Derechos Humanos
Lunes 26 de Marzo de 2018

La ley de Contravenciones, entre la arbitrariedad y la falta de garantías

La norma creada en 1952, es en la práctica una de las más antiguas de la provincia. Actores del arco político coinciden en que debe ser reformada

La ley de Contravenciones Policiales Nº 3.185, creada en 1952, es en la práctica una de las normas de mayor antigüedad en la provincia de Entre Ríos. Sus orígenes se emparentan con un sistema policial altamente militarizado y que por ende tenía como eje la represión. Desde la vuelta de la democracia hasta la actualidad siempre hubo intentos de modificar, mejorar y hasta se pensó en una reforma integral de la ley en la legislatura entrerriana. En ese contexto se reavivó el debate sobre el alcance que tiene el texto y en qué medida viola las garantías constitucionales, según advierten organizaciones de derechos humanos. Sucede que el articulado está sujeto a un amplio abanico de posibles interpretaciones por parte de la Policía, la única fuerza con poder para decidir la detención de un ciudadano entrerriano que haya cometido una falta. No solo eso, además el funcionario, luego de comprobar la infracción, decide sobre el sumario sin intervención judicial, algo que parece inverosímil en 2018.
El caso de Ignacio Pereyra, el muchacho de 18 años detenido el sábado 17 de marzo en Victoria y que a los pocos minutos apareció muerto en su celda, puso nuevamente en el tapete la presunta arbitrariedad de la intervención policial. De hecho, a Pereyra se lo acusaba de una contravención.
Según la arcaica legislación, un ciudadano puede ser privado de su libertad por "desorden", "escándalo", "ebriedad" u ofender a "la moral y las buenas costumbres". Pese a los sucesivos intentos por modificarla, todos los proyectos quedaron en buenas intenciones. Al menos es posible trazar una breve cronología de las diferentes propuestas de reforma: el gobernador Sergio Montiel y su fiscal de Estado, Jorge Campos, trabajaron en un proyecto integral que nunca fue tratado. Posteriormente, en el primer gobierno de Jorge Busti, se encomendó un análisis a la (en ese momento novedosa y recientemente creada) secretaría de Derechos Humanos. Desde el Ministerio de Gobierno de entonces se dictaron órdenes concretas de evitar las detenciones en orden a contravenciones. Incluso se introdujeron cambios en la currícula de la Escuela de Policía, para incorporar lo relacionado a derechos humanos y dar mayor conocimiento a los agentes del Código Procesal Penal y su buen uso, precisó a UNO una fuente legislativa.
En 1992 el entonces vicegobernador Hernán Orduna, en base a un trabajo del actual presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, impulsó una reforma integral del código contravencional y pasó a hablarse del Código de Faltas. La iniciativa fue resistida por la cúpula de la policía provincial. Hacia 1996 ese trabajo perdió estado parlamentario. La posta la tomó en 2000 el diputado montielista Julio Rodríguez Signes que retomó el trabajo de Castrillón y Orduna, pero la falta de acuerdos políticos impidió que esa idea pudiera prosperar. Los últimos proyectos, con reformas parciales, pertenecen al senador (PJ-Concordia) Ángel Giano que tuvieron media sanción y están en la Cámara de Diputados. Se trató de encontrar herramientas para proteger a los trabajadores de hospitales y a los docentes.

Atrasada y arbitraria
"Nunca se pudo, como se debe, actualizar este Código de Contravenciones", reconoció en diálogo con UNO el senador Giano, quien rescató el tema en esta composición legislativa. Señaló que no está descartada una reforma integral, pero que en lo inmediato se incorporaron dos capítulos. "Ayudan a prevenir hechos que no son delitos, porque la línea es muy fina entre lo que es delito y lo que es una contravención", comparó. Giano recordó que al debatirse el proyecto los docentes pusieron reparos a la presencia policial en las escuelas. "No es que nosotros legislamos para incorporar un pata policial, es todo lo contrario", explicó.
"Todos creen que con la ley se soluciona todo y no es así. La mejor ley no va a impedir que las cosas pasen. Lo que hay que lograr es un cambio cultural; las normas se deben aplicar tal cual están y tal cual dicen", reflexionó y se mostró a favor de dotar al Código de herramientas tecnológicas: "No está contemplado lo que ocurre a través de las redes sociales, y algunas de las conductas podrían ser contravenciones".
El legislador también admitió que la ley "es muy vieja y hay que modificarla".
La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia demandó que la norma sea derogada y modificada. Así lo planteó su titular, Matías Germano: "Para eso se necesita un debate bastante amplio en la Legislatura y en los sectores sociales. Esto tiene su complejidad y llevará sus tiempos. No se descarta avanzar en este sentido y se ha logrado un consenso importante inclusive del propio Poder Judicial. La Defensoría ha trabajado con nosotros para erradicar los márgenes de arbitrariedad que puedan sufrir aquellos ciudadanos que son detenidos por una contravención. Esto tiene que ver con dar aviso al Poder Judicial sobre la detención". Para el funcionario la norma actual debe ser reemplazada por una ley acorde a los estándares de los pactos internacionales de Derechos Humanos y ajustada a las garantías institucionales. "Aún teniendo la actual ley de contravenciones, no implica que deban existir procedimientos al margen de la ley que terminen en situaciones de vejaciones o apremios", alertó. Además hizo mención a la investigación que se está llevando adelante en Victoria en torno a las circunstancias en que se produjo el deceso de Ignacio Pereyra. "Hay que ser prudente porque se está investigando, no puedo adelantar ninguna opinión", se excusó. Recordó que en la provincia se tramitaron una serie de causas judiciales que tienen sentencia firme, vinculadas a apremios ilegales y vejaciones por parte de la Policía. Puso como ejemplo, la condena condicional a tres policías de Villa Urquiza que fueron acusados de torturar con picana eléctrica y golpes a dos hombres y una mujer; y la histórica sentencia a siete policías acusados de torturas en Rosario del Tala y en ese sentido señaló que no se "deben tolerar ningún acto que vaya en contra de los Derechos Humanos".
"Estamos hablando de varios casos que han sido reconocidos y condenados en el Poder Judicial de la provincia", destacó. Si bien existe coincidencia en la necesidad de reformular esta herramienta, en la opinión de Germano "se requiere una voluntad de todos los sectores de abordar un debate que es dificultoso en cuanto abarca problemáticas fuertes, no porque sea difícil tratar el tema. Hay un acuerdo de que es una ley que debe ser ajustada al proceso democrático. Es un ley del año 50 cuyas últimas modificaciones fueron como logros desde la perspectiva de derechos humanos eliminar artículos que habilitaban a la detención de aquellas personas que ejercían la prostitución. Fueron sacadas porque ya eran anacrónicas".
En referencia al espacio donde se debería dar el debate entendió que es la bicameral de Derechos Humanos, con la participación de senadores y diputados de ambos partidos.

A favor de una reforma
La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, opinó que la legislación no solamente es antigua sino también desactualizada. La falta de avances en la materia –explicó la funcionaria– responde a que "no hubo acuerdos parlamentarios, nada más, no creo que se deba a otra razón. Pero creo que más temprano que tarde se va a reformar. Esto que pasó en Paraná Campaña con el tema de las fiestas electrónicas es una cuestión que va a llevar a que haya iniciativas en el sentido de una reforma. Porque hay zonas de la provincia que no tienen regulación y que son de jurisdicción provincial". En ese marco sostuvo que el ministerio a su cargo elaboró un reglamento al que deberán adherir las Juntas de Gobierno, pero de igual modo consideró que existen muchos hechos que se vinculan, como sucedió con la muerte del joven Ignacio Pereyra. "Tengo contacto permanente con el jefe de la Policía respecto de este caso y aparentemente hay una sospecha de maltrato previo. Está actuando el fiscal Gamal Taleb y está abierta la investigación. Tengo algún conocimiento de la investigación, pero muy somero. No los detalles. Hay una protesta de los familiares, a la cual estoy sumamente atenta tratándose de personal policial", afirmó en declaraciones a UNO.
"La forma de los procedimientos y todo lo demás también hay que regularlo. Las posibilidades de detención o no, hay que definir claramente esas cosas. Pero es una ley que quedó muy antigua", enfatizó.
En este punto puso el acento en la interpretación que hace el funcionario al momento de llevar adelante un detención. "Hubo varias iniciativas que no prosperaron lamentablemente, pero creo que estamos en un buen momento", analizó.
Al igual que el legislador Ángel Giano, que interpretó que se deberían contemplar los ataques a través de las redes sociales (tales como el bullying o el grooming a menores), la titular de la cartera consideró que deberían preverse como una falta susceptible de multas a los padres. "Hay a veces ataques a los chicos por discriminación que no son delitos propiamente dichos, pero que serían susceptibles de una norma contravencional. Sería necesarios incluirlos dentro de las facultades de una norma contravencional para evitarlos", argumentó.
Asimismo propuso redefinir la modalidad de aplicación cuando se ejecuta un procedimiento. "Si sigue aplicando la Policía, o si aplica la Policía con conocimiento inmediato del juez de Garantías. Y la instancia recursiva, que es una instancia que se usa poco porque no se conoce", señaló. Con esta mención hizo alusión a la instancia donde se establece que las penas aplicadas son recurribles ante los jueces en lo Correccional –que fueron reemplazados– dentro de los tres días de notificada la sanción. La apelación se concede con efecto devolutivo, es decir que el castigo se cumple mientras se resuelve el recurso.

La reforma que no fue
En julio de 2017, el ministerio de Gobierno que hasta ese entonces dirigía Mauro Urribarri, convocó a senadores de la comisión de Seguridad, al Procurador General de la provincia, Jorge García y el Defensor General del STJ, Maximiliano Benítez, para estudiar una reforma integral de la ley de Contravenciones.
El ministro había presentado en aquella oportunidad un borrador que contenía 101 artículos, que luego de ser sometido a estudio iba a ser enviado a la Legislatura. "Han pasado más de 50 años, hubo varios intentos de modernizar la legislación, pero no han prosperado", precisó en aquel momento el legislador de San Salvador, Lucas Larrarte. Reflexionó que "siempre se va postergando lo importante para tratar lo urgente, creo que cuando nos ocupemos profundamente de lo importante, no vamos a tener tantas urgencias".
Había observado que debían incorporarse, con la modernización, los medios alternativos de resolución de conflictos, porque la ciencia jurídica ha evolucionado tanto, que se pasó de un sistema de decisión de conflictos a uno de solución de conflictos. "En la actualidad se trabaja para componer el problema", destacó. Larrarte dijo que "fue durante el tratamiento de los proyectos de reforma parcial que aparece esta idea del ministro, que en definitiva es lo apropiado, hacer un cambio integral".
Expresó que se apuntaba a una nueva ley que no sea solo una enumeración de contravenciones, sino que "incorpore un procedimiento que contenga las garantías mínimas del derecho y la Constitución, y de los tratados internacionales de derechos humanos, garantizando el debido proceso y la defensa en juicio".
Además argumentó que la norma vigente es un procedimiento arcaico, comentó el legislador, y puso como ejemplo que en los casos de ebriedad o desorden público son tipificadas como contravención y ante eso la persona debe ser conducida a una comisaría y es ahí la misma fuerza de seguridad la que puede determinar un arresto, sin dar siquiera la posibilidad de una adecuada defensa o llevarlo a un efector de salud.
El Ejecutivo y los legisladores, a los que se sumaba la participación de los representantes de la Justicia, buscaba contar en Entre Ríos con "un sistema moderno que tienda a la humanidad, modificando los procedimientos, con control judicial acorde, porque la norma vigente apuntaba a los juzgados correccionales que hoy ya no existen".
"Sabemos que los estándares de derechos humanos se han modificado ampliamente a la fecha y la ley actual quedó desactualizada. La idea es que sea elaborado entre todos y una vez que logremos un proyecto consensuado, enviarlo a la Legislatura. El objetivo también es invitar a estas reuniones a representantes del Colegio de Abogados y presidentes de bloques de diputados, para lograr el mayor acuerdo posible", se fundamentó dicho trabajo, que luego no prosperó, desde la cartera que conducía Mauro Urribarri.

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