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Sergio Varisco

La transición más complicada

El gobierno de Varisco intenta negar lo evidente mientras la crisis del municipio de Paraná queda a la vista de todos. El efecto de la derrota en la elección nacional tiende a disiparse para el oficialismo provincial.

Domingo 10 de Noviembre de 2019

La situación de descalabro administrativo de la Municipalidad de Paraná quedó en evidencia, al menos parcialmente, a raíz del conflicto generado por la medida de fuerza gremial que significó, entre otras cosas, que la ciudad estuviera casi una semana sin recolección de residuos. La presión gremial por retomar la paritaria y por contratos no renovados llevó a hablar de la inexistencia de recursos y del altísimo déficit que caracterizarán la entrega de la administración local, pese a que la gestión de Sergio Varisco lo niega obstinadamente al tiempo que intenta atribuir los hechos a un responsable externo, como ha sucedido en otras oportunidades.

La planta potabilizadora municipal dispone de los elementos para realizar su tarea, como máximo, hasta el 13 de diciembre. El intendente electo, Adán Bahl, estará dando su discurso de asunción y pensando de dónde sacar esos productos que, a raíz de esta situación, ya nadie le fía al municipio. El dato fue advertido por personal de la repartición municipal a las autoridades electas. De no ser por el contexto de extremo desorden administrativo, habría que pensar que existe una mala fe que lleva a poner en riesgo el abastecimiento de agua potable en la ciudad por diferencias políticas.

Los integrantes del equipo que monitorea la situación del municipio sostienen que el estado de las cuentas municipales es calamitoso, aunque reparten su asombro entre esta circunstancia y las explicaciones –entendida la negación como la principal– del equipo económico del varisquismo.

Varios e importantes integrantes de la administración municipal han admitido que la mayoría de las áreas agotaron sus partidas antes del 9 de junio, revelando que se ejecutaron irresponsablemente en el contexto de la campaña electoral en la que el actual intendente buscó su reelección en el cargo.

Varisco tomó el municipio con algo más de 4.800 empleados y dejará más de 7.000. Aunque hay unas 150 direcciones, son más de 350 los trabajadores que tienen la categoría más alta y cobran por la función de director, con conocimiento del principal gremio municipal, el Suoyem que encabeza Jorge Brocado, pero conduce políticamente Osvaldo Pacha Palacios. Se conoció por estas horas que unos días antes de las elecciones, por un decreto de Varisco, se les otorgó la función de director a 60 trabajadores municipales, aunque no había áreas sin director. Es muy difícil pensar que no hay relación entre esos actos y las elecciones, pero el varisquismo lo niega.

Trabajadores municipales informan a los medios de comunicación de la desaparición de los más variados elementos de las unidades municipales. No se habla de elementos menores (más allá de señalar por ejemplo que quedarían menos de 20 motoguadañas de las 250 adquiridas por esta gestión) sino de maquinaria pesada, incluso de alguna motoniveladora y de tractores. Obviamente la gestión entrante no podrá desentenderse de esas cuestiones, aun cuando no sea intención del nuevo gobierno realizar un festival de denuncias, estará obligada a realizar las presentaciones judiciales del caso. Surge a la vista, cuanto menos, un inexplicable incumplimiento del deber de custodia de los elementos que componen el patrimonio municipal. Sin embargo, la actual gestión niega esas circunstancias.

Ante la intervención que tomó el Poder Judicial provincial en el conflicto de la recolección de residuos, desde el municipio se manejaron datos bien diferentes sobre la cantidad de camiones y compactadoras para realizar el servicio. Aseguran algunos trabajadores que algunos de estos móviles presentan daños menores, cuya reparación es de escaso monto, pero no se realiza porque los prestadores ya no le fían al municipio, a raíz de los enormes retrasos en los pagos.

El crecimiento de la planta de personal (en más de 2.000 personas) tiene además, según fuentes policiales, un alto porcentaje de empleados en relación con el mundo narco. Cuesta imaginar que ello sea así en un 10% o un 20%, pero desde la fuerza de seguridad se estira la cifra al 50% de los nuevos trabajadores. Por estos días, en el juicio que se realiza en el Poder Judicial Federal por narcotráfico, y que tiene imputado al intendente, se ventilan detalles que revelan cómo el clan del capo narco Tavi Celis accedió a numerosos contratos del municipio en el marco de una relación política no solo con Varisco y con su sector partidario. Esa es también parte de la herencia que recibirá Bahl el 10 de diciembre.

Es una obviedad que hay una importante cantidad de trabajadores municipales honrados y laboriosos, sin los cuales el municipio no estaría funcionando. Son personas de enorme valía, a quienes seguramente la situación actual afecta especialmente.

La administración municipal pretende explicar la ruina actual en la escalada del dólar, asegurando que por esa razón todo se salió de control. Evidentemente se trata de un condicionante importante, pero si fuera la razón habría que pensar que todas las administraciones municipales estarían igualmente comprometidas.

En tren de culpar por todo a otros, afirman los funcionarios municipales que la denuncia penal del intendente electo Bahl, por la comisión de presuntos delitos en la administración, es hoy obstáculo para gobernar porque les impide tomar algunas medidas de manejo presupuestario. Esa afirmación implica admitir que la forma en que se llevaban adelante esas decisiones era irregular. A tal punto que suspendieron su ejecución ante la mera denuncia, cuando la investigación judicial recién ha comenzado por solicitar copia de algunas ordenanzas al Concejo Deliberante, entre ellas la reciente de emergencia económica. No solo que Bahl quedó obligado a formular la denuncia, tras ser notificado por el Tribunal de Cuentas de esa situación; sino que además tiene la facultad de reclamar en resguardo del municipio que estará administrando dentro de 30 días. Es más, los ciudadanos de Paraná podrían reclamarle su inacción al respecto.

¿Por qué razón la administración de Varisco tomaría una medida tan antipopular como no renovar los contratos de las docentes de la escuela municipal de danzas? La única explicación es que no disponen de partidas ni siquiera para eso, lo que describe el estado de cosas. Se trata de contratos que en algunos casos se venían renovando desde 2006, según han informado los afectados; es decir, no son los contratos de 2019, a los que se les atribuye intencionalidad electoral.

Algunos funcionarios del gabinete municipal se quejaron por estos días de que la denuncia de Bahl les impide resolver un problema que no es económico sino de asientos contables. La intención, se supone, era tomar fondos de cualquier lado para pagar el monto líquido de los sueldos y decir “nos fuimos con todo pago”. Más allá de que el plan tropieza con algunos problemas, ya que algunas de esas maniobras están prohibidas por la ley, revela la idea política, que es sostener que Varisco terminó su gestión pagando los sueldos, pese a que se decía que no podría hacerlo, y que los problemas que surjan después son responsabilidad de las nuevas autoridades. “Quieren que nos vayamos escupiendo sangre”, afirmó el secretario municipal Eduardo Solari al sostener que los problemas eran generados por la denuncia del intendente electo.

Una de las acusaciones que se le hacen a Varisco en esa denuncia penal es haber realizado cientos de contratos sin tener respaldo presupuestario, lo que encuadra en la figura de administración fraudulenta. Pero además, puede sostenerse que se trata de una estafa a la expectativa de la persona sin trabajo a la que se le otorgó ese contrato con la promesa de continuidad, al menos si se ganaban las elecciones. El mismo Varisco lo dijo en las primeras declaraciones periodísticas que realizó tras ser agredido en la puerta de su casa por uno de esos contratados. Sostuvo que no se le pudo dar respuesta porque perdió la elección. La culpa, parece entonces, es de quienes no lo votaron.

Funcionarios de la administración de Varisco tampoco tuvieron empacho en afirmar que la responsabilidad por la crisis sanitaria generada por la falta de la recolección de residuos era del gobernador Gustavo Bordet, por no haberle ordenado al secretario de Trabajo, Fernando Quinodoz que dictara la conciliación obligatoria cuando el municipio la solicitó. Por un lado hay que señalar que el pedido municipal se formalizó el martes, de manera deficiente, y pocas horas después el tema ya estaba judicializado.

Esa judicialización, no hace falta aclarar, no provino de un sector político sino de una asamblea de vecinos dado que los problemas de la recolección de residuos no comenzaron el lunes con la retención de servicios del Suoyem, sino mucho antes. En muchos barrios de Paraná, el viernes la basura llevaba acumulada dos semanas, en un contexto de recolección esporádica.

Pero además el reclamo gremial del dictado de la conciliación obligatoria tal como la planteaban desde el gremio, significaba retrotraer la situación al 30 de octubre, con lo que los contratos que finalizaron a esa fecha (de obra) y los que se cayeron (de servicios) iban a volver a tener vigencia, configurándose eventualmente la administración fraudulenta. Si por el contrario, no se lo hacía en estos términos, desde el municipio se iba a insistir en responsabilizar públicamente a Bordet y a Bahl por los contratos caídos y los finalizados. Aunque resulte insólito, tanto dirigentes gremiales como funcionarios sostuvieron ese argumento en charlas con los afectados. Se trata de una coincidencia más entre la actual administración y el gremio, en el intento de eludir la total responsabilidad total que le cabe en el tema a la actual gestión.

La sinrazón llega a tal punto que el titular del Suoyem, Jorge Brocado, recorre los medios asegurando que ellos no sabían nada de los contratos ni de las dificultades financieras del municipio. Resalta que hasta ahora los sueldos se han pagado, sin reparar por ejemplo en el déficit que recibirá Bahl, que se estima del orden de 1.700 millones de pesos. Incluso, si para muestra basta un botón, dice que su gremio nunca presionó a ningún Ejecutivo municipal, cuando la crónica suscinta de hechos de violencia que rozan al Suoyem demandaría de varias páginas.

Está claro que el gremio municipal Suoyem es coorresponsable de muchas de las medidas tomadas por el municipio y también avala la postura de negar la responsabilidad de la actual gestión.

Los funcionarios municipales dicen que Varisco es víctima de una campaña organizada por el gobierno provincial y que Bahl “sale ganando” si Varisco no puede pagar los sueldos el último mes que le queda de mandato. Lo dicen a sabiendas de que no hay recursos, ni posibilidad de tenerlos genuinamente para pagar el sueldo de diciembre ni el medio aguinaldo.

Varisco se victimiza o niega. Dice que la causa por narcotráfico es producto de la política, que la crisis municipal es solo por la suba del dólar, que no puede maniobrar el presupuesto por culpa de Bahl, que no se recolectan los residuos por culpa de Bordet, no le avisaron que está colgado de la luz. A Varisco le pasan cosas.

Lo que dejó la elección

El bordetismo navegó por el estrecho de Messina agobiado por las críticas de ambos bandos, tras la derrota electoral del domingo. Compañeros y opositores le reprocharon la caída, por mil votos, que permitió a Cambiemos lograr una banca más en el Senado Nacional sentando en una banca a la dirigente Estela Olalla, quien todavía no sale de su asombro por lo ocurrido.

Tal vez desacostumbrado a las críticas, el oficialismo provincial dio alguna muestra de fastidio, pero no resultaron ser ni Escila ni Caribdis, los monstruos de una y otra costa, y pronto la crítica fue cesando. Al fin de cuentas nadie de los propios llegó la anticipar la posibilidad de la derrota, y si hubo algunas alusiones a falta de eventos de campaña tradicional, se hizo con sordina. Las encuestas que manejaba el oficialismo lo mostraban perdiendo un par de puntos respecto de las PASO del 11 de agosto y nadie imaginó una definición por mil votos.

El escrutinio reveló que la derrota no respetó esas variantes, fue contundente en lugares apartados de la provincia, y también en los centros urbanos más importantes. Por caso, si se toma Paraná, el Frente de Todos tenía a su favor que tres de los cuatro candidatos a legisladores eran de esta ciudad y que la principal referencia de Juntos por el Cambio (Varisco y su gobierno municipal atraviesan una crisis inaudita). También puede afirmarse que en Paraná hubo actividad de campaña, pese a lo cual Macri ganó ampliamente la elección.

El resultado definitivo mostró un cuadro llamativo. De todas las provincias donde Juntos por el Cambio sumó votos entre la PASO y la elección general, Entre Ríos fue de las que tuvo un porcentaje menos significativo. Concretamente quedó en el 18° en orden decreciente.

¿Alcanza esto para eximir de responsabilidad a la conducción local? Seguramente no, pero ofrece un contexto en el cual parece afirmarse que hubo un problema en la campaña de Alberto Fernández en todo el país: la kirhchnerización de la campaña, que terminó potenciando el discurso macrista acerca de que Alberto y Cristina son lo mismo, y que la fórmula del Frente de Todos significaba una vuelta al pasado.

Evidentemente escapó al cálculo del bordetismo, ya que se perdió por una cantidad ínfima de votos. De haber ganado, aunque hubiera sido por cinco sufragios, seguramente la crítica no hubiera sido tal.

Bordet podrá entender que muchos de los votos que tuvo en junio son siempre circunstanciales, pero está lejos de sentirse amenazado por un sector interno que capitalice la derrota. El tiempo dirá si esta situación afecta su relación política con el presidente electo, pero está claro que ese análisis no está hoy dentro de las prioridades de Fernández (Alberto).

La crítica de la oposición triunfante tampoco pudo avanzar demasiado, aún en el contexto de enorme recuperación de votos que se hubo en Entre Ríos; dado que fue quedando claro que el fenómeno estuvo circunscripto específicamente a la figura de Macri. No fueron Alfredo Dé Ángeli ni Estela Olalla los artífices de la recuperación electoral; y, en sentido contrario, puede sostenerse que tampoco fueron los candidatos locales del peronismo los responsables de la caída de votos respecto de elecciones de este año. Solo como un dato, las encuestas que manejó el justicialismo nunca ubicaron al entonces primer candidato a senador nacional, Edgardo Kueider, con un conocimiento que superara los 20 puntos porcentuales. Más conocido sí era De Ángeli, pero también con una elevada imagen negativa, lo que no guarda relación con el resultado de los comicios.

Ahora se especula con la magnitud del recambio de funcionarios que pueda llevar adelante el gobernador, quien esta semana confirmó lo señalado el último domingo en esta columna sobre el decreto de caducidad que podrá fin al desempeño del personal político de niveles I, II y III de la administración provincial (más de 500 personas) además de los miembros del gabinete. Pero a la vez se señala desde oficinas del primer piso de la Casa Gris que ese recambio no será tan importante; y que tendrá tal vez la intención de demostrar en Buenos Aires que sí hubo una lectura del traspié electoral.

La legislatura que viene

Reanimado por la victoria electoral, el bloque de diputados de Cambiemos prepara su conformación del mismo modo que la bancada del Congreso Nacional, con bloques partidarios ensamblados en un interbloque. La bancada opositora provincial se conforma con siete diputados radicales, seis del macrismo y el justicialista Juan Domingo Zacarías del Movimiento Social Entrerriano. (Zacarías es referente de los peronistas en Cambiemos enrolados con el ministro del Interior Rogelio Frigerio, y dentro del subloque macrista hay otros dos dirigentes cercanos al titular de la cartera política: Manuel Troncoso y Martín Anguiano).

Hasta ahora la disputa es por la presidencia del interbloque, inicialmente entre el excandidato a gobernador y exdiputado nacional radical Gustavo Cusinato y el reelecto diputado provincial Esteban Vitor (PRO).

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