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La justicia secuestró el libro de decretos, por denuncia sobre designaciones y recategorizaciones

Las actuaciones se llevaron a cabo tras la denuncia presentada por el concejal del FPV Enrique Ríos, contra el intendente Varisco por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Miércoles 19 de Junio de 2019

La justicia secuestró libros de decretos de la Municipalidad de Paraná tras una denuncia hecha por el concejal del FPV Enrique Ríos, contra el intendente Sergio Varisco por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El edil explicó a APF que realizo la presentación judicial tras tomar conocimiento de distintas designaciones y recategorizaciones de personal en pleno proceso electoral. Entendió que también hay violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal a la que la Municipalidad adhirió.

Tras la denuncia, el viernes por la tarde la justicia procedió al secuestro del libro de decretos donde están asentados, en forma correlativa de número y fecha, todos los decretos emitidos por el Departamento Ejecutivo.

Varisco había sido denunciado horas antes por Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, por el incremento de contrataciones y recategorizaciones durante el proceso electoral e inclusive los días siguientes de haber perdido la intendencia en manos de Adán Bahl.

Ríos explicó que, durante el año 2018 y al inicio del período de sesiones en 2019, el FpV había presentado pedidos de informes para conocer “el estado real de la planta de personal del Estado municipal, discriminada en planta permanente, contratos de obras y servicios y las recategorizaciones realizadas en este período”, tal como los habilita la Constitución.

“No fueron contestados ninguno de los dos informes y hemos tomado conocimiento de distintas designaciones que se han operado dentro del Ejecutivo municipal, y fundamentalmente algún tipo de recategorizaciones o adjudicación de funciones que no se condicen, a nuestro entender, con el objetivo de garantizar una mejor prestación de los servicios básicos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”. Pero lo que el edil considera aún más grave es que “se hacen dentro de un marco de un proceso electoral”.

Incluso indicó que “ya definida la cuestión electoral, el día lunes siguiente tomamos conocimiento que habían realizado más de 70 designaciones nuevas”. Para Ríos esto “no solamente pone en peligro las arcas municipales sino también tiene que ver con la utilización de los recursos del Estado para ponerlos al servicios de un proceso electoral”.

El denunciante considera que también se viola la ley de Responsabilidad Fiscal y buenas prácticas de gobierno, a la que la Municipalidad de Paraná adhirió. “Esta ley, en su artículo 15 bis, establece que en el último semestre o último dos trimestres del año en curso, cuando los gobiernos van a entregar los mandatos, no se puede realizar aumento de los gastos corrientes. Nosotros entendemos que con este tipo de legislaciones se aumenta exponencialmente el gasto corriente”, precisó.

Ríos respondió a “las voces del oficialismo que hablan de una idea destituyente”, recordando que hay antecedentes de este tipo de denuncia. Citó el caso de los concejales Marcelo Haddad y Miguel Rettore que en 2014 denunciaron a la exintendenta Blanca Osuna por incumplimiento de los deberes de funcionario público. También mencionó las diferentes denuncias de Investigación Penal Preparatoria “que ha hecho, por ejemplo, el senador Raymundo Kisser con respecto a numerosos temas del orden provincial”.

“Es decir que son herramientas a las cuales los funcionarios públicos podemos recurrir cuando entendemos que se puede estar ante la presencia de un delito”, fundamentó.

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