Secciones
Violencia de género

La violencia machista pone en crisis la eficacia de las medidas de protección

Un fiscal de Género de Paraná admitió que se violan las resoluciones. En el fuero de Familia, en cambio, dicen que es alto el nivel de cumplimiento. Proponen que cualquier decisión que la Justicia tome sea pensada en el marco del resguardo integral de las mujeres

Domingo 27 de Enero de 2019

La problemática de la violencia de género es un tema de permanente debate en la sociedad argentina. Y si bien se han logrado importantes avances para erradicar este flagelo, los casos de femicidios siguen ocurriendo y en lo que va del año se llevan registrados 18 crímenes por violencia machista, según contabilizan en el Observatorio de las Violencias de Género "Ahora que sí nos ven". Las cifras son alarmantes, y preocupan. Entonces cabe preguntarse por qué la transformación social que hace que las mujeres se animen a denunciar no se traduce en la prevención de nuevos casos. Allí la mirada se posa sobre el grado de eficacia de las políticas estatales o el presupuesto que se destina para tal fin. Teniendo en cuenta que el nivel de violencia sexista sigue estando en permanente ebullición, o al menos eso es lo que demuestran las estadísticas, UNO se propuso indagar acerca de cómo se cumplen y el resultado que tienen las medidas de protección hacia las mujeres en los procesos judiciales. Según un informe estadístico del Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia de la provincia de Entre Ríos (Rejucav), en el período comprendido entre enero y julio de 2018 –son los últimos datos disponibles– en relación a expedientes de violencia familiar (ley 9198), contra la mujer (ley 10058/26485) y delitos vinculados a ellos, el número de medidas dictadas varían según el tipo de proceso. En expedientes referidos a casos de violencia contra la mujer se registraron 1.101 medidas, aunque en otros 753 expedientes no se aplicaron resoluciones. "En el transcurso del año 2018 se han dictado 133 resoluciones ordenando instalar la aplicación del botón antipánico. Su implementación ha aumentado progresivamente. En 2017 se registraron en el Rejucav 131 ordenamientos para expedientes de violencia familiar y 132 para expedientes de violencia contra la mujer", se precisó en el relevamiento.

Las medidas y su eficacia El fiscal de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná, Leandro Dato, reconoció a UNO que se registran muchos casos de incumplimiento de medidas de restricción del victimario hacia la víctima, lo que a su vez genera que se produzcan muchas detenciones porque se está "configurando el delito de desobediencia en flagrancia". Las mujeres víctimas de violencia de género deben realizar la denuncia en la Fiscalía de turno o en la comisaría de su jurisdicción. A partir de la intervención de la Justicia se solicitan las medidas de protección que dispone un juez de Garantías, que pueden ser desde la prohibición para el denunciado de acercarse hasta una cierta distancia de la víctima; el botón antipánico que se activa a través de una aplicación en el teléfono celular que permite dar aviso al 911, o al servicio que haya dispuesto la Policía en cada jurisdicción. Actualmente se encuentra en etapa de implementación la pulsera dual, que permite, a partir de un sistema de geolocalización y georreferenciación, el monitoreo de las medidas judiciales que se dicten.

"Hay muchos casos con situaciones de violencia crónica, que cuando la Justicia actúa el denunciado ha cambiado su conducta, ha cambiado su relación con la mujer. Depende de la intensidad de las medidas de restricción, y en algunos casos tenemos más posibilidades de conocerlo desde la Justicia", planteó el funcionario. En esa línea, Dato recalcó que no es lo mismo una medida de restricción de no acercamiento a la vivienda o al lugar de trabajo de la mujer denunciante. "En principio depende de una nueva denuncia que la mujer nos haga saber", subrayó. También advirtió que "hay solidaridad de muchos vecinos; muchas veces llegamos a los lugares porque los vecinos llaman al 911". Sobre la instrumentación del botón antipánico y su eficacia en estos hechos, explicó que primero se evalúa la situación de riesgo de la mujer y que en caso de ser necesario "puede llegar a pedirse hasta la prisión preventiva en una primera instancia. El botón antipánico otorga un poco más de contención a la mujer, se siente un poco más segura y al activarlo impacta en el 911. Hay muchos detenidos a partir de la puesta en funcionamiento de esta herramienta". Cuando se detecta una violación a las medidas de protección, los agentes fiscales quedan facultados para solicitar la prisión preventiva en una unidad penal o una domiciliaria. "Es un semáforo rojo que al juez le suena, y a nosotros nos da más argumentos para establecer quiénes cumplen y quiénes no lo hacen. En ese caso se va por una medida más fuerte", argumentó Dato. Si bien los expedientes judiciales que se tramitan por violencia de género revisten particularidades, en lo que respecta a la desobediencia judicial se configura de diferentes formas. Una de ellas es la perturbación o el control que pretende ejercer el victimario. Así lo describió el fiscal Dato: "No pueden comunicarse por correo electrónico, por Facebook, por teléfono o por WhatsApp, ni molestar ni perturbar. Algunos se defienden diciendo: 'No le dije nada', pero tenemos registradas 25 llamadas desde las 21 hasta las 3 de la madrugada. Entonces nosotros lo tomamos como desobediencia judicial.

Hay horarios del día en que el tipo quiere controlar a la mujer, quiere saber dónde está, con quién está". Pese a la variedad de resoluciones que se pueden dictar para resguardar a la mujer sometida a situaciones de violencia, la realidad indica que las medidas de restricción se aplican en la mayoría de las denuncias. "Hay mujeres que dicen que con la medida de restricción está bien; pero hay todo un cuestionamiento del colectivo feminista, porque sostienen que además se le carga la responsabilidad a la mujer de tener que apretar el botón.

Algunas mujeres dicen que prefieren no tener una carga de tener que acudir al botón, a veces no lo quieren apretar porque evitan una situación de violencia, porque siguen teniendo cierto relacionamiento. Hay una cantidad importante pero son menos que las medidas puntuales de restricción", amplió el agente judicial. Alto índice de cumplimiento La Justicia de Familia interviene siempre que se denuncia una situación de violencia y que no revista la calidad de delito. Desde ese momento se realiza un abordaje de la violencia contra la mujer desde dos marcos legales: la ley provincial 9198 de Prevención de la Violencia Familiar, que también autoriza a los jueces a adoptar medidas de protección, y la ley nacional 26.485 de Violencia contra la Mujer, a la cual adhirió la Provincia a través de la ley 10058. "Estas dos normativas tienen como finalidad que a través de una denuncia se pueda visibilizar la problemática y se puedan disponer medidas de protección, que generalmente son de competencia judicial, porque restringen derechos del denunciado", indicó a UNO una fuente de Tribunales. Respecto del nivel de eficacia que brindan las medidas de resguardo se informó que "en la mayoría de los casos" tienen el resultado esperado. "Se tiene un índice importante del cumplimiento de las restricciones, si bien no se relevó específicamente esa estadística. También se producen casos que lamentablemente se cronifican, y que hay que estar acompañando mucho a la víctima. Y además estando atento al vencimiento de las restricciones para ejercer este control sobre el denunciado para evitar que se reiteren los hechos, y además para que la víctima se sienta más protegida y más acompañada", se especificó. En cuanto al origen de las denuncias que se recepcionan, la mayoría provienen del ámbito doméstico, "aunque tomamos conocimiento de denuncias que se han hecho en el ámbito de la administración pública o en la esfera laboral. También se registraron casos de violencia obstétrica". Cabe aclarar que esta última no se encuentra dentro de la competencia de los juzgados de Familia.

Los magistrados de este fuero pueden disponer la prohibición de realizar actos perturbadores o molestos, o de acercamiento, pero además se resuelven otro tipo de medidas, como la exclusión del hogar del agresor, la fijación provisoria de una cuota alimentaria, medidas que protejan a la mujer de la violencia económica que se pueden extender a cuestiones patrimoniales de protección de bienes. De la misma forma las resoluciones dictadas pueden tener relación con el cuidado de los hijos o que el régimen de contacto del denunciado con los hijos se realice a través de terceras personas. "Siempre se da intervención a un programa provincial de acompañamiento y seguimiento que debe llevar adelante medidas concretas y eficaces, que por un lado comprende el diagnóstico de la situación. Es decir que se evalúa si esas medidas que tomó el juez son adecuadas, se corresponde tomar otras, modificarlas o prorrogarlas. El programa también cumple la función de asesorar a la mujer acerca de sus derechos", indicó la misma fuente. El mismo interlocutor consignó que ha habido un incremento importante de la cantidad de denuncias y de medidas que se adoptan a lo largo de los años. "Entiendo tienen que ver con una mayor toma de conciencia acerca de los derechos de las mujeres de poder vivir una vida libre de violencias, del mayor compromiso que hay en el Estado para dar una respuesta a estos temas que aluden a políticas públicas y en el cumplimiento de todos los compromisos internacionales que la Argentina ha asumido para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esto va generando una conciencia social en torno al tema, la de muchas organizaciones que trabajan en territorio estos temas. También muchos organismos que se han creado desde el Estado y que acompañan esta problemática. Todo esto contribuye a la visibilización de una problemática que antes no se veía", se reflexionó acerca del tema.

"Siempre son insuficientes"


La abogada Sofía Uranga es coordinadora de la Casa de Protección de Mujeres Inés Londra brindó su parecer sobre el cumplimiento de las medidas de protección y en qué medidas resguardan la integridad de la víctima cuando denuncian violencia de cualquier tipo. "Tanto las denuncias por violencia de género que tramitan en el fuero de familia como en el fuero penal, lo importante es que las medidas tienen que ser dictadas pudiendo preguntar a las mujeres si se sienten protegidas. Que no pueden ser dictadas sin preguntarles a las mujeres sobre su necesidad, su deseo y sus temores", consideró. Para argumentar su posición enumeró algunos ejemplos. "No se puede dictar una exclusión del hogar cuando las condiciones no están dadas. Cualquier tipo de medida, que puede ser una prohibición de acercamiento, una prohibición de actos molestos, un pedido de cambio de domicilio. Desde eso hasta un botón antipánico o pulseras duales tienen sentido en tanto se puedan informar y acompañar a la mujer. No puede ser solo una respuesta aislada, sino en el marco de un acompañamiento y un proceso de las mujeres, según el riesgo", enfatizó.

sofiauranga.jpg

La letrada sostuvo que cuando se incurre en el incumplimiento, la Justicia debe tener una respuesta acorde a la circunstancia. "Un incumplimiento judicial da lugar a que se lo pueda condenar –al agresor– por el delito penal de desobediencia judicial. Si alguien denuncia la desobediencia de esas medidas debe tener lugar a alguna respuesta penal más gravosa. Para que tengan sentido en términos de protección. Después creo que siempre son insuficientes, para el riesgo al que estamos expuestas las mujeres en nuestra vida: ya sabemos que con el botón antipánico se puede cometer un femicidio igual. Creo que cada una de esas medidas judiciales pueden aportar a la seguridad y a la integridad de las mujeres", interpretó en comunicación con UNO. Desde este punto de vista propuso que se tenga un mayor compromiso del Estado, pero también de los distintos actores de la comunidad, "para acompañar en este proceso de protección a las mujeres. Desde el barrio donde reside pasando por todas las instituciones del Estado". "Si se incumplen las medidas, la próxima sanción debería ser más gravosa", explicó. En su rol de coordinadora de la casa, Inés Londra recordó que muchas veces la respuesta desde la Justicia "es que la desobediencia judicial es muy difíciles de probar. Entonces los botones antipánico, las pulseras duales, sirven para probar el incumplimiento. Cualquier dispositivo o medida que se dicte en el marco de la violencia hacia las mujeres tiene que ser pensada desde la óptica de la protección hacia las mujeres. Porque si se piensa en el marco de la prueba se está pensando en otro plano".

En esta nota

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario