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Iosper quedó obligado a cubrir la prestación de una maestra integradora para un afiliado

A través de un amparo una familia logró que se reconociera el daño emergente, moral y punitivo del niño por diversos incumplimientos

Miércoles 30 de Octubre de 2019

La Justicia provincial, en este caso del fuero Civil y Comercial, condenó al Instituto de la Obra Social de la provincia de Entre Ríos (Iosper) a brindar la prestación de una maestra integradora a un afiliado que padece el Síndrome de Asperger, “asociado a un Trastorno de Integración Sensorial”. La sentencia se ocupa de un tema espinoso y sensible tanto para la obra social como para los afiliados, ya que luego de tres años de cobertura ininterrumpida del servicio el Iosper decidió reverlo a partir de los siguientes fundamentos: la normativa vigente (Ley nacional de Discapacidad Nº 24.901, con adhesión de la Ley provincial Nº 9.891 divide las prestaciones en “salud” y en “educación”). En base a la jurisprudencia, el Iosper manifestó en un comunicado que “este tipo de prestación es esencialmente educativa” y que atento a ello, es el Consejo General de Educación “quien debe ejercer una auditoría acorde a la problemática del niño o niña y debe ser un profesional idóneo, auditado por el CGE, quien debe atribuirse dicha responsabilidad”.

El fallo

La resolución judicial dispuesta por Juan Carlos Coglionesse, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 1, hizo lugar al amparo presentado por la madre de un afiliado para que se brinde el tratamiento de la mencionada patología, donde no solo se condenó al Iosper por el incumplimiento de la cobertura de salud, sino que además se le reconoció al paciente el daño moral y punitivo. En lo que respecta a la falta de cobertura, se condenó a la obra social a pagar 40.106, 60 pesos en concepto de daño emergente, al tener que abonar la demandante de sus propios ingresos la prestación de maestra integradora, “lo que generó el daño que aquí reclama”.

Por otro lado, surgen dos elementos novedosos: el daño moral, que si bien la denunciante no lo plantea expresamente, en el veredicto se sostiene que “por ser el mismo notorio y que la actora padeció frustraciones y vio alterada su espiritualidad al tener que peregrinar por las oficinas del Iosper y todo lo que tuvo que vivir hasta llegar a los estrados judiciales para que se le cumpla en forma íntegra una prestación que por derecho le corresponde y que le había sido reconocida el año anterior por sentencia judicial”.

Por este rubro, la obra social tendrá que abonar 10.000 pesos.

Por último, se hizo lugar a la demanda por daño punitivo por la falta de cumplimiento de obligaciones legales o contractuales con el consumidor, teniendo en cuenta que el amparo se encuadra bajo la órbita del consumo.

En consecuencia, el Iosper recibió una sanción de 5.000 pesos “por cuanto se está en presencia de un incumplimiento contractual, siendo la conducta del Iosper gravemente reprochable, por cuanto esta última conocía su deber de brindar la prestación de maestra integradora y no lo hizo”, se fundamentó.

En un primer amparo favorable, la Justicia había ordenado restituir la prestación, pero como esa herramienta legal no permite discutir cuestiones económicas ni resarcimiento, lo que había pagado quedó fuera de la demanda.

“La suma resultante de los rubros indemnizatorios admitidos es de 55.106, 60 pesos, monto por el que en definitiva prospera la demanda”, resolvió el juez actuante. A ello se le deben agregar “los intereses conforme la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina, desde la fecha de interposición de la demanda (30 de noviembre de 2015) y hasta el efectivo pago”.

Qué argumentó el Iosper

Al presentarse para contestar la demanda, las apoderadas del Iosper argumentaron que la “relación contractual que une a las partes no es de consumo, por lo que no sería aplicable la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240. “Que la relación que une a las partes es de institución de seguridad social a afiliado. Que la obra social no ofrece cobertura de maestros y esta asignación sería extraña al objeto previsto en su ley de creación. Que no existe resolución o norma que faculte a las autoridades del Iosper a celebrar los convenios con docentes, no docentes, o asistentes, o con instituciones educativas a los fines de programar y organizar la inclusión educativa de afiliados”, se alegó.

La familia del niño acudió a solicitar la misma prestación al CGE y fue rechazado en su momento “por falta de presupuesto”. Al contestar la demanda, el extitular del organismo, José Luis Panozzo, consideró que el de maestra integradora “es una prestación de salud”.

La postura de la obra social sobre un tema sensible

La directora docente en el Iosper, Adriana Hepp, se pronunció sobre un tema que generó fuertes cruces entre los actores políticos y un creciente malestar de las familias y afiliados que piden tener certezas de cómo se brindará la cobertura de maestros de apoyo. “Como es de público conocimiento, la Resolución Nº 1.862 que decretó la Emergencia Prestacional publicada el día 26 de septiembre del corriente, por temas inherentes a la urgencia de prestaciones, el ingreso de nuevas solicitudes de maestras de apoyo fue suspendido”, resaltó la funcionaria a través de un comunicado.

“La prestación por parte de la obra social se viene brindando ininterrumpidamente desde el año 2016, cuando así se resolvió mediante la Resolución Nº 702 de ese año. Sin embargo, el equipo interdisciplinario de la Dirección de Programas Específicos, lugar donde se audita dicha prestación, desde hace meses viene trabajando al respecto y en los últimos días presentó una propuesta de derogación”, confirmó.

Para tomar la decisión se tuvieron en cuenta los siguientes fundamentos: “La Ley nacional de prestaciones de Discapacidad Nº 24.901, con adhesión de la Ley provincial Nº 9.891 divide las prestaciones en ‘salud’ y en ‘educación’, estableciendo que para el primero de los casos se obliga a garantizar sus debidas prestaciones al Ministerio de Salud a todo aquel que no tenga obra social y al Iosper a sus afiliados. Pero en el segundo caso (educación), son el CGE y el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) quienes deben tener la facultad de brindar prestaciones de estas características, incluyendo las maestras de apoyo”.

Hepp se explayó con más argumentos acerca de una decisión sensible, que por el momento implica que la obra social no aceptará más pedidos. “Este tipo de prestación es esencialmente educativa y llevada a cabo mayormente en los establecimientos educativos. E implica un gran problema/contradicción que sea evaluada por un médico una dificultad de aprehender contenidos curriculares por parte de los niños. Ante esta situación, consideramos que quien debe ejercer una auditoría acorde a la problemática del niño o niña debe ser un profesional idóneo, dependiente del CGE, que es quien debe atribuirse dicha responsabilidad y no Iosper, siendo esta una institución prestadora de salud”, aclaró.

“La Resolución Nº 2.044 emitida el 22 de octubre del 2019 argumenta que el Iosper no tiene competencia material, funcional, profesional ni de recursos para afrontar cuestiones educativas, por lo que amparados en la Ley provincial de Discapacidad N° 9.891 exigimos el cumplimiento de dicha prestación a quien corresponda, en este caso al Poder Ejecutivo provincial, mediante el CGE.

Como directora docente en la obra social, concuerdo con la decisión tomada desde el organismo ya que no poseemos recursos humanos acordes e idóneos para auditar la prestación de maestras de apoyo, no siendo el Instituto una prestadora educativa, por lo cual creemos que una dificultad de aprendizaje no debe ser diagnosticada por un médico, sino que la intervención debe ser llevada a cabo por un docente”, manifestó a continuación.

Finalmente la funcionaria cerró su alocución: “Lo detallado anteriormente no significa bajo ningún punto de vista un desentendimiento de mi parte acerca de una temática sensible que día a día se nos demanda, sino que todo lo contrario, haré las gestiones correspondientes y me reuniré con quien sea necesario para que se haga efectivo el cumplimiento de la prestación”.

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