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Domingo 09 de Diciembre de 2018

Incluir Salud: alerta por la decisión de traspasar el programa a las provincias

La Agencia Nacional de Discapacidad modificó los convenios vigentes y desde el 1° de enero, Entre Ríos deberá afrontar los costos con fondos propios

A fines de agosto, instituciones que prestan servicios a personas con discapacidad en Entre Ríos habían denunciado la interrupción de los pagos por parte del programa federal Incluir Salud (ex-Profe), que depende del gobierno nacional. Si bien hubo algunos desembolsos parciales, la deuda persiste y ahora se suma una nueva polémica en torno al plan que debe brindar cobertura médica integral a los titulares de Pensiones Nacionales no Contributivas, alcanzando a las madres con siete hijos y más, personas con discapacidad con invalidez laboral, mayores de 70 años en situación de pobreza, beneficiarios de pensiones por leyes especiales, como excombatientes de Malvinas, familiares de desaparecidos, precursores de la Antártida Argentina, ganadores de Premios Nobel u Olímpicos, prelados, entre otros.
Según informaron desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos, la Agencia Nacional de Discapacidad (AND) planteó de forma "unilateral" la decisión de "traspasar al ámbito provincial a partir del 1° de enero lo referente a la gestión, modalidad, logística y regulación de valores de los aranceles de las prestaciones de diálisis de 125 pacientes y sus traslados, y además del transporte de más de 250 personas que padecen discapacidad que concurren a instituciones que mantienen convenio con el organismo nacional, entre otras prestaciones".
Desde la cartera que conduce Sonia Velázquez mostraron su preocupación y calificaron de "arbitraria e inoportuna" la medida. A su vez, se manifestaron en estado de alerta, "entendiendo necesario postergar la firma de la modificación al convenio vigente".
En este sentido, señalaron: "El plazo que estipula Nación para instrumentar procedimientos administrativos que garanticen la accesibilidad real a las prestaciones, se torna absolutamente exiguo, por cuanto ello implica materializar e instrumentar un modelo de gestión complejo, lo cual significa una readecuación de logística y operativa, que materialmente no se puede resolver en escasos días".
A su vez, especificaron que "se requiere de un trabajo intersectorial y coordinado entre el Ministerio de Salud y los prestadores privados, que sin duda no se ajusta a los tiempos propuestos por el organismo nacional, lo cual puede afectar la continuidad de las prestaciones a los pacientes".
Desde el Ministerio de Salud recordaron que la AND mantiene con la Provincia una deuda de aproximadamente 110 millones de pesos, producto de diversas prestaciones brindadas a ciudadanos entrerrianos. Asimismo, mantiene otra deuda de más de 100 millones de pesos con entidades privadas como centros de diálisis, centros de trasplantes, droguerías locales, instituciones de discapacidad y transportistas.
En este marco, Ana Gabriela Diez, subsecretaria de Administración del Ministerio de Salud, dijo a UNO: "Ante los diferentes recortes en el envío de las transferencias desde el programa Incluir Nación, que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad, se ha generado una deuda de Nación con la Provincia. No obstante eso, hubo una decisión política del gobernador, Gustavo Bordet, de no resentir ningún derecho de ningún paciente entrerriano de los que concurren a los efectores públicos".
En este sentido, recalcó: "La Provincia ya se está haciendo cargo con rentas del Tesoro provincial, pero ahora estamos en un contexto en el que quieren traspasar a la Provincia otra serie de prestaciones de alto costo a partir del 1° de enero, y es muy complejo el traspaso en un plazo tan exiguo, además de la logística que todo eso implica. Lo que se pide es que evalúe un plazo más razonable para implementarlo, porque no dan los tiempos administrativos".
Andrea Nassivera, coordinadora de la Unidad de Gestión Provincial (UGP) del Programa Federal Incluir Salud en Entre Ríos, sostuvo que les notificaron sobre la medida a fines de octubre y que hubo información que les fue suministrada recién en noviembre, y afirmó que "la situación es compleja, es grave, porque son prestaciones que no se pueden interrumpir".
La funcionaria recordó que "en Entre Ríos son 33.550 los beneficiarios, que son aquellas personas titulares de pensiones nacionales no contributivas", y sostuvo: "Estamos hablando de una población muy vulnerable, porque son aquellas madres de más de siete hijos, provenientes de un contexto socioeconómico adverso, personas con discapacidad o con enfermedades muy graves y crónicas, y adultos mayores".
"El programa funciona en Entre Ríos a través de un órgano provincial que ejecuta y administra los recursos que en teoría la Nación nos remite a las provincias para la cobertura de todas las prestaciones que necesitan estos beneficiarios que son pacientes hospitalarios y de los efectores públicos", acotó, y aclaró: "En la actualidad son dos las modalidades de cobertura, una es a través de la remisión de fondos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad a los ministerios de Salud de las provincias, a partir de un convenio que especifica derechos y obligaciones de cada parte. Estos recursos no se han transferido y tiene que hacerse cargo la Provincia. Hemos afrontado el déficit de la Nación con rentas generales y no se ha interrumpido ninguna de las prestaciones que tenemos que brindar".
Acto seguido, manifestó: "Por otra parte, hay prestaciones de alto costo que la Nación cubría en forma directa: gestionaba y pagaba directamente sin intervención de la Provincia, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los tratamientos de diálisis, los trasplantes, algunos tratamientos farmacológicos de alto costo, como en enfermedades pocos frecuentes, casos de hemofilia; y ellos cubrían directamente todas las prestaciones de discapacidad que brindan instituciones, como centros de día, hogares, residencias, incluyendo el transporte de las personas con discapacidad a los centros. En nuestra provincia la Nación tiene contrato con 19 instituciones en distintas localidades, como San Francisco de Asís, Apana, Don Uva, El Solar en Colón, entre otras. Se ha generado un déficit en el pago de las prestaciones, sobre todo en este sector, que ya ha venido reclamando, con deudas que han perjudicado seriamente a los prestadores privados. Los mismos prestadores nos han informado que se les debe más de 100 millones de pesos".
Por otra parte, advirtió que "los recursos que se compromete la Nación a transferir a la Provincia para hacer frente a dichas prestaciones, son absolutamente insuficientes", y concluyó: "Sabemos que la Provincia va a tener que afrontar y compensar la diferencia, además de la situación en que venimos hace dos años sin la remisión de los recursos. Esto se suma a lo que la Provincia está afrontando, que es obligación de la Nación".

Impacto económico
Diez subrayó que "el Programa cubre prestaciones de alto costo" y señaló: "En el caso de que la Nación restrinja todos los recursos, considerando los valores actuales estamos hablando de un presupuesto de casi 600 millones de pesos anuales para cubrir las prestaciones de los 33.550 beneficiarios entrerrianos de Incluir Salud".
A su vez, indicó: "Si se envían fondos parcialmente, hay que considerar que hoy el valor de la cápita es insuficiente: son 211 pesos por beneficiario y no se llegan a cubrir estas prestaciones, muchas de las cuales requieren insumos y medicación importados; y afrontar el pago del transporte, con el impacto del aumento de combustible".

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