El Gobierno de Entre Ríos formalizó este martes la toma de deuda por hasta 307,5 millones de dólares destinada a financiar obras de infraestructura vial en distintos puntos de la provincia. La decisión quedó plasmada en dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial Nº 28.351, mediante las cuales el Ministerio de Economía y Servicios Públicos avanzó con la instrumentación de créditos otorgados por organismos multilaterales.

Los fondos provendrán del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y estarán orientados a programas de conectividad y desarrollo de la red vial entrerriana. La operatoria contempla además la afectación de recursos de coparticipación federal como garantía de repago.

Obras viales

La primera resolución autoriza la ejecución de un préstamo de hasta 27,5 millones de dólares otorgado por el BCIE para el Programa de Conectividad y Desarrollo Vial de la Provincia de Entre Ríos (Conver). Según la documentación oficial, los recursos estarán destinados a financiar obras vinculadas a la mejora de la infraestructura vial y la conectividad territorial.

La segunda norma habilita un financiamiento considerablemente mayor, de hasta 280 millones de dólares, proveniente del BID. Los fondos se canalizarán a través del Programa de Infraestructura Vial Sostenible para el Desarrollo Productivo de Entre Ríos (PIVS-ER), iniciativa que apunta a fortalecer corredores estratégicos para la producción y el transporte.

Las resoluciones fueron firmadas por el ministro de Economía, Fabián Boleas, luego de completar el circuito administrativo previsto para este tipo de operaciones. En ese marco, los organismos técnicos de control verificaron que el nuevo endeudamiento se encuentra dentro de los límites legales y constitucionales vigentes.

La Contaduría General de la Provincia dejó constancia de que la proyección de los servicios de deuda no supera el límite constitucional equivalente al 25% de las rentas provinciales. Además, señaló que la relación entre los compromisos financieros previstos para 2026 y los recursos corrientes netos de las transferencias de coparticipación a municipios se mantiene por debajo del tope del 15% establecido por la normativa.

Como parte de las garantías exigidas por los organismos de crédito, la provincia podrá afectar o ceder los derechos de cobro correspondientes al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. La posibilidad de utilizar esos recursos como respaldo se encuentra contemplada en la legislación vigente y forma parte de las autorizaciones otorgadas al Poder Ejecutivo.

Por su parte, la Fiscalía de Estado emitió un dictamen favorable y concluyó que no existen objeciones jurídicas para avanzar con las operaciones de crédito público.

Préstamos

En cuanto a las condiciones financieras, el préstamo del BCIE tendrá un plazo de hasta 20 años, incluyendo cinco años de gracia. La tasa de interés será variable y estará compuesta por la tasa SOFR a seis meses más un margen ajustable trimestralmente por la entidad financiera. A ello se sumarán una comisión de compromiso del 0,25% sobre los montos no desembolsados y una comisión única de administración equivalente al 0,25% del total del crédito.

El financiamiento del BID, en tanto, prevé un plazo de amortización de hasta 21 años y medio, con nueve años de gracia. También se regirá por una tasa variable basada en la SOFR más el margen aplicable para préstamos del capital ordinario del organismo. Asimismo, contempla una comisión de crédito sobre los saldos pendientes de desembolso que no podrá superar el 0,75% anual.

Con estas operaciones, la administración provincial busca asegurar recursos para ejecutar obras viales de largo alcance, mientras incorpora nuevos compromisos financieros en moneda extranjera que deberán ser afrontados durante las próximas décadas.