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Intendentes podrían tomar deuda a devolver a largo plazo

Allende quiere modificar la Ley N° 10.027 y permitir que las cajas de jubilaciones municipales le presten a sus municipios sin límite en el plazo de devolución, excepto si es para gastos corrientes

Viernes 14 de Noviembre de 2014

Varios municipios entrerrianos podrán acceder a fondos frescos para obras de infraestructura, servicios o equipamientos si prospera en la Cámara de Diputados un proyecto que plantea eliminar una cláusula limitante de los montos que pueden prestar las cajas de jubilaciones municipales a sus respectivos municipios, de los cuales son autónomas.
La iniciativa es impulsada por el presidente del cuerpo, José Allende, quien propone eliminar el requisito actual que indica que esos fondos deben ser devueltos durante la gestión que los solicita. Lo hace planteando cambiar el inciso 3 del artículo 192, dejándolo redactado de la siguiente manera: “Las cajas solo podrán disponer empréstitos a los municipios con la aprobación de la asamblea de activos y pasivos reunidas al efecto, debiendo acotar los plazos de devolución dentro del mandato constitucional de la gestión municipal solicitante, cuando el destino fuese para financiar gastos corrientes”.
Actualmente la ley no discrimina el destino del préstamo, por lo que cualquiera fuera la situación, el monto debe ser devuelto dentro del mandato de la gestión que lo solicita. Allende quiere flexibilizar las condiciones cuando el dinero requerido sea para obras o servicios, porque entiende que actualmente las cajas municipales están en inferioridad de condiciones frente a otras prestamistas.
“La experiencia recogida desde la vigencia del artículo 192 inciso b.3) de la Ley Nº 10.027 ha significado para los municipios una restricción cuando existiendo necesidades de encarar alguna obra, contratar un servicio o adquirir equipamiento, las autoridades se han visto limitadas por tener que acotar el plazo de devolución al de su mandato constitucional”, indicó el diputado Allende.
Y agregó: “...en verdad la norma ha impuesto una restricción en materia de empréstito que excede a las contempladas en el artículo 247 de la Constitución provincial, más aún cuando en estos casos ya el artículo le impone a los municipios la aprobación por ordenanza con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del Concejo Deliberante, además, que se conozca el monto, plazo, destino, tasa de interés, servicios de amortización por capital e intereses que no podrán comprometer más del 20% de la renta, precisándose asimismo los recursos que se afecten en garantía”.
Así, la única entidad “que no puede otorgarle un empréstito a los municipios entrerrianos más allá del mandato de la gestión municipal solicitante, con destino a invertir en bienes de capital o en obras y servicios públicos de infraestructura es la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones como entidad autárquica de ese municipio y ello es así no por prescripción constitucional sino legal –artículo 192 inciso b.3) de la Ley Nº 10.027-, para cualquier otra entidad pública esa restricción temporal no está prevista”, explicó.

 

 

Vieja discusión

 


La existencia de cajas municipales motiva discusiones de larga data en la provincia. Muchos critican que  sirven de “pequeño banco” de su respectivo municipio y que, muchas veces al otorgar un préstamo, en vez de priorizar la rentabilidad de la inversión para mantener el capital aportado por los futuros jubilados; se piensa en el interés político de corto plazo de la gestión municipal que lo solicita.
Por esa razón, para otorgar esos aportes se establecen condiciones especiales, como ordenanzas con mayorías amplias en los respectivos concejos deliberantes autorizando al Ejecutivo municipal a tomar el préstamo.

 

 

 

Suspicacias y recelos

 

El ingreso del proyecto a la Cámara baja generó suspicacias respecto de la verdadera intención del cambio propuesto a la ley orgánica de municipios, en lo referido a los préstamos.
Por un lado, algunos legisladores de la oposición dicen que temen que los intendentes del oficialismo tomen deuda a largo plazo para financiar obras en un año electoral (2015) sin importarles demasiado cómo quedan las finanzas municipales.
En tanto, otros sectores políticos opositores sin representación legislativa sostienen que el cambio propuesto es una forma de financiar a la Provincia, que se desentenderá de obras que deberán encarar los municipios con el nuevo endeudamiento.

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