Fiscales pidieron 7 años y 8 meses de prisión efectiva para Félix Pacayut

Los fiscales Carolina Castagno y Rafael Cotorruelo pidieron este mediodía que el exsenador justicialista Félix Abelardo Pacayut sea condenado a 7 años y 8 meses de prisión efectiva por apropiarse de alrededor de 14 millones de pesos (el mismo valor en dólares por entonces) de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) destinados a obras para reactivar la terminal fluvial de aguas profundas de Ibicuy.

Es la primera vez que se realiza un pedido de condena tan alto en un caso de corrupción. Para Castagno y Cotorruelo, el imputado y los restantes seis imputados pergeñaron un plan destinado a apropiarse de ese dinero, que tuvo un destino no establecido. Lo único que se sabe es que la plata fue girada pero las obras jamás se realizaron.

La causa involucra, además de Pacayut, a su hermano Carlos, para quien se solicitaron 7 años y 4 meses de prisión, por considerarlo autor. También se juzga a los contadores Rafael Morana y Julio Ivanovich; a los exconcejales justicialistas Norberto Durrels y Carlos Lovera y al empresario porteño Miguel Sindor. Según la acusación fiscal, los siete se quedaron con unos 14 millones de pesos- dólares que el Estado Nacional, a través del Ministerio del Interior, envió para realizar obras en el puerto.

Además del pedido de condena para el exsenador, para los restantes juzgados se realizaron los siguientes pedidos: Sindor 7 años y 4 meses por partícipe necesario; Durrels y Morana 5 años por coautor de peculado; Lovera e Ivanovich 4 años por partícipes. Para todos se exigió además la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos de por vida y el pago de una multa de 90.000 pesos.

Por su parte, el requerimiento de la Oficina Anticorrupción contempló las siguientes penas: para Félix Pacayut, como partícipe necesario, 6 años y 8 meses, multa de 90.000 pesos y inhabilitación perpetua; para Carlos Pacayut, como autor, 6 años y 4 meses y multa de 90.000 pesos; para Sindor, como partícipe necesario, 6 y 4 meses, la misma multa y la misma inhabilitación; para Morana, como partícipe necesario, cuatro años de cárcel y las mismas inhabilitación y multa; para Durruels, participe necesario, 4 años; para Lovera, participe necesario, 3 años y medio de prisión; para Ivanovich, participe necesario, 3 años y medio.

A todos se los acusa de peculado. Por la tarde alegará la defensa.

A la instancia de hoy se llegó luego de seis largos días de debate, que incluyeron extensos interrogatorios a testigos y prolongadas declaraciones de los acusados en el caso conocido como Puerto Ibicuy. Luego de los fiscales, alegarán los abogados defensores de los siete acusados de apropiarse del ATN.

Historia
Once años ya pasaron desde que la sociedad entrerriana comenzó a escuchar sobre un supuesto caso de corrupción ocurrido en el sur entrerriano, que habría sido pergeñado por el exsenador Pacayut, nacido en Corrientes, pero afincado desde los años 70 en la localidad de Mazaruca.

La gestión se realizó a través de una Comisión de fomento prodesarrollo del Puerto de Ibicuy –Asociación Civil sin fines de lucro, y con personería jurídica en trámite. Tras una licitación privada se adjudicó la ejecución a BuildingArg SA, Luego de advertirse las limitaciones de la asociación, así como la idoneidad en la materia del Instituto Portuario Provincial (IPP) y el Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI), la Comisión cedió el contrato suscripto con BuildingArg SA a las entidades públicas.

El convenio se formalizó en Ibicuy entre la asociación, Carlos y Abelardo Pacayut como presidentes respectivamente del EAPI y el IPP. Fue un instrumento privado, sin firmas certificadas ni fecha cierta, y sin ninguna mención a la previa conformidad de BuildingArg.

La empresa recibió 14 millones de adelanto y no terminó las obras. Se supone que ese dinero quedó en manos de los acusados o sirvió para pagar gastos políticos.

La Provincia, en la gestión de Sergio Montiel, intentó cobrar los seguros de caución que se toman ante cada obra que se ejecuta, pero porque supuestamente había irregularidades en el contrato, las compañías se negaron a pagar. Mientras que los acusados dicen que las aseguradoras no pagaron porque la Fiscalía de Estado, a cargo por aquel entonces del abogado Sergio Avero equivocó los caminos, los denunciantes aseguran que hubo severas irregularidades, que incluyeron el pago de sobreprecios por los materiales utilizados.

Una de las discusiones estará centrada en conocer si la obra debía ajustarse a la Ley de Obras Públicas o no, ya que la licitación fue privada.