Adicciones
Jueves 02 de Agosto de 2018

Instituciones políticas y sociales impulsan ley de emergencia en adicciones

Referente de movimientos sociales estuvo en Paraná para difundir el proyecto de ley nacional que cuenta con el apoyo de la Pastoral Social de la Iglesia

Así como hay un crecimiento exponencial del consumo y de la venta ilegal de droga, también hay dificultades y falta de políticas públicas para el abordaje integral en materia de consumos problemáticos de sustancias y adicciones.
Un reciente informe de la Secretaría de Adicciones de la Nación señaló que entre los 12 y los 16 años es la etapa de la vida en que mayormente los adolescentes se sumergen en el mundo de las drogas, ya que a los 13 años se inicia el 20,7% de los chicos; a los 15 el 19,2%; y a los 12 años el 11,6%. Otros informes nacionales e internacionales revelan que el 10% de los habitantes del país está comprometido con algún tipo de sustancia tóxica.
Junto a ello son evidentes los problemas para atender a las personas con adicciones. La construcción de Centros Preventivos Locales de las Adicciones (Cepla) no avanzaron en territorio entrerriano, pese a los anuncios hace más de tres años. En el caso de Paraná, la obra enclavada en barrio Anacleto Medina quedó abandonada, sin fondos ni interés por parte del gobierno nacional.
Estos datos, junto a los fundamentos para requerir un abordaje integral ante una problemática que se ha extendido en todo el entramado social, forma parte de un proyecto de ley para que se declare la Emergencia en Adicciones, que se encuentra en el Congreso, y que fue una de los planteos y banderas que levantó la Marcha Federal a principios de junio.
Distintas instituciones políticas, movimientos sociales e incluso la Pastoral Social de la Iglesia, impulsan y empujan el tratamiento en el Congreso de la Nación, de la iniciativa presentada por la diputada santafesina Silvana Frana, que además es presidenta de la Comisión de Adicciones en la Cámara baja.
En el marco de la difusión, estuvo ayer en la capital provincial el secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita y referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Gildo Onorato. Invitado por la Fundación Crescer, participó de un encuentro de intercambio de experiencias y de análisis de lo que ocurre en cada territorio. "Nos parece importante fortalecer, aunar objetivos y que la sociedad entrerriana esté informada de lo que se presentó a nivel nacional. Este proyecto es muy importante para construir políticas públicas, en relación a una problemática que se mira muchas veces desde la parcialidad", apuntó la titular de la entidad paranaense, Sandra Cislaghi. Crescer está comprometido en esa tarea de consolidar objetivos y acciones con otras organizaciones.
El proyecto de ley de Emergencia en Adicciones plantea un trabajo en cinco años, unificando políticas públicas en la prevención, abordaje integral y tratamiento de los consumos de sustancias psicoactivas, Incluye, según apuntó Cislaghi, que las obras sociales cubran como servicio médico a los tratamientos para los chicos con consumos problemáticas; incorpora a la ley de salud mental; e incluso agrega a los medios de comunicación como corresponsables en la prevención. Hace partícipe al Ministerio de Educación de la Nación, jerarquizando el trabajo en ámbitos educativos, y otorga institucionalidad a las organizaciones civiles que trabajan en esta temática.
Da también más recursos a Sedronar para abrir nuevos espacios de abordaje y tratamientos preventivos y de tratamiento de las personas con consumos de sustancias psicoactivas en su fase adictiva.
"Este proyecto de ley unifica las parcialidades, ya que las distintas normas han abordado en este tiempo desde la parcialidad, a la problemática de las adicciones. Con esta ley sería una mirada totalizadora en relación a construcción de políticas públicas que no solamente prevé la asistencia, sino que se insta con una fuerza contundente a poder construir políticas que den repuestas reales a una problemática, y no ir ante la urgencia", reseñó Cislaghi.
Onorato se refirió a lo que se vive en la territorialidad: "El consumo problemático se está extendiendo y nos parece importante abordar esta problemática porque no es un flagelo, sino que es un problema político que demanda respuestas del Estado. Y quienes más lo sufren son los humildes".
El dirigente social destacó las distintas atribuciones que tiene el proyecto de ley, para abordarlo desde una política pública. "Propone una guía de orientación escolar, atiende la inclusión laboral para las personas con consumo problemático, gesta espacios para la discusión en los medios de comunicación, y propone crear un Consejo Nacional para el tratamiento y prevención del consumo problemático", citó.
"Nos parece que al aumentar el cuadro de la desigualdad y de la pobreza se desarticula más el tejido social, y sobre todo los adolescentes son los que más expuestos están ante estas problemáticas, que se van extendiendo más allá del signo político que nos gobierne. Además de un problema de salud, implica un problema político, porque el narcotráfico se está extendiendo. Particularmente en Paraná hay una causa judicial que tiene vinculaciones en principio con la política, que veremos luego qué decide la Justicia. Pero esa situación se está extendiendo en varios lugares y nos preocupa, porque eso está vinculado a la destrucción del tejido social, al crecimiento del consumo y del narcomenudeo, y hace vulnerable a los adolescentes frente a esos sectores corruptos de las fuerzas de seguridad, no todos, porque son una minoría pero que tienen fuerza con aquellos ligados a estos negocios espurios", reseñó.
Onorato se mostró expectante que el proyecto tenga curso en los próximos meses en el Congreso de la Nación.
En ese sentido, dijo que el 7, durante la festividad de San Cayetano, en el templo de Liniers –Buenos Aires– se movilizarán para reflotar nuevamente en la agenda pública las cinco propuestas de la marcha federal –las restantes cuatro son la Emergencias Alimentaria; Ley de Trabajo, Urbanización de barrios populares e Infraestructura social; y de Agricultura familiar.
"Tenemos articulación y acompañamiento de la Pastoral Social de la Iglesia, fundamentalmente en la figura del obispo Jorge Lugones, y como es de público conocimiento, los movimientos sociales tenemos una agenda muy vinculada al tema de la pobreza, trabajo, hambre y de los pequeños productores agropecuarios o familiares. Y el tema de las adiciones son problemáticas que trascienden las diferencias políticas.


Detalles

El proyecto de ley propone la declaración de emergencia por cinco años. Plantea un abordaje integral, y entre otros puntos, que las obras sociales cubran como servicio médico a los tratamientos; hace partícipe al Ministerio de Educación para su trabajo; e incorpora experiencias de instituciones y movimientos sociales.
Y lo principal es que unifica las parcialidades en que se ha ido abordando el tema.

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