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Fiscalía Anticorrupción, lista para que la voten Diputados

El proyecto de ley que crea la Fiscalía Anticorrupción de la Provincia recibió dictamen de mayoría, sin aval de la oposición. Se votaría en dos semanas.

Miércoles 06 de Julio de 2022

Después de casi tres meses, la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados emitió dictamen sobre el proyecto del Ejecutivo para crear una Fiscalía Anticorrupción en Entre Ríos. El texto remitido da luz verde a la continuidad de los equipos técnicos que funcionan actualmente en Fiscalía y mayor mérito en el concurso a los abogados con experiencia en administración pública. Pese a que estos cambios iban a atender sus reclamos, la oposición no acompañó el dictamen.

El proyecto de ley para crear una Fiscalía Anticorrupción tal cual manda la Constitución de 2008 fue aprobado por mayoría en Comisión e ingresará al recinto este miércoles 6. Será incorporado para su votación en el orden del día de la siguiente sesión, en dos semanas.

El texto salido de Asuntos Constitucionales lleva solamente las firmas de los diputados oficialistas, pese a que el articulado enviado por el gobernador Gustavo Bordet sufrió múltiples alteraciones en busca del "mayor de los consensos" como pidió el mandatario provincial.

Al pie del texto, se pueden observar las rúbricas del presidente de la Comisión, Juan Pablo Cosso; Vanesa Castillo; Sergio Castrillón; Mariana Farfán; Juan Reynaldo Navarro; Carina Ramos y María del Carmen Toller, registró APF. Ningún legislador de Juntos por Entre Ríos acompañó la iniciativa.

El nuevo proyecto de ley varía la forma de selección de los equipos técnicos que asistirán a la futura Fiscalía Anticorrupción. En el texto original, los elegía el Consejo de la Magistratura y los nombraba por decreto el Ejecutivo. La oposición cuestionó que era una intromisión en otro poder.

Entonces los diputados resolvieron darle esa facultad, con limitaciones, al Procurador, Jorge García. “Los cargos de peritos serán designados por Resolución del Procurador General de la Provincia de una terna vinculante propuesta por el Fiscal Anticorrupción, previo concurso público con intervención y apoyatura del Consejo de la Magistratura, con participación de los Colegios profesionales según las competencias requeridas, conforme el procedimiento que dicte el Decreto reglamentario”, dice el nuevo artículo.

Además, el proyecto remitido al plenario habilita que la incorporación de profesionales técnicos se dé de forma progresiva y que no sea un limitante al funcionamiento de la Fiscalía.

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También convalida al actual equipo técnico de Fiscalía, empleados de la Procuración General, cuya actuación en juicios de corrupción fue cuestionada por falta de incumbencia profesional. Algunos de sus informes fueron incluso descartados como pruebas por la Justicia de Garantías.

“El concurso y la integración de los profesionales podrá realizarse en forma progresiva, sin que ello impida la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción (...) Para su operatividad, podrá apoyarse en los órganos periciales existentes hasta la designación de los profesionales previstos", dice la ley.

La oposición también había criticado que en la valoración del concurso para nombrar al Fiscal Anticorrupción se meritúe la experiencia en la administración pública nacional, provincial o municipal. Consideraban que de esta manera, los profesionales del derecho nombrados en el Estado por los últimos gobiernos justicialistas correrían con ventaja.

Este artículo quedó, pero con un agregado para matizar las quejas de Juntos por el Cambio: “En la implementación del concurso ante el Consejo de la Magistratura, deberá otorgarse mayor puntaje a aquellos concursantes que acrediten antecedentes en la administración pública nacional, provincial o municipal, así como formación en materia de derecho administrativo”.

Tampoco satisficieron a la oposición los cambios con lo que se denomina “foro de atracción”. El texto original disponía que el nuevo Fiscal Anticorrupción se quedara de inmediato con las investigaciones de todas las causas por delitos contra la administración pública en trámite. En el que obtuvo dictamen, quedó reducido a aquellas que no tuvieran fecha de elevación a juicio.

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