Tarifazo
Domingo 29 de Abril de 2018

La discusión por las tarifas permite una lectura con vistas al año electoral

Apuntes. La oposición cerró filas en torno al reclamo de Macri para que la Provincia reduzca la carga tributaria a las boletas de luz y gas. La reforma electoral parece depender más de Cambiemos que hace un par de semanas

La discusión por las tarifas de los servicios de electricidad y gas puso en tensión la relación entre los gobiernos provincial y nacional. El costo político del enorme aumento aplicado a esos valores desató reacciones aparentemente inesperadas por el gobierno de Mauricio Macri. La queja de los aliados de Cambiemos (Elisa Carrió o los radicales), el intento por despegarse de la responsabilidad de la decisión por parte de los gobernadores del peronismo dialoguista, las reacciones populares expresadas en cortes de calles o cacerolazos fueron algunos indicadores de lo impopular del tremendo aumento que, en el caso de la electricidad, orilló el 1000% en dos años.
Lo que el presidente Macri venía elogiando desde hace más de un año como la adecuada actualización del cuadro tarifario, diciendo que se trataba una medida racional para sentar las bases del progreso, ya que en ningún país del mundo regalan la energía; pasó a ser tanto o más impopular que la reforma previsional que aprobó el Congreso sobre el fin del año pasado.
Ante esta situación, el gobierno nacional puso sobre la mesa el reclamo de que provincias y municipios disminuyan la presión tributaria sobre esos servicios como una forma de atemperar el aumento, pero también como una manera de que el costo político no sea pagado solo por la administración macrista sino que se desparrame a las administraciones provinciales y municipales.
Si bien es cierto que en Entre Ríos algunos legisladores de Cambiemos ya habían cuestionado la carga tributaria provincial de la factura de la electricidad; también es cierto que los intendentes de esa signo partidario se quejaban si algún concejal peronista presentaba en su ciudad un proyecto para reducir las tasas que gravan las facturación de la energía. Incluso le solicitaron a Bordet que hablara con sus compañeros para frenar la situación, hace tres semanas, cuando se reunieron con el mandatario por ese tema.
Claro que tras el pedido de Macri, todos los referentes de Cambiemos se alinearon en el reclamo de la baja de la presión tributaria. Bien se sabe que se trata de una demanda razonable desde el punto de vista de los consumidores, aunque en este caso el objetivo no es favorecer al consumidor (impactado por aumentos astronómicos de la energía) sino aliviar el costo político al gobierno nacional. Incluso el Foro de Intendentes de Cambiemos prometió bajar las tasas y le reclamó a la Provincia que disminuya la carga tarifaria. "Llegamos a esta situación de sinceramiento luego de años de políticas populistas erróneas. Estamos pagando consecuencias de decisiones que no se tomaron anteriormente y por eso un asunto de esta naturaleza exige del compromiso de todos, de todos los que tememos responsabilidades de Estado, en todos sus niveles, como así también de todo el espectro político", expresaron.
El "pedido" de Macri a las provincias para bajar impuestos al gas y a la electricidad encontró una inmediata respuesta de la gobernador María Eugenia Vidal, producto de una situación previamente acordada. "Macri otra vez movió la dama para poner en jaque a los gobernadores", titularon algunos medios oficialistas asimilando con el ajedrez la movida política. Alguno sectores del peronismo señalaron que esa rebaja de la mandataria bonaerense era un gesto menor frente a los 40.000 millones de pesos por coparticipación que sumó el año pasado con el acuerdo fiscal que suscribieron las provincias.
Mientras esto ocurría, en el Congreso Nacional el oficialismo macrista resistía los intentos de la oposición por congelar tarifas o retrotraer sus valores al año pasado; y, a la vez, ingresaba por el Senado un proyecto de ley que obligaría a los gobiernos provinciales a eliminar los impuestos a las tarifas de energía.
El esquema de presión es parecido a lo ocurrido el año pasado con algunas decisiones para las cuales el gobierno nacional exigió el acompañamiento de los gobernadores. Por supuesto, ahora también los medios porteños más cercanos al gobierno nacional indicaron que el Presidente recurriría a los gobernadores de lo que el macrismo denomina "peronismo racional" para que exijan a sus legisladores nacionales el apoyo a esa ley de eliminación de impuestos.
La situación tiene similitudes con lo ocurrido el año pasado con la reforma tributaria, o en oportunidades anteriores; pero esta vez sucede con las candidaturas lanzadas, no solo en Cambiemos (Macri, Vidal, Rodríguez Larreta entre otros) sino también en peronismo (Bordet en Entre Ríos).

La lectura
En vistas a la campaña que se aproxima, el oficialismo entrerriano pudo observar - por si existía alguna duda al respecto- que la oposición no tiene mayores dificultades en cerrar filas en torno de una postura partidaria, más aún cuando siente que tiene las de ganar en el próximo turno electoral.
También que el esquema de presión del gobierno nacional a los gobernadores, por la vía de los recursos, se mantiene intacto; y que el requerimiento de alinear a los legisladores nacionales que responde a cada gobernador es una estrategia vigente.
Igualmente pudo corroborar que sectores del electorado justicialista son cada vez más demandante de posturas confrontativas con el gobierno de Macri; mucho más cuando los acicatean medidas como las del tarifazo. Paralelo a ello se mantiene la duda respecto de cuanto puede una situación de esta naturaleza mellar los márgenes de aprobación e intención de voto que le adjudican las encuestas a Cambiemos.

La reforma electoral
Mientras esto ocurría, pasó a un segundo plano la discusión relacionada con la reforma/política que impulsa Bordet. Sin embargo, eso no significa que en la Legislatura el tema esté planchado.
El gobernador recibió el miércoles a las autoridades de los bloques legislativos de Cambiemos, con quienes abordó el tema. En las declaraciones posteriores al encuentro, los legisladores opositores dieron cuenta de la predisposición del Ejecutivo provincial a sumar nuevos temas al debate, especialmente el referido al financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales.
Desde el justicialismo se siguió con atención la reunión. Los sectores que no avalan claramente la iniciativa reformista dejaron trascender una lectura que podría resumirse señalando que la amplitud del oficialismo para receptar aportes de la oposición en el proyecto es proporcional a la falta de votos del bloque justicialista en la Cámara baja para aprobar la norma.
Desde oficinas cercanas al gobernador se dejó trascender una respuesta que sostenía la existencia de "seis diputados" que no quieren avalar el proyecto, salvo "que se incluya su reelección en la Cámara".La chicana obviamente fue respondida señalando que la situación no es tal aunque si fuera así, no sería algo negativo, ya que el gobernador es el primero en buscar su reelección. Frente a estos comentarios, desde Cambiemos se apuraron a aclarar que no tienen una postura definitiva respecto del proyecto de reforma electoral. Claro que no sería extraño que apoyen la inclusión de la boleta única, el principal de los cambios y a la vez el aspecto más resistido en algunos sectores del justicialismo. Esa postura de Cambiemos se explica en que, a nivel nacional, el sector impulsa el uso de la Boleta Única Electrónica, y en ese sentido la boleta única de papel, puede considerarse un avance hacia ese objetivo.
En tanto, desde los sectores más duros del radicalismo, llego a hablarse del naufragio del proyecto de reforma electoral del bordetismo; aunque la postura podría entenderse más como una movida para dejar en evidencia un eventual apoyo "acrítico" al macrismo en la Cámara baja, tras la división del bloque, teniendo en cuenta que en el encuentro con el gobernador no estuvo el bloque de diputados "Radicales en Cambiemos", del cual algunos integrantes (Gabriela Lena o Jorge Monge, por caso) fueron de los primeros en señalar supuestas inconstitucionalidades en las que incurre la iniciativa oficial.
Obvio que en el caso Cambiemos, también las posturas respecto del proyecto reformista, aparecen condicionadas por las aspiraciones electorales de cada sector. Eso no es exclu

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