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Finalmente se construirá el polémico edificio de calle Catamarca, el más alto de Paraná

El STJ habilitó obra en litigio judicial desde hace unos seis años. El expediente se inició en 2013, y un año después obtuvo un cuestionado permiso. Tras los primeros trabajos y daños, se detuvo en 2017.

Martes 09 de Junio de 2020

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el planteo de vecinos de calle Catamarca y habilitó la construcción del edificio que había sido identificado, en el inicio de su polémico trámite administrativo, como el más alto de Paraná y de la provincia.

Tras un litigio que se inició en 2015, la Justicia habilitó con un fallo, el 3 de junio, la edificación que tanta preocupación y daño, aún con sus primeros movimientos en el lote, había generado en la manzana ubicada a pocos metros del Rosedal.

El conflicto no pudo siquiera destrabarse pese al paso de tres administraciones municipales, en el marco de aspectos urbanos, o de viabilidad de semejante concentración en un minúsculo terreno, ya saturado incluso en sus alrededores por servicios deficientes en materia de agua y cloaca, como vienen describiendo los vecinos.

El STJ se puso del lado de los inversores en el conflicto suscitado en ese tramo final de calle Catamarca, más parecido a un pasaje que a una calle, por lo angosta de su calzada y acera.

Mientras avanzaban los planteos y reclamos administrativos, primero ante el gobierno municipal por anomalías en el otorgamiento del permiso de construcción, y posteriormente ante la Justicia, se desarrollaron trabajos de demolición y movimiento de suelos que ocasionaron los primeros problemas en las viviendas linderas, con rajaduras y quiebres de techos y paredes. Ello se profundizó a partir del desarrollo de las tareas para el levantamiento de los pilotes.

La obra había sido detenida por la Justicia hace tres años hasta tanto se definiera el planteo de fondo. Hasta que llegó la decisión del STJ, que avaló la megainversión del denominado Fideicomiso Catamarca 646.

La génesis del conflicto legal fue advertida por UNO en 2015, aunque el expediente de obra se presentó en diciembre de 2013. Antes, se habían iniciado los reclamos por las vías administrativas.

La situación debe remitirse a las irregularidades en la conformación de la Comisión Asesora que dictaminó la factibilidad del proyecto, en 2014, durante la intendencia de Blanca Osuna.

Precisamente, la resolución de esa comisión fue ilegítima porque no fueron convocados todos los miembros, fue el argumento de los vecinos. La factibilidad solicitada para la construcción requería de un procedimiento especial y previo a su dictado, consistente en el tratamiento obligatorio de una comisión asesora integrada por funcionarios municipales, un delegado de cada bloque legislativo del Concejo Deliberante, representantes de colegios profesionales y de organizaciones no gubernamentales ecologistas con especialidad en Urbanismo. Sin embargo, según la documentación disponible, esa comisión fue reunida luego de otorgada la factibilidad, e integrada por menos de la mitad de sus integrantes, sin que conste que sus integrantes fueron convocados públicamente.

Ya durante la anterior gestión municipal, a cargo de Sergio Varisco, hubo diversos planteos de los principales actores del negocio inmobiliario, para reclamar a la Municipalidad, “garantía jurídica”, y así llevar adelante inversiones. De todos modos, por entonces el conflicto estaba ya judicializado.

El inmueble de la megaobra pertenecía a la familia Mizawak, y fue ocupado durante varios años por el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem).

El proyecto ejecutivo propone construir un edificio de 25 pisos, 74 departamentos y 60 cocheras, en un lote de unos 10 metros de frente, por 80 metros de fondo. La comercialización de los departamentos se inició a mediados de 2014, al otorgarse la factibilidad del proyecto en julio. Durante varios meses a los vecinos se les impidió acceder al seguimiento de proyecto y de obra.

La situación vuelve a poner nuevamente en escena una problemática de fondo, estructural, como es la proliferación sin planificación de torres de edificios en la ciudad, sin debate público ciudadano: la ciudad crece por las decisiones de los privados vinculados al negocio, lejos de garantizar la viabilidad y beneficio para una comunidad.

Al mismo tiempo, se saturan y colapsan los servicios públicos como agua y cloaca, cuyas redes subterráneas no están preparadas para tamaño nivel de demanda. El avance de estos emprendimientos tampoco tienen en cuenta aspectos ambientales o arquitectónicos.

Ante la consulta de UNO, los vecinos precisaron que solo queda que, de una vez, haya decisiones políticas basadas en criterios técnicos, y también de beneficio ciudadano. La otra vía, por ahora, estaría casi descartada: recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Datos del proceso

*En diciembre de 2013 se presentó en la Municipalidad de Paraná el expediente para obtener la habilitación de la obra del edificio, en calle Catamarca, entre Alameda de la Federación y Mitre.

*En 2014, en una controvertida y polémica decisión por anomalías en la conformación de la comisión asesora, según plantearon los vecinos, se otorgó la factibilidad.

*En 2015 el conflicto administrativo se trasladó a la Justicia. Ese mismo año se iniciaron los primeros movimientos de obra.

*Tras varios planteos, en junio de 2017, la obra fue detenida por un fallo judicial.

*Un año después, tras otras presentaciones, fue retirada la grúa de casi 50 metros de altura, con una pluma móvil de una tonelada, erguida entre las viviendas y edificaciones.

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