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La brecha salarial en el Estado provincial sigue intacta

La brecha salariales entre autoridades y entre las diferentes reparticiones públicas permanecen intactas, si bien hace dos años causaron revuelo

Jueves 26 de Agosto de 2021

Si hacemos un somero repaso por la historia del mundo del trabajo, podemos señalar que de la situación supuestamente idílica en que se vivía en la prehistoria, se pasó al sistema de producción esclavista, pasando por la relación señor - vasallo, y luego, en la época contemporánea, al modo de producción capitalista, el cual está caracterizado, entre muchas otras cosas, por la desigual relación entre capital y trabajo. Aunque desde entonces las luchas sindicales han conseguido grandes mejoras en lo que a las condiciones laborales respecta, los trabajadores y trabajadoras siguen estando en condiciones desiguales ante el empleador.

Entre Ríos es una provincia con un gran porcentaje de trabajadores que dependen de un sueldo o un salario. Es decir, de la remuneración que un empleador les otorga a cambio de su fuerza de trabajo. Estas remuneraciones, a su vez, determinan la capacidad de consumo, el poder adquisitivo de los empleados.

Es importante también diferenciar los conceptos sueldo y salario, que suelen utilizarse como sinónimos. Sueldo es el pago fijo que un empleador abona de manera regular por el desempeño de un cargo o servicio durante algún periodo de tiempo. Es una cantidad fija, que se acuerda previamente y se paga periódicamente de manera semanal, quincenal o mensual. Este pago llamado sueldo no es diferente si en el mes hay menos días de trabajo.

En cambio, el salario es el pago que un trabajador recibe por desempeñar sus servicios, como puede ser el caso de un docente secundario. El salario, a diferencia del sueldo, se calcula a partir de días u horas de trabajo, así que se fija por unidad de tiempo. Es decir que el monto varía dependiendo de la cantidad de días u horas que trabaje.

De todas maneras, cabe preguntar ¿cuáles son los elementos en base a los cuales se determinan las remuneraciones? La Ley de Contrato de Trabajo, en el Artículo 104, señala: “El salario puede fijarse por tiempo o por rendimiento del trabajo, y en este último caso por unidad de obra, comisión individual o colectiva, habilitación, gratificación o participación en las utilidades e integrarse con premios en cualquiera de sus formas o modalidades”.

Cuando se trata de obreros fabriles y otros rubros del sector privado, suelen tomarse como factores la productividad, la formación, entre otros parámetros. Pero cuando se trata de empleados estatales –que no están enmarcados en la Ley arriba mencionada– la fuerza de trabajo es más difícil de mensurar en términos económicos, ya que no producen bienes ni ganancias. Y es aquí donde la determinación de los salarios pareciera darse de manera arbitraria.

Disparidad

En las infografías que ilustran este informe puede apreciarse la brecha salarial que existe en la provincia entre las autoridades, el personal fuera del escalafón y los empleados estatales, dependiendo del sector en el que desempeñan sus funciones. Y cabe destacar que, por una cuestión de espacio, en los gráficos se omitieron las remuneraciones percibidas por el Tribunal de Cuentas y entes descentralizados del Estado provincial, que superan la media por amplio margen.

Los números –extraídos del Presupuesto 2021 publicado por la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos– hablan por sí mismos. Del análisis de las asignaciones surge que la brecha salarial existente entre los propios sueldos jerárquicos está poco justificada, considerando las responsabilidades que competen a cada cargo. Más aún si se tiene en cuenta el contexto pandémico, donde los tres sectores que menos cobran –Sanidad, Seguridad y Docente– han estado directamente expuestos, corriendo riesgo la salud del personal.

Pero, más allá de las cuestiones coyunturales, se trata de una problemática estructural y de arrastre. En 2019, fue el entonces Vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, el que en un acto de honestidad brutal declaró en una entrevista radial que no estaba del todo conforme con el monto que percibía mensualmente: 460 mil pesos de bolsillo.

“Yo lo único que quiero es cobrar lo mismo que un director o síndico de Enersa o el fiscal de Estado. Porque considero que cumplo una función más importante que la que cumple el representante jurídico del Estado. Fíjese cuánto gana el síndico y el fiscal de Estado, quiero ganar eso. Creo que me merezco eso”, manifestó el entonces vocal, que meses atrás volvió a estar en el ojo público debido a su escandalosa y ultra rápida jubilación, aprobada apenas ocho días después de iniciado el trámite.

Reclamos

“Yo no digo que no estamos mejor que muchos de los empleados estatales, pero la carrera inflacionaria es muy fuerte y no la estamos ganando. Así que no vamos a resignar la porcentualidad: no queremos bonos, porque ahí es donde entraremos a perder capacidad salarial”, señaló a UNO Mabel Pedrero, secretaria adjunta de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), que actualmente se encuentra en plan de lucha por la restitución de la denominada ley de enganche.

La Ley de Emergencia Solidaria, que la Legislatura sancionó en julio de 2020 y tuvo vigencia hasta junio pasado, dejó en suspenso la aplicación de esa ley y por tanto los salarios de los judiciales fueron resueltos por el Poder Ejecutivo. En julio, el Gobierno provincial dispuso un aumento de salarios del 8% sobre los haberes de febrero al Escalafón Judicial y del Tribunal de Cuentas, por eso desde AJER definieron un plan de lucha.

Sobre la ley de enganche, Pedrero detalló: “El Vocal del STJ es el 100% de un sueldo equis, el Procurador es el 98% y así va descendiendo la escala hasta llegar a los empleados del Poder Judicial, que tenemos una porcentualidad salarial con respecto a los sueldos del personal superior. Es decir, nuestros sueldos van enganchados a los del Vocal. En el 92 se aprobó la Ley 8.654, que creó un adicional para los jueces (adicional de Intangibilidad) que ronda el 30% del total del sueldo. Y en 2011 se aprobó la Ley N° 10.068, mediante la cual los empleados judiciales estamos enganchados al 70% de lo que gana el Vocal. Por eso nosotros defendemos esta porcentualidad, gracias a la cual un escribiente, cuando ingresa, cobra un 27% del 70% que cobra un vocal”.

Por lo tanto, cada vez que los Vocales se aumentan el sueldo, se extiende proporcional y automáticamente a los empleados judiciales. Es una de las mayores conquistas salariales que cualquier trabajador estatal entrerriano haya logrado en la historia reciente. Por eso, desde AJER son inflexibles en la defensa de esa adquisición y no aceptan adicionales, ya que los consideran distorsivos.

“Vas a ver el recibo de haberes de cualquier empleado del poder judicial y en el mismo se detalla sueldo básico más antigüedad, nada más; ni título, ni horas extras, ni códigos adicionales. Y estamos atrasados; un Escribiente sin mucha antigüedad, en mano, ronda los 60 mil pesos, es decir, está peleando la canasta básica”, añadió.

La planta de trabajadores judiciales en Entre Ríos es una de las más reducidas. En el Anexo del Presupuesto 2021 se detalla que el total del personal de Planta Permanente de la provincia es de 65.828 trabajadores. El Escalafón Docente es el mayor, con 21.012; le sigue el Escalafón General con 20.705 y en tercer puesto está el Escalafón de Seguridad con 11.851. En tanto, en el Escalafón de Sanidad hay 6.504 trabajadores y en el Escalafón Judicial, 2.494.

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El sector docente es el mayor componente de la planta de trabajadores estatales. También es el más afectado por la brecha salarial.

El sector docente es el mayor componente de la planta de trabajadores estatales. También es el más afectado por la brecha salarial.

Sin embargo, en el anexo no están detallados los miles de contratos de obra y de servicios con los que el mismo Estado precariza a los trabajadores de manera estructural desde hace varias gestiones.

El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, manifestó: “Estamos en un nivel bajísimo con respecto a la canasta familiar, para no ser pobre en la Argentina se necesita ganar 67 mil pesos. Los contratos de obra en la provincia, que son trabajadores no formales y además tienen que pagar Monotributo, quedan aún más lejos. Después tenemos otros trabajadores y trabajadoras precarizados que se pagan por admisión, que más que nada se da esa problemática en el sector Salud. Hay muchos que no llegan a los 20 mil pesos”.

Muntes destaca que los trabajadores precarizados tienen que hacer el mismo trabajo que los que están en planta permanente, pero por menor remuneración y sin los derechos que protegen al resto. “Precisamente, estamos terminando de cerrar el Instructivo para el Pase a Planta, porque a la precarización laboral hay que agregarle la cuestión de la estabilidad: la preocupación de no llegar a fin de mes, hay que sumarle la preocupación por no saber si el año que viene o cuando cambie la gestión vas a seguir trabajando o te despiden”.

Consultado sobre las remuneraciones de los estatales entrerrianos comparados con otras provincias, manifestó: “Sería ingrato compararnos con las provincias del sur, porque ellos cobran salarios diferenciados por zona desfavorable y los precios allá no son lo mismo. Pero estamos por debajo de la media con respecto a otras provincias como Santa Fe o Córdoba; estamos también por debajo de la media con respecto a los porcentajes acordados este año. Para llegar a 40 mil pesos los trabajadores que están en la formalidad, necesitamos un código para garantizar el mínimo, que puede ser de 12 o 14 mil pesos. Sin ese adicional, estaríamos por debajo de la línea de indigencia. Otra cuestión es que tenemos una gran cantidad de adicionales que son complementarios del salario, desde horas extra, responsabilidad funcional, entre otros; o adicionales de alguna repartición en particular”.

Salarios e inflación

La inflación es, sin dudas, el principal motivo de la caída en picada del salario real. Aunque el proceso inflacionario se desaceleró por cuarto mes consecutivo en julio, al marcar un 3% –el menor registro desde octubre de 2020– en lo que va de 2021 los precios minoristas aumentaron 29,1%, lo que implica que ya se superó la inflación proyectada para todo el año en el Presupuesto Nacional 2021.

El poder adquisitivo está entre las variables más golpeadas de los últimos años. Con una inflación que promedió el 48% desde 2018 en adelante, las subas salariales no llegaron a hacerle frente –salvo excepciones– y la pérdida fue aún mayor para la población que tiene ingresos no registrados, ya que su poder de negociación salarial es prácticamente nulo.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) aseguró que en el trienio 2018, 2019 y 2020 el salario ha perdido entre un cuarto y un quinto de su valor real.

En concreto, esa pérdida equivale en los últimos tres años a una caída de entre 3 y 7 salarios. El mayor golpe al poder adquisitivo se dio, por otra parte, entre 2018 y 2019. La actividad económica “inició una caída en 2018, que siguió en 2019 y 2020, año de inicio de la pandemia”, consignó el informe del Iaraf.

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