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Fallo judicial en defensa de los humedales de la zona de islas de Victoria

Rechazo del STJ a planteo de multinacional.

Lunes 25 de Noviembre de 2019

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el recurso interpuesto por Bema Agri contra la Municipalidad de Victoria. De ese modo, ratificó lo resuelto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, en julio de 2018 donde no hicieron lugar a la acción promovida por la empresa holandesa que tenía como objetivo seguir desarrollando actividades agrícolas con terraplenes en un área natural protegida por ordenanza municipal y ley provincial.

La empresa se había radicado en la zona de Isla Irupé en el año 2008 sin ningún tipo de autorización del Estado municipal, y desoyó todas las órdenes de cese de actividad.

El fallo ratifica que la Municipalidad de Victoria es competente para reglamentar el derecho de propiedad mediante restricciones limitativas del derecho de dominio. La empresa había cuestionado las decisiones y normas municipales que le ordenaron paralizar obras hidráulicas de grandes dimensiones.

La explotación agrícola de Bema Agri fue la más emblemática de construcción de terraplenes, por su tamaño de 2.500 hectáreas, para llevar adelante sembradíos de oleaginosas.

El emprendimiento se montó sin autorización y en contra de las legislaciones vigentes: hay ordenanzas, como la N° 2.185, que declara “área natural protegida” la zona de islas, y especifica que en esas tierras no se puede cultivar oleaginosas; solo están permitidos cultivos orgánicos. También, se establece que no se podrán realizar obras, salvo las viviendas de los isleños.

Por Ordenanza Nº 1.787/08 se prevé que todo “emprendimiento en territorio de las islas del Paraná comprendido en el ejido municipal de la ciudad de Victoria, en lo que respecta a urbanización, construcción y modificación de la topografía del terreno, cursos de agua y prácticas que alteren el ecosistema, quedará supeditado a la opinión del Concejo Deliberante”.

Y la Ordenanza Nº 2.472 actúa como preservación de las condiciones ambientales al establecer que en el suelo litoral, no está admitida la “agricultura y actividades productivas industriales”.

El emprendimiento fue a lo largo de los años varias veces cuestionado desde ese Estado municipal, que notificó en diversas oportunidades a los dueños sobre la imposibilidad legal de llevar adelante actividades agropecuarias en las islas, así como movimientos de tierras que alteren el normal movimiento del río sin la autorización del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Aguas (Corufa).

En septiembre de 2015 se denunció que la empresa multinacional había cerrado alrededor de 20.000 hectáreas en las islas para la siembra de soja. A pesar de las prohibiciones que existían al respecto, no solo continuaba con esta actividad desde 2008, sino que además estaba construyendo una planta de silos y un galpón de aproximadamente 150 metros de largo; sin que medie autorización alguna de la comuna.

Problemática

En el marco de la problemática de construcciones ilegales de terraplenes, meses atrás la Municipalidad de Victoria estableció la suspensión de toda actividad en la extensa zona de islas entrerrianas de esa jurisdicción, y se intimó a quienes explotan algún sector a presentar en un plazo no mayor a 30 días la documentación habilitante.

La reacción se conoció tras conocerse que hay unos nueve terraplenes que se hicieron contrariando las normas vigentes, tal como denunciaron grupos ambientalistas. El caso más emblemático es el perteneciente a Bema Agri, pero hay otros que se extienden en el Delta entrerriano, en jurisdicción del Departamento Victoria.

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