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Estudian una ley para proteger a quien compre una vivienda

Se trata de un documento que deberá contener todos los datos técnicos del inmueble en venta. El proyecto está en el Senado entrerriano. Una de las finalidades de la norma es evitar estafas.

Jueves 29 de Noviembre de 2012

Humedad, aberturas rotas, problemas con el gas, paredes dañadas e imposibilidad para escriturar son algunos de los problemas que puede encontrar una persona cuando adquiere una vivienda. Para proteger al comprador, el Senado entrerriano propone crear la Constatación de Idoneidad Técnica de Inmuebles.
 

Se trata de un documento donde deben constar todos los datos del inmueble, como por ejemplo antigüedad y refacciones entre otras cuestiones. La iniciativa ha recogido aprobaciones y objeciones de distintos actores que intervienen en el negocio inmobiliario.

Con buenos ojos
Los senadores se reunieron con representantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Entre Ríos, del Colegio de Arquitectos y del Colegio de Maestros Mayores de Obra, quienes expresaron su acuerdo con la naturaleza del proyecto y propusieron una serie de cambios en la redacción para darle mayor precisión a los alcances.
 

Desde el Colegio de Arquitectos se señaló que “generará transparencia, representará un beneficio a quienes deseen comprar inmuebles y aportará en la calidad de vida de los habitantes de las ciudades”.
 

Los arquitectos plantearon la necesidad de que en el certificado consten, por ejemplo en el caso de un edificio, quiénes fueron los profesionales que actuaron. También se deberán incluir los índices que “determinan la ocupación del suelo (FOS), y total (FOT) para tener certezas en el caso de que se pretenda ampliar, o realizar cualquier modificación”. Los profesionales plantearon, entre otras cuestiones, que “deberá especificarse si existe en la zona infraestructura como red cloacal, gas natural, electricidad y si la propiedad cuenta con conexión a estas y con documentación aprobada”.

Rechazo
El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, Escribanos, Martilleros, Abogados y Agrimensores se mostraron en desacuerdo con la iniciativa, porque entre otras cosas la consideran inconstitucional.
 

Para el Colegio Inmobiliario el contenido del artículo 1 del proyecto “es difuso, incoherente e ininteligible”, ya que “parece más la creación de un negocio específico para algunos que una norma destinada a proteger el interés de las partes contratantes, el cual ya está suficientemente protegido por la legislación de fondo”. En tanto los Martilleros dijeron que al leer el texto e imaginar su aplicación, se podrían generar inconvenientes para ellos cuando actúan como auxiliares de la Justicia. En cuanto a la existencia o no de planos de una propiedad, mencionaron que hace algunos años desde la Provincia se impulsó y realizó un relevamiento catastral.
 

Los agrimensores expresaron que desde los municipios se puede informar si existe o no plano registrado, y observaron que se podría estar avanzando sobre atribuciones que son de las comunas.
 

Desde el Colegio de Abogados agradecieron las explicaciones del autor de la ley en relación a los fundamentos que llevaron a la presentación del texto y coincidieron con miembros de otras profesiones en relación a que algunos de los requisitos demandados ya son parte del control municipal.

El proyecto
La denominada Constatación de Idoneidad Técnica de Inmuebles, permitiría determinar el estado estructural, de construcción y reglamentario de bienes raíces.
 

Este documento sería parte de todo contrato en que las partes se obliguen a hacer escritura pública y/o en la adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos sobre inmuebles, y tendrá por objeto asegurar al momento de la instrumentación el conocimiento de estos detalles por parte del adquirente. Podría ser confeccionada por un ingeniero, arquitecto o maestro mayor de obras, intervenido y aprobado por el colegio de profesionales respectivo y visado por el Organismo Estatal Fiscalizador a través del área correspondiente y contendrá lo atinente a antigüedad de la construcción, estado de conservación, vicios y/o defectos, superficies, cumplimiento de normas legales y todo otro recaudo que pueda llegar a establecerse a través de la reglamentación.

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