El Gobierno de Entre Ríos avanzó en la regularización de 124.000 hectáreas de tierras fiscales, equivalentes al 65% de la superficie total de propiedad provincial. El proceso permitió ordenar ocupaciones que durante años se encontraban en situación irregular o clandestina y establecer permisos onerosos de uso de suelo.

La iniciativa fue impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio y forma parte de una política orientada a recuperar el control sobre el patrimonio estatal, formalizar los usos existentes y generar ingresos para las arcas provinciales. La mayor parte de las tierras fiscales se encuentra ubicada en la zona del Delta, principalmente en los departamentos Gualeguay y Victoria.

Según se informó desde el Gobierno provincial, al inicio de la actual gestión prácticamente la totalidad de esos inmuebles se encontraba ocupada de manera irregular o clandestina. A partir de la puesta en marcha del Programa de Regularización de la Ocupación de las Tierras Fiscales, comenzó un proceso destinado a conocer la situación de cada inmueble, establecer condiciones de uso y avanzar en su administración formal.

La regularización alcanzada durante los últimos dos años representa, además, una fuente de recursos para la Provincia. A través de los permisos onerosos se busca que la utilización de terrenos que pertenecen al Estado provincial genere una contraprestación económica, al tiempo que se garantiza un mayor control sobre el destino de esas superficies.

Una nueva agencia para administrar el patrimonio

El proceso fue potenciado recientemente con la creación de la Agencia Administradora de Bienes de la Provincia de Entre Ríos (AABIPER), organismo que tendrá entre sus objetivos completar el ordenamiento de las tierras fiscales y establecer mecanismos de gestión sobre el conjunto del patrimonio inmobiliario estatal.

Las líneas de acción de la agencia son coordinadas desde la Secretaría General de la Gobernación, desde donde se realiza el seguimiento de los avances alcanzados.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la dimensión del proceso y planteó que la recuperación de las tierras fiscales implica recuperar un patrimonio que pertenece al conjunto de la sociedad entrerriana.

“Recuperar 124.000 hectáreas de tierras fiscales significa recuperar patrimonio que pertenece a todos los entrerrianos”, sostuvo Colello. En ese sentido, vinculó la iniciativa con la decisión de ordenar el funcionamiento del Estado, conocer los bienes disponibles y establecer mecanismos que permitan determinar cómo son administrados.

El funcionario cuestionó la falta de control existente sobre esos inmuebles durante años y remarcó que la intención de la actual gestión es avanzar hacia un esquema que permita proteger el patrimonio público y ponerlo al servicio del desarrollo provincial.

Inventario de los 200 lotes

La AABIPER proyecta ahora profundizar el trabajo realizado mediante un relevamiento e inventario detallado de los 200 lotes de propiedad provincial. El objetivo es determinar las características productivas y establecer con mayor precisión el valor locativo de cada inmueble.

El presidente de la agencia, Eduardo Asueta, explicó que actualmente no existe información suficientemente detallada sobre las características y el potencial de cada uno de esos terrenos. Esta situación, según señaló, dificulta establecer valores adecuados para los permisos de uso.

“Hoy carecemos de esa información y en consecuencia el costo de los permisos de uso se determina por criterios generales que no son del todo precisos y en muchos casos no se ajustan a la realidad”, explicó.

Para el funcionario, la falta de una evaluación individual de cada propiedad genera un subaprovechamiento de las tierras fiscales, ya que impide determinar de manera precisa cuál es el valor que puede aportar cada inmueble al patrimonio provincial.

Por ese motivo, el relevamiento buscará reunir información sobre las condiciones productivas de los lotes y su valor locativo. Con esos datos, la Provincia pretende contar con una herramienta que permita mejorar la administración y establecer condiciones de uso acordes con las características de cada propiedad.

Asueta remarcó que la administración de las tierras fiscales debe responder al interés general y sostuvo que para ello resulta indispensable conocer “a ciencia cierta” el potencial de cada inmueble.

Más transparencia en los contratos

La estrategia oficial también contempla modificar la forma en que se administra la propiedad inmueble provincial. Desde la AABIPER anticiparon que se trabaja en un esquema de gestión transparente y público, que permita conocer el destino de cada inmueble perteneciente al Estado.

El propósito es que la información sobre las propiedades provinciales pueda ser consultada y que los procesos para acceder a contratos de uso oneroso se desarrollen bajo reglas públicas y equitativas.

En ese sentido, Asueta sostuvo que el objetivo es que todos los entrerrianos puedan conocer qué se hace con los inmuebles provinciales y que quienes estén interesados tengan la posibilidad de participar en los procesos de contratación.

La política oficial apunta así a dos objetivos simultáneos: mejorar el aprovechamiento económico de las tierras fiscales y fortalecer los mecanismos de control sobre el patrimonio estatal.

La regularización de las 124.000 hectáreas constituye el primer tramo de un proceso que la Provincia pretende extender hasta alcanzar la totalidad de las tierras fiscales. Para el Gobierno, conocer la situación, características y potencial de cada inmueble permitirá avanzar hacia una administración más eficiente y evitar que propiedades públicas vuelvan a quedar sujetas a ocupaciones sin control o fuera de los mecanismos formales de gestión.