar la villa toda”).

Inquietud y desconcierto
Varios funcionarios judiciales consultados, así como algunos funcionarios del gobierno, expresaron cierta preocupación por el tenor del fallo de la Sala Penal ‘ad hoc’ y las imprevisibles consecuencias del mismo. La posibilidad del pedido de un juicio político a los vocales del Trabajo firmantes del fallo fue, incluso, barajada por varios de ellos como una alternativa razonable.
 

En primer lugar se criticó la forma en que los vocales de las tres salas del STJ son subrogados (entre ellos mismos, aunque pertenezcan a distintos fueros), permitiendo que algunos de ellos, sin formación específica, tengan que dictar sentencias en cuestiones tan importantes. Se dice que el tema está instalado hace tiempo en la Justicia y que ello podría ser modificado en el futuro. Pero lo que más llamó la atención (y alarmó) a los consultados es la forma en que los vocales Laborales, devenidos en Penales, resolvieron los recursos de casación.
 

Un reconocido abogado consultado por UNO explicó que, más allá de que el recurso de casación ha dejado de ser un recurso casi inaccesible para convertirse en un remedio que garantice al imputado una doble instancia mínima, este no puede resolverse sin apego a lo que la ley prevé, aclarando que según sea el motivo por el cual se recurra (vicios o errores de derecho o vicios o errores en el razonamiento) la sentencia “casará” o “anulará” el fallo atacado.
 

Eso -agregó- tiene que ver con que el tribunal de Casación, al no hacer el debate, carece de la inmediación con los testigos y con toda la prueba, que sí tiene el juez que hace el juicio y por eso, solamente podrá anular (no “casarlo”) el fallo y reenviarlo otra vez a la etapa del plenario para que otro juez realice nuevamente el debate, tome contacto con los testigos y dicte un nuevo fallo. Es decir, no puede dictar una nueva sentencia de mérito: se limita a anular la recurrida y a ordenar que se haga un nuevo juicio.
 

En su voto, Chiara Díaz recuerda que “(...) el tribunal de casación debe agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de lo revisable. Que formulada esta teoría, se impone preguntar qué es lo no revisable. Conforme a lo expuesto, lo único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación (...)” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, autos: “Casal, Matías E. y otro”, sentencia del 20/09/2005).-
 

Distinto es el caso de los vicios o errores de derecho, en los que el tribunal puede “casar” la sentencia y ahora sí dictar una nueva resolviendo la cuestión sin hacer un reenvío, ello -agregó- porque para determinar una cuestión de derecho (por ejemplo si el juez aplicó una pena mayor que la que el código prevé) no será necesario hacer de nuevo el debate: el tribunal de Casación adecuará la pena a la norma. Por eso, concluyó, no es lo mismo “anular” que “casar”. Eso es lo que expresamente prevé el código procesal. En este inquietante fallo, la Sala Penal-Laboral, señalaron algunos consultados, se utiliza el término “revocar”, es decir ni “anular” ni “casar”, aunque en la práctica lo que se hizo fue casar (fuera de lo que la ley procesal prevé) una sentencia invocándose para ello errores o vicios en su estructura lógica, lo que hubiera determinado, en todo caso, su “anulación” y el reenvío de la causa.

Sentencia de mérito sin debate
Queda claro para los consultados que la sentencia absolutoria dictada por mayoría (el voto minoritario fue del vocal Chiara Díaz) lo fue en oposición a lo que la ley dispone, lo que ha generado incertidumbre. Es más, no faltó quien aventuró acerca del peligro que significa este tipo de fallos pues, dijo, de ser así, un tribunal que nunca oyó a los testigos, que nunca analizó directamente la prueba y que jamás escuchó y tomó contacto directo con un imputado, pudiera condenarlo. Ello -aclaró- en el caso de que el imputado hubiese sido absuelto por el juez inferior y que el fiscal hubiese recurrido ese fallo. En ese caso, y con la misma lógica, el tribunal de casación podría condenar al imputado absuelto (sin pruebas recibidas directamente y sin jamás verle la cara).

Si fueron muchos, no fue nadie
Ese pareciera ser el razonamiento del fallo absolutorio. Dice Medina de Rizzo: “Es en esta tesitura que coincido con el fallo que se recurre, en cuanto a que no resulta cuestión controvertida que el día 20 de noviembre de 2003 se desató un incendio, en un galpón sito en calle Croacia, zona de Bajada Grande de esta ciudad de Paraná, que funcionaba como depósito de alimentos, prendas de vestir y calzado, pertenecientes al programa estatal denominado Promin, compartido con la Secretaría de Salud de la Provincia; y que gran parte de la mercadería se perdió por acción del fuego; y otra parte se salvó y fue embolsada por los empleados del Promin; que la Policía de Entre Ríos era la encargada de custodiar el lugar; que los únicos vehículos que ingresaban al predio en el momento del hecho eran de la citada fuerza; que algunos de dichos móviles salían del lugar cargados de mercaderías y que, al momento de trasladar las pocas cosas que se salvaron del fuego y los posteriores saqueos a un galpón de la zona del viejo obrador del Túnel Subfluvial, el faltante de las bolsas era notoriamente alarmante.
 

También acuerdo en que nadie vio ingresar cargados a los móviles policiales y que sí coinciden los testigos en que salían cargados; y es un hecho irrefutable, no solo en lo atinente a que existió el saqueo, sino que el mismo fue realizado por personal policial”. Pese a reconocer que el saqueo existió y que algunos policías -y solamente policías- participaron del mismo, decide absolver a los imputados... porque es evidente que fueron muchos más que los enjuiciados.
 

El mensaje que deja la Justicia es escandaloso, pero además, y según fuentes consultadas, máxime si se tiene en cuenta que en su fallo el Juez Vírgala sí pudo determinar con claridad, y sin resquicio alguno para la duda, qué hizo cada uno de los imputados, es decir qué grado de participación tuvieron en el saqueo al galpón del Promin.
 

En todo el palacio de Justicia era un secreto a voces el enorme malestar que le había causado este fallo al procurador general de la Provincia, Jorge García, quien habría anticipado que lo recurriría hasta las últimas instancias. Ahora la última palabra la tendría la Corte Suprema de Justicia, que tendrá que opinar en un caso sumamente contradictorio para la Justicia.
 

A casi 10 años del saqueo, parece que, como fueron muchos, nadie fue.

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