La cacería policial y encubrimiento del crimen de Rodríguez

La cacería policial en Paraná y el asesinato más político de los 38 ocurridos en el país. Una investigación pobre del crimen y el encubrimiento posterior.
20 de diciembre 2021 · 10:32hs

En la asamblea de la Corriente Clasista y Combativa del miércoles 26 de diciembre de 2001, en el barrio La Floresta, había varios temas para discutir y acciones para organizar. Conseguir alimentos era el principal desde hacía varios meses. Pero el miedo y la preocupación por la ausencia desde hacía varios días de José Daniel Rodríguez superaba al hambre. La persecución política y policial era brutal y se hablaba que lo podían haber llevado a la comisaría quinta, o que, como hicieron otros, se habría cruzado a la isla para refugiarse de los palazos y las balas. Cinco días después, confirmaban que era el tercer asesinado en Paraná por el gobierno de Sergio Montiel. Y 20 años después siguen reclamando justicia.

Rodríguez, el Negro, era un pibe de la calle con una historia previa difícil de rastrear. Algunos dicen que era de Bovril, que fue abandonado desde niño, que vivió en Buenos Aires o en La Plata un tiempo y que llegó a Paraná en 1998, donde Carina Salcedo le hizo un lugar para vivir en su casa del barrio Mosconi y en encontró en la CCC a su gran familia. Como muchos de sus compañeros, cirujeaba en el Volcadero y en las calles. Quienes eran más cercanos recuerdan que soñaba con tener un carro y construirse una casita. Un cuerpo flaco por el hambre de la crisis y una sonrisa que pagaba todos los favores recibidos. Era el primer soldado de las marchas y el primero en quemar una cubierta en los piquetes.

El pibe de la crisis fue uno de los 38 asesinados por la represión policial en Argentina contra la insurrección que tumbó un gobierno y cambió para siempre la historia y a los argentinos; en la ciudad donde, por cantidad de habitantes, la cacería policial dejó más muertos en el país, junto a Romina Iturain y Eloísa Paniagua. Además, podría entenderse como el asesinato más político de todos: perseguido, capturado, baleado y desaparecido durante cinco días, y descartado bajo cubiertas como las que él quemaba.

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La búsqueda

Luego de la asamblea, Alejandro Sologuren acudió a los abogados Nicolás Nanni y María Elba Neme y presentaron un hábeas corpus en Tribunales para que el Estado diera cuenta de la retención de una persona; el juez de Instrucción N° 2 Jorge Barbagelata no encontró registro de ingreso de Rodríguez en la comisaría quinta. La búsqueda que debería haber hecho la Justicia, la hicieron la familia y los compañeros.

Una niña de entre 9 y 11 años había contado que vio el momento en que al Negro lo levantaron en la camioneta 97, y ese dato iba a ser confirmado por varios testigos más. Otro mencionó una Traffic a la que le faltaba un pedazo a donde lo subió un policía con gorra. También decían lo que vieron ingresar a la comisaría quinta. Un pibe del barrio Antártida dijo: “No lo busquen más porque lo levantaron los de la quinta en el móvil 97”. La mayoría coincidía que la 97 y la Traffic andaban por el Wal Mart y el móvil 208 ampliaba la cacería por calle Laprida.

Carina Salcedo estaba segura de que la noche del 21 de diciembre fue la última vez que lo vieron, porque era el cumpleaños de su hija. Estaban jugando a las cartas, ella salió a la casa de la vecina a pedirle un cigarrillo y volvió. El Negro se iba porque decían que iban a repartir mercadería en Wal Mart. “Quedate que hay mucho lío, muchos tiros, los de la quinta levantan a cualquiera”, le pidió. “Voy un ratito y vuelvo”, le respondió. A la mañana siguiente, a Carina le pareció extraño que no había vuelto a dormir. Preguntó en la casa de la vecina y tampoco estaba. No era de irse sin avisar. Averiguó por todos lados y muchos coincidían en que lo habían visto aquella noche en la zona del Wal Mart. Hasta que uno de los que estuvo aquella noche en el hipermercado de calle Larramendi dijo que estaba en el grupo con Rodríguez, los persiguió la Policía, al Negro le pegaron un tiro en la espalda y lo subieron a una camioneta.

El domingo 30 fueron a Tribunales ante el dato de que habían encontrado uno o dos cadáveres en la zona de Las Piedras y por Bajada Grande. El policía que estaba en la guardia llamó a las comisarías 13°, 16° y novena, y sólo tuvo la información de un cuerpo hallado el 28 que resultó ser de “un tal Gómez”. Los atendió el médico forense Luis Moyano y les dijo que ninguno de los cuerpos que tenían allí había sido identificado como Rodríguez. Al día siguiente, de modo fortuito, se conocería que los asesinados por la represión del gobierno sumaban tres.

El panadero Daniel Amarillo se iba a trabajar al atardecer del 31 de diciembre. Cuando pedaleaba por el Parque Nuevo, a la altura del mástil, sintió “un olor fuerte muy desagradable”. Por curiosidad se bajó y se acercó a un declive donde había tres cubiertas de auto. Levantó una y vio un cadáver que ya era piel negra y huesos. Se acercó a Wal Mart, preguntó por un patrullero y llevó a los policías hasta el lugar del hallazgo. En ese momento se abría el expediente que iba a instruir el juez Ricardo González.

La autopsia la practicó Luis Moyano con su par Carlos Falcon. En el informe consignaron que Rodríguez sufrió dos balazos, uno impactó en la sexta costilla izquierda y otro en la columna, con una distancia de hasta 10 centímetros entre ambos orificios. La data de la muerte coincide con el día de la desaparición, el 21 de diciembre, pero por el paso del tiempo habían desaparecido la partes blandas y no se pudo determinar, por ejemplo, la distancia entre el cuerpo y del cañón del arma.

Modus operandi

La camioneta 97 y las Traffic 14 y 15 de la Policía habían sido bautizadas en la zona oeste de Paraná como “los móviles de riesgo”. El personal policial de la comisaría quinta tenía vía libre para maltratar, detener y golpear a cualquiera. Cinco años antes habían secuestrado y desaparecido a Héctor Gómez y Martín Basualdo. Y un mes y medio después de la cacería de aquel diciembre, en el móvil 97 iban a secuestrar y desaparecer a Elías Gorosito. El modus operandi estaba claro, pero con Rodríguez el mensaje debía ser otro, más que la desaparición forzada.

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¿Podrían haber baleado a otro de los que huían despavoridos de la cacería policial aquella noche? Tal vez. Pero el blanco a la espalda de Rodríguez y el ocultamiento de su cuerpo que 10 días después fue plantado en el Parque Nuevo debajo de tres cubiertas como las que él quemaba en cada piquete, sugiere que no fue una casualidad. Rodríguez no era de los que la Policía se llevaba detenidos a cada rato a la comisaría quinta, pero estaba en la amplia lista que el gobierno de Montiel mantenía bajo vigilancia con una Policía provincial a disposición. Por ejemplo, en aquellos días de federales y paros, enviaban a policías a las escuelas para anotar quiénes eran las maestras y maestros que se adherían a la huelga. Y hay un episodio que una amiga y compañera de Rodríguez recuerda perfectamente. Paula Ramírez volvía una tarde a su casa de una de las tantas manifestaciones en el centro, con algunas banderas de la CCC a cuesta. Advirtió que durante varias cuadras un patrullero seguía sus pasos lentamente. Y pudo escuchar cuando uno de los policías moduló por radio su recorrido: “Dobló por Las Calandrias. Está llegando a Segundo Sombra”. Había un plan que iba más allá del accionar de los uniformados de una institución verticalista, donde nadie hace nada si no hay una venia de las autoridades políticas.

En este sentido, el gobierno ya venía creando el clima represivo desde varios meses antes, cuando la provincia y la Argentina entera empezaban a arder con protestas por todos lados. A fines de julio, el ministro de Gobierno Enrique Carbó prometía “orden” ante una protesta de piqueteros y se reunía con el jefe de la Policía, Victoriano Ojeda para “aunar criterios sobre seguridad”. El fiscal de Estado Sergio Avero advertía por nota al juez federal Aníbal Ríos y a la fiscal general de la provincia Marta Brodsky de Petric, que aplicaría el Código Penal para garantizar el libre tránsito en las rutas, lo que consideraba un “alzamiento” contra las instituciones. Desde septiembre, las marchas de la Multisectorial de Entre Ríos contra la implementación del bono Federal comenzaron a chocar con la Policía. El recorte de fondos para los comedores escolabres empujaban a la gente a la calle y a la puerta de los supermercados Los Hermanitos, Coto y Abud, a fines de septiembre. En el piquete frente al comercio de Avenida de las Américas estuvo la presencia intimidante de un cordón policial, y en el de Wal Mart hubo represión y detenidos. La situación incontenible era calificada como un “circo” por Carbó, mientras que Montiel clausuraba por varios días la actividad administrativa, reforzaba la seguridad de la Casa de Gobierno y hablaba de las protestas como “incitaciones pagas”.

Luego de la renuncia del presidente Fernando De la Rúa, el gobernador entrerriano afirmaba que no iba a dimitir y arengaba que iba combatir las “guerrillas urbanas que intentan acceder al poder a través de la violencia”. Incluso, ya se desligaba de los asesinatos de la Policía: “En Paraná, esas guerrillas no sólo quemaron la puerta principal de la Casa de Gobierno, sino que también trataron de avanzar en otros puntos de la ciudad, constituyéndose en responsables de las muertes que hubo”. En la noche de esas declaraciones, baleaban y secuestraban a José Daniel Rodríguez.

Los tres asesinos

El abogado José Iparraguirre contactó a su colega Nanni y le aportó que un joven le dijo que una persona de apellido Canavidez le contó que estaba con Rodríguez cuando lo hirieron a balazos en la zona del Wal Mart, pero que no pudieron localizar a ese testigo. Más tarde, Daniel Alberto Canavidez se presentó en Tribunales y declaró que había estado con el Negro aquella noche en el hipermercado, pero que ante la represión policial se separaron y lo vio por última vez cuando huía para el lado del barrio Mosconi.

Enzo Joel Martínez es el nombre de la persona más importante en el expediente del crimen de José Daniel Rodríguez.

La noche del 21 de diciembre pasó por la casa de Carina Salcedo y le dijo al Negro: “Vamos al saqueo”. Se juntaron con otros pibes y cuando llegaron a Wal Mart ya había unos 200 hambrientos y en la puerta del hipermercado estaban las Traffic 14 y 15, las señaladas “de alto riesgo”. Los policías rociaban la zona con gases lacrimógenos. Por la calle 141 (ahora llamada Romina Iturain) apareció la camioneta 97 con efectivos disparando a la multitud que corría, con balas de plomo. La gente se dispersó y en la persecución el patrullero concentró en seguir a Martínez y a Rodríguez. Se bajaron tres policías con ithacas, uno le disparó a Martínez en las piernas y otro a Rodríguez en la espalda. “Apurate, vamos”, le dijo Martínez a su compañero, que había caído al suelo. “Vamos, yo te cargo”, le insistió, pero José Daniel le dijo “seguí vos”. El tercero de los policías armados se acercó y le ordenó a Martínez: “Tocá, tocá, vos corré que él ya perdió, avisales a los padres que está en la quinta”. Entre los dos efectivos lo cargaron en la camioneta.

Martínez recordaba que dos de los policías eran oficiales, porque tenían en los hombros tiras amarillas y un escudo, y el otro que se acercó para echarlo del lugar era un cabo porque tenía una V amarilla en el lado derecho del pecho y un gorro de tela. Los que disparaban, eran “uno de pelito corto, bastante alto, sin bigotes, con barba de pocos días”. El otro “era más gordito, cachetón, más bajo y ojos saltones”. Al cabo no lo pudo ver bien porque tenía el corro que le cubría la mitad del rostro.

El testigo dijo además que dos meses antes había estado preso unos días en la Unidad Penal de Paraná, que por entonces estaba intervenida por la Policía, debido a escándalos internos que se vivía en el Servicio Penitenciario. Lo alojaron en uno de los calabozos de aislamiento y le pareció recordar que había visto allí a los dos oficiales que les dispararon aquella noche. “Si los veo, los puedo reconocer”, dijo, porque además andaban siempre por el barrio.

Operación encubrimiento

Dos oficiales, que prestaban servicio en la comisaría quinta y en la Unidad Penal, y que estaban de guardia esa noche a bordo del móvil 97, más un cabo que los acompañaba, no podía haber muchos. Las características físicas aportadas por Martínez podían ayudar a precisar las sospechas y una rueda de reconocimiento asentaría una investigación en una hipótesis más firme. Pero en ese momento empezaba la operación encubrimiento, con la propia policía investigándose a sí misma.

José María Calderón era por entonces un adolescente, apodado Cute, quien aseguró que estuvo con Rodríguez mientras escapaban de la cacería policial, aunque dijo que lo conocía solo “de vista”. Apareció como un nuevo testigo clave en la causa. Relató que había concurrido al Wal Mart la última noche de saqueos. Entrando al estacionamiento se acerca un grupo de policías y Gorosito (no dio el nombre) agarró de los pelos a uno de ellos, que era de la comisaría 11° de Bajada Grande, y le pegó con un caño al grito de “milico de mierda”. En ese momento los policías empezaron a disparar “con balas de goma y de las de verdad”. Calderón dijo que Rodríguez le aconsejó “no corras que es peor”, pero él le contestó: “Corré porque peor va a ser que nos maten a los dos”. Iban hacia la segunda entrada de barrio Mosconi, por calle 141, perseguidos por la camioneta 97 y en la bajada de Humito sintieron los primeros ithacazos, luego disparos de balas de goma y más disparos de ithacas. Finalmente, sintió la detonación de un arma de puño, de calibre más chico que una reglamentaria y escuchó el quejido de Rodríguez. Lo vio caerse en la bajada de Humito y él siguió corriendo hacia una cancha donde estaban escondidos otros que habían ido al saqueo. En su testimonio, Calderón remarcó dos cosas que luego iban a ser determinantes para que la Justicia dictara la reserva de la causa: una, que al momento de la huida iban él y Rodríguez solos, es decir que lo sacó de escena a Enzo Martínez, aunque Martínez, en una segunda declaración, sí dijo haberlo visto a él; otra, que los policías del móvil 97 iban encapuchados, por lo tanto, imposible de ser identificados.

Dos puntos más agregados al expediente iban a terminar de liquidar el testimonio de Martínez. Supuestamente, el muchacho habría dicho que luego de aquel episodio fue a la casa de un primo a que le curaran las heridas por los disparos que recibió en las piernas. Esto no está en la transcripción del testimonio en la resolución judicial de reserva. Aquel primo sería Oscar Gómez, quien al ser citado dijo que Martínez jamás fue a su casa para que lo curara de nada. Además, el informe médico forense no corroboró que el testigo hubiera sufrido heridas de arma de fuego. Por las dudas, se agregó que Canavidez dijo que nunca vio a Martínez irse corriendo junto a Rodríguez. Esto tampoco está registrado en la extracción de su testimonio en dicha resolución judicial. Pareciera que al testigo le exigían un nivel de detalles y una memoria sin fisuras sobre los sucesos ocurridos durante una batalla, una persecución y la represión policial, que además se pudieron haber cruzado con otros días donde también hubo saqueos, corridas y balazos.

El señor juez concluyó: “En virtud de todo lo expuesto, considero que de los elementos de prueba reunidos hasta el momento no se ha podido determinar con precisión la autoría material del hecho investigado, y que no existen nuevas medidas de prueba a ordenar que puedan llevar al esclarecimiento del hecho que se investiga, por lo cual se impone decretar la reserva de las presentes actuaciones en Secretaría hasta tanto se agreguen nuevos elementos de prueba u opere la prescripción de la acción penal”.

Olvido oficial

La confusión y las contradicciones son muy ciertas, pero aquello que muy generosamente podría llamarse investigación dejó más preguntas que respuestas. En torno a Martínez ¿por qué y para qué se iba a presentar a mentir con tantos detalles en un caso de gatillo fácil? ¿por qué fue a declarar por segunda vez, agregando datos que luego servirían para que lo contradigan? ¿Qué costaba o qué garantías se violaban si lo llevaban a una rueda de reconocimiento de los policías?

Aún si Calderón fue el que presenció el crimen y dijo la verdad, hay una certeza: los policías que estaban en la guardia a cargo del móvil 97 de la comisaría quinta (por más encapuchados que hubiesen estado) fueron los asesinos. Si esto no quedó registrado, la guardia completa más el jefe de la dependencia policial debería haber volado en el acto y todos haber sido procesados, al menos por el incumplimiento de deberes y porque sería una maniobra de encubrimiento. Recién los desplazaron unos meses después, cuando desaparecieron a Elías Gorosito.

La resolución de reserva fue el certificado de la segunda muerte de Rodríguez, que en realidad había comenzado mucho antes. Luego de que encontraran el cuerpo, su familia de la CCC no pudo darle una sepultura digna, y menos los dejaron constituirse como querellantes en la causa. Tres meses después pudieron averiguar que el cadáver había sido entregado el 13 de enero a un supuesto tío, militante radical y expolicía.

Un tiempo después, lograron a través del intendente Julio Solanas que trasladasen los restos de la parte del cementerio cercana a la barranca, donde estaban enterrados, a un nicho. Pero volvió a aparecer el presunto tío de Rodríguez para impedirlo, al tiempo que negaba la versión del asesinato policial. Luego los huesos habrían sido tirados en en la cruz mayor, a donde los dejan cinco años después.

Un pedazo de madera iba a ser más importante para el Estado, que las vidas terminadas aquel diciembre. Por la quema de la puerta de Casa de Gobierno procesaron y llevaron a juicio al dirigente de ATE, Edgardo Massarotti, quien terminó absuelto en 2007.

Memoria activa

En un poste de luz metálico ubicado en la vereda de calle Las Calandrias, en la puerta de la casa de Coca Ramírez y su familia, hay varios garabatos. Uno de ellos, en letras imprentas mayúsculas y en forma vertical se lee NEGRO. Rodríguez dejó su firma que todos miran cada tanto y resguardan como un recuerdo de familia.

La memoria se practica y mañana, como en los 19 aniversarios de la pueblada, organizaciones sociales y sindicales convocan a un acto en la plaza 20 de diciembre, ubicada atrás del hipermercado que la Policía defendió a los tiros. Será el primero con la ausencia de Alejandro Sologuren, quien falleció en enero de este año y desde aquella asamblea en La Floresta llevó el nombre de José Daniel Rodríguez a todos lados, hasta el último día.

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