La Provincia
Sábado 15 de Diciembre de 2018

La quiebra de una propiedad tiene en vilo a la familia de Pancho Calderón

Pide al magistrado a cargo del proceso una postergación de la fecha de la subasta y expone la delicada situación que atraviesa su madre

El periodista Francisco Pancho Calderón habló sobre la coyuntura que afecta a su familia ante un inminente remate de la casa de sus padres. Puso en palabras la situación que atraviesan, al explicar:
"Mi padre, Pedro Máximo Calderón Diz, un prestigioso abogado, jubilado docente y de Vialidad Provincial, exesgrimista, remero, nadador y rugbier, exdirigente deportivo y político, falleció hace siete años atrás no solo víctima de un progresivo y cruel deterioro en lo psicofísico, sino en arduas circunstancias financieras. Todo comenzó en el año 2001, en épocas borrascosas para el pueblo entrerriano, con una cuasimoneda, con espinosas dificultades para percibir salarios, y una situación socioeconómica nacional que incrementaba la nefasta problemática en la provincia del gobernador Sergio Montiel y del presidente De la Rúa. El Concurso Civil al cual se acudió primariamente derivó en una injusta quiebra. Se había iniciado un proceso voluntario para arribar a un acuerdo con acreedores, no obstante, pretensiones excesivas de síndico y martillero, junto a criterios discutibles de magistrados, confluyeron en una extensa pugna por hacer valer derechos más allá de las incuestionables obligaciones asumidas. Durante poco más de una década, mis hermanos mayores y él, pergeñaron una estrategia jurídica trascendental para garantizar que no se perdiese la vivienda única. Al fallecer papá, mi hermano mayor se encargó de continuar la trama legal hasta derivar en un incidente de subasta. El acto sucesorio determinó, por conclusión del juez Martín Furman, que yo deba ser el representante de una complejísima sucesión. Hoy sufro la desilusión de sentirme defraudado por el juez Ángel Luis Moia quien, sugestivamente, en menos de un año abrevió todo el diligenciamiento para fijar como fecha de remate el 6 de marzo de 2019, sin base. Un desatino, una crueldad sin límites sabiendo que se intenta ejecutar una casa habitada por mi madre de 87 años, discapacitada motriz con certificación legal que la debiera amparar, y mi hijo menor de edad, amén del resto del grupo familiar", resumió Pancho Calderón en el comienzo de la charla en esta Redacción.
—¿Cuál es tu visión en cuanto al tiempo que la Justicia les otorgó para convencer a los acreedores y solucionar positivamente la quiebra de tu padre?
—Hay dos conjeturas forzosas de tejer: la primera sensación es que su señoría, Ángel Luis Moia, está perceptiblemente apremiado tanto por la síndico como por el martillero tras casi dos décadas de aplazamientos de incidentes pertinentes en un proceso de Concurso derivado en quiebra que ya acumula innumerables resoluciones, apelaciones y denegaciones en los distintos estamentos tribunalicios. La segunda es la que menos deseo sospechar o deducir: que exista alguna maniobra espuria y se especule con un gran negocio inmobiliario teniendo en cuenta las dimensiones no solo de la propiedad de calle San Martín sino también de unos terrenos en Bajada Grande involucrados en la quiebra de mi padre.
—Podría interpretarse como una solapada denuncia.
–—Con el juez Moia nos conocemos desde jóvenes y nos une una relación de sincero afecto en materia familiar. Intento no dudar de la decencia, de la integridad del magistrado; sin embargo, su cambio de marzo de 2017 a hoy es indudable. Moia dijo una cosa sin haber sido investido, y ungido como tal, actúa diferente. El cambio fue notorio más allá de él asegurar que solo actúa ajustado a ley.
—O sea que tuviste contacto con él antes de que el Senado le dé el acuerdo constitucional para ser designado juez en el Juzgado Civil y Comercial Nº 9...
–—Justamente, por la relación que nos unió, busqué su asesoramiento ante un parcial o provisorio alejamiento con mi hermano y al denotar que nuestro abogado en la sucesión no podía acompañarnos en este proceso, y a la vez, de hecho, nos había desatendido por comprensibles vicisitudes en el plano familiar. Moia nos recomendó inicialmente un letrado con matrícula suspendida, y luego nos presentó al abogado Guillermo Casanova, socio del diputado provincial Esteban Vitor. Por aquellos días, Moia me había dicho que nos quedáramos tranquilos, que buscáramos inversores o fondos para levantar la quiebra y que una vez él asumido, en diciembre se haría cargo del caso trasladado desde el Juzgado de Roberto Croux, juez Civil y Comercial N° 5. Ya con el expediente en mano, pasaría a analizarlo puntillosamente, por lo cual tendríamos el tiempo prudencial para allanar vías de solución. Pasó todo lo contrario. Como si algo lo presionara, aceleró todos los pasos tendientes a este remate que acaba de fijarlo para el 6 de marzo de 2019.
—¿Habló con el magistrado?
—No. Se ha negado sistemáticamente.
—¿Has establecido contacto con otras esferas judiciales, del Poder Ejecutivo y Legislativo?
—Sí; pero hasta hoy casi todo ha sido infecundo, improductivo. Hubo promesas de revisión por parte de una alta autoridad del Ejecutivo y otra del Legislativo con sanas vinculaciones al Poder Judicial, pero de repente se han interrumpido hasta las respuestas, básicamente por cortesía, vía celular. En 1º año de Abogacía me enseñaron en Introducción al Derecho que a veces la descortesía se transforma en agravio. La única persona que ha mostrado real interés en procurar distintas soluciones ha sido el vicegobernador Adán Bahl.
—Citaste al Poder Judicial. ¿Tampoco hallaste allí una posibilidad de revisión?
—Hubo la intención de un acercamiento con Castrillón a través de un nexo de altísima jerarquía política, pero evidentemente también quedó al desnudo de su parte una nula predisposición en rectificar el rumbo. Como si le interesara más los 18 años de pleitos, en vez de interpretar, de discernir sabiamente que mi pobre madre, yo, mi esposa e hijos no queremos dilatar nada de modo ilegítimo sino pagar lo que corresponde. Es como que a la Justicia no le interesa una anciana discapacitada y un menor, menos la angustia de este ya viejo periodista y su núcleo familiar. Hoy, para la Justicia, la prioridad es la síndico y el martillero. Ni siquiera los demás acreedores que quizás terminen recolectando migajas. Inevitable ser susceptibles con este proceder tan controvertido de quienes tienen que garantizar el Derecho.
—¿El defensor general no estaba en condiciones de solicitar una revisión?
—Sin dudas que pudo tomarse el tiempo para analizar meticulosamente todo lo actuado, pero su respuesta fue raramente expeditiva, veloz, argumentando que él podía evitar el desalojo de mi madre y del menor, pero no interferir en el proceso del remate, o sea no podía evitarlo. Esperábamos de su parte una dedicación mayor, un puntilloso análisis.
—¿Intentaste hablar con diputados o ediles?
—Hablé telefónicamente con alguien muy vinculado, íntimamente al presidente de la Cámara baja con quien siempre mantuve una afectuosa relación, pero no; no hubo saldo positivo.
—¿Defensoría del Pueblo?
—Pablito Donadío y Luis Garay me atendieron con suma amabilidad. No obstante, adelantaron que institucionalmente nada pueden hacer, pero se comprometieron a reunirse en estos días para evaluar posibles pasos a dar. Al menos, lucieron buena actitud.
—¿Ninguna organización de Derechos Humanos ha intercedido?
—En las últimas horas mi hija Manu comprobó elogiables gestos de Nadia Burgos, una luchadora incansable por los Derechos Humanos, pero aún no nos hemos sentado a dialogar.
—Pensando en tu madre discapacitada, ¿la gente del Iprodi nada ha dicho?
—No hemos recurrido directamente. Sí he tratado de conectarme telefónicamente con Cristina Ponce, pero no lo he logrado.
—Si la ley o el Código de Quiebras ampara a Moia, ¿en qué se equivocaron ustedes?
—En confiar demasiado, diría devotamente, en que Moia se tomaría su tiempo y no aceleraría tanto el diligenciamiento de todo el rito procesal, denegando cada una de nuestras presentaciones. Mi posición es sensiblemente distinta a la de los últimos 17 o 18 años. Junto a nuestro abogado hablamos en todo momento de acordar. Solo pedimos el tiempo prudencial habida cuenta de la grave crisis socioeconómica que atraviesa el país. Te repito, con una acérrima autocrítica, me equivoqué en creer ciegamente en Ángel Luis Moia. Nosotros no dilatamos nada.
—¿Luego de la feria judicial se procedería al remate?
—El remate es para el 6 de marzo de 2019, sin base. Muy sugestivo. Un horror. Inconcebible. Difícil poder interpretarlo sanamente.
—¿Se puede saber de qué monto de deuda estamos hablando?
—Máximo, un millón setecientos mil pesos, pero con quitas y otras operaciones respecto a intereses, podríamos hablar de un millón trescientos. El terreno de la casa de mis padres mide aproximadamente 13 metros de ancho por casi 50 de largo o fondo. O sea, entre siete y 10 millones de pesos. Hablamos de un predio a dos cuadras de la Peatonal. Por eso es insoslayable imaginar que más que remate parece un negocio inmobiliario. ¿Por qué no fueron primero con los terrenos que posee mi padre en Bajada Grande? ¿Para regalar la vivienda única y después ir por ellos pensando en un considerable loteo?
—¿Ya apelaron?
—Lo hicimos. Tal vez Moia reaccione, nos convoque, pueda discernir y se rectifique.
—¿Estarías dispuesto a reunirte con Moia para reformular un acuerdo?
—Es lo que más deseo.
—¿Y los acreedores qué dicen? De llegarse a un remate, serían tan damnificados como ustedes. Más aún en un remate sin base.
—Precisamente eso deben comprender los acreedores. Lo que fue un ciclo, una etapa, con mi padre y mis hermanos buscando su justicia, y mi proceder abierto a componer la situación, haciendo lo que debe hacerse, pagando. Hoy, insisto, apelar a un crédito es firmar mi acta de defunción porque sería casi imposible pagarlo.

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