Entre Ríos: jueces de Garantías quedan excluidos de los juicios abreviados

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso sustraer a la magistratura de Garantías, en todos los casos, la competencia para entender en juicios abreviados, cuyo procedimiento íntegro será llevado a cabo de manera unipersonal por las Vocalías de los Tribunales de Juicios y Apelaciones de la provincia, que poseen atribuciones materiales para dictar sentencias. Lo dispuesto será implementado gradualmente, a partir del 1 de noviembre de 2023.

Según registró UNO, la medida adoptada por el STJ fue en los términos propuestos por la Sala N° 1 en lo Penal, integrada por los vocales Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio y Daniel Omar Carubia. La decisión fue rubricada en la reunión de Acuerdo General celebrada el 10 de octubre. Finalmente, al día siguiente, la misma fue comunicada mediante un escueto comunicado firmado por Elena Salomón, Secretaria del máximo tribunal.

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La audiencia se realizó con restricciones al labor periodístico en el Salón N° 1 de Tribunales.

Según se informó desde el Poder Judicial, "en una primera etapa se sustraerá la competencia para entender en el marco de los acuerdos de juicios abreviados a la magistratura de Garantías de las jurisdicciones en cuyas cabeceras de departamento tiene asiento el Tribunal de Juicios y Apelaciones: Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay y Concepción del Uruguay".

Asimismo, se dispuso que "los juicios abreviados en marcha y aquellos cuyas fechas de celebración se encuentren fijadas en instancia de Garantías, deberán ser concluidos en dicho ámbito".

¿Qué es un juicio abreviado?

El juicio abreviado es un mecanismo que permite resolver los casos penales de forma rápida y consensuada, evitando la realización de un juicio oral y público. Según los datos oficiales, la mayoría de las sentencias condenatorias que se emiten en la provincia se basan en este procedimiento, que requiere el acuerdo entre el fiscal, el defensor y el imputado.

Este procedimiento también ha generado controversias y críticas por parte de la sociedad y de las víctimas, que en muchos casos se sienten excluidas o insatisfechas con los resultados obtenidos. Algunos cuestionan la legitimidad y la transparencia de este sistema, que puede implicar una reducción de la pena o una renuncia a ciertos derechos procesales.