El cruce entre la normativa legal y las prácticas sociales cotidianas revela que el camino hacia la regulación del cannabis está lleno de matices y pone de manifiesto una serie de resistencias que impiden el pleno ejercicio de los derechos conquistados por usuarios y profesionales. En el marco de los debates impulsados por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el abogado Andrés Bacigalupo (especialista en garantías constitucionales y redactor normativo) y la Dra. Brígida Renoldi (Doctora en Antropología Cultural e Investigadora del CONICET/UNaM) analizaron el impacto de las leyes, las resistencias del sistema y las narrativas sociales en torno a la planta y sus usuarios.

Entre Ríos tuvo un avance formal como hito determinante, la Ley Provincial N.º 10.894 (Régimen de accesibilidad al cannabis medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor), sin embargo el impacto y las limitaciones de las normas, los prejuicios, y cierta moralidad, ejercieron tensiones sobre otras miradas que crecían al calor de las transformaciones sociales basadas en el conocimiento científico y en la producción de nuevos sentidos sociales.

Andrés Bacigalupo analiza de qué manera la normativa de Entre Ríos buscó saldar la brecha histórica entre el prohibicionismo represivo y las demandas sociales, otorgando un amparo institucional al derecho a la salud y a la accesibilidad del cannabis. Al analizar la génesis y las intenciones del texto normativo entrerriano, Bacigalupo destaca que se buscó otorgar una protección amplia al derecho a la salud: "Nuestra ley provincial fue sancionada en épocas en las que la ley nacional se encontraba en proceso de reglamentación. Los objetivos son ampliar la gama y posibilidades de personas usuarias y cultivadoras de acceder a los beneficios terapéuticos de la planta con mayor amplitud. Establece un principio de accesibilidad en su artículo segundo, donde se reconoce como un derecho humano fundamental, como ejercicio del derecho a la salud, el acceso al cannabis y sus derivados. Es un cuerpo normativo de excelencia en el país, siendo hasta la actualidad una ley muy poco superada", aclaró.

Frente a la formulación de estos marcos legales, la Dra. Renoldi aporta una mirada analítica sobre los desfasajes temporales entre la norma escrita y la dinámica social: "Cuando hablamos de legislación, de lo prohibido y lo permitido, estamos hablando de una soberanía sobre ciertas prácticas sociales que el propio Estado impone y ordena. Estos consensos muchas veces se expresan en los cambios legales, pero no siempre acompañan la velocidad con la que las prácticas sociales exigen esos cambios, lo que genera desplazamientos y tensiones entre las normas y la realidad cotidiana", señala Renoldi.

Ambos especialistas coinciden en que, aunque la ley de Entre Ríos y marcos nacionales como el REPROCANN (Registro del Programa de Cannabis) representan un progreso indiscutible, la plena aplicación del régimen de accesibilidad choca a diario con inercias burocráticas, administrativas e interpretaciones restrictivas de las agencias de control público.

Obstáculos del aparato penal y la construcción del "delito"

El cruce entre el ejercicio del derecho formal y la realidad institucional pone de manifiesto una serie de resistencias que impiden el pleno ejercicio de los derechos conquistados.

En el plano provincial, Bacigalupo señala con precisión cuál es la traba central que frena la aplicación de la ley de Entre Ríos: "En la actualidad, el principal obstáculo para que comience a entrar en vigencia efectivamente la Ley Provincial 10.894 es precisamente su falta de reglamentación por el Poder Ejecutivo, que consistía en crear la autoridad de aplicación en el Ministerio de Salud de la provincia, para llevar adelante el programa y los registros locales. Es la única resistencia administrativa que encontramos al presente", detalla el abogado. Mientras tanto los derechos de las personas usuarias en nuestra provincia, siguen siendo protegidas por la normativa nacional y no la provincial.

Por su parte, cuando la discusión se traslada al terreno de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, Renoldi y Bacigalupo coinciden en señalar la persistencia del modelo prohibicionista. Renoldi argumenta desde la etnografía policial-judicial que las decisiones judiciales y policiales suelen basarse en legislaciones u homologaciones culturales que pueden considerarse obsoletas, es decir, “los agentes estatales tienen que estar informados pero es algo que no se da a menudo ya que hay un hábito consolidado que se sostiene en la repetición del ejercicio, de cómo tomar decisiones sobre ciertas situaciones e ideas preconcebidas sobre el cannabis”, señala Renoldi. Por eso es recurrente ver cómo, a pesar de existir reglamentaciones y registros para el cultivo medicinal o comunitario, la policía sigue interviniendo, deteniendo jóvenes o allanando asociaciones y destruyendo espacios de cultivo. “Falta una formación adecuada en los agentes estatales para acompañar estos procesos de cambio”. Como se ha notado en los últimos años este proceso social pasa de denominar “marihuana (una connotación muy clara de droga ilegal) a cannabis medicinal (con acentuaciones en otros aspectos) y tiende progresivamente a despojarlo de ese componente moral negativo", concluye la antropóloga.

De este modo, tanto el campo legal como el antropológico concuerdan en que la narrativa histórica sobre el "narcotráfico" o el "comercio ilegal" entra en tensión directa con las prácticas populares de autocultivo, medicina comunitaria y el uso social del cannabis y en este sentido, se han visto algunos cambios en el imaginario legal comprendido en aquel construido por jueces, fuerzas de seguridad, también presente en los discursos de los medios de comunicación. Sin embargo, el paradigma prohibicionista no desaparece de manera definitiva; sigue estando considerada un estupefaciente en materia penal y esto lleva a situaciones grises. El abogado enfatiza que “se han visto muchas veces persecuciones a personas que incluso se encuentran registradas y autorizadas debidamente, porque las fuerzas de seguridad no se encuentran capacitadas para llevar adelante investigaciones o requisas a personas que la propia ley excluye de la materia penal”.

Desigualdad social y la necesidad de un debate continuo

Uno de los ejes conceptuales más significativos es el desplazamiento lingüístico y simbólico en torno a la planta y sus usuarios. Mientras se evalúa la evolución del lenguaje normativo y se pregunta si la categoría de "usuario/cultivador" ha logrado desplazar efectivamente la figura del "delincuente/infractor" en el imaginario legal, existe un impacto cultural de estos giros semánticos. “Hace muchos años que se viene probando el cannabis no sólo en sus usos medicinales, sino también, su lugar en la sociabilidad y su uso recreativo", sostiene Renoldi.

La transformación cultural y judicial es un proceso en disputa donde las figuras estigmatizantes reaparecen periódicamente en las prácticas de control. La transición regulatoria no opera de manera homogénea y el sesgo punitivo suele recaer sobre los sectores más vulnerables, es decir, la transición del prohibicionismo a la regulación actual no impacta a todos los sectores sociales por igual. Y como advierte la investigadora Renoldi: "La regulación actual -que en términos culturales podría considerarse obsoleta- tiene componentes selectivos y está orientada a reprimir ciertas prácticas asociadas a la sociabilidad juvenil. El desarrollo de políticas nacionales para promover una flexibilidad de esta legislación fue exitosa en torno a la idea de cannabis medicinal pero no así en otras dimensiones”, asegura Renoldi.

Esta visión tiene componentes selectivos que tienen que ver con la segregación social, no permite un acceso horizontal ni universal, “sino que hay una jerarquización y una desigualdad que tiene que ver con visiones sobre sectores sociales e incluso sobre territorios habitados por personas que incomodan”, afirma la investigadora Renoldi.

Lo cierto es que cuando hablamos de las regulaciones legales del cannabis se ponen en juego aspectos morales, y justamente es “este componente moral el que produce una secuencia de prácticas represivas y arbitrarias, por eso su importancia en la conversación pública”, afirma Renoldi. Frente a esto, Bacigalupo concluye sobre la urgencia de sostener estos espacios institucionales ya que “toda esta situación es preocupante y sigue requiriendo de un debate social mucho más profundo y continuo, como el que se está brindando con jornadas, charlas y estudios dentro de la universidad pública".

Hacia un futuro de derechos e inclusión en la provincia

La integración del cannabis en los consultorios, los juzgados y la agenda pública de Entre Ríos exige continuar derribando estigmas mediante la formación académica y el debate interdisciplinario. La universidad pública no sólo produce conocimiento científico o insumos para la legislación, sino que abre el espacio para indagar cómo la sociedad y el Estado tramitan las evidencias disponibles: capacitando a los agentes judiciales y policiales, impulsando la reglamentación de las normas locales y garantizando un acceso a la salud y a la información, con perspectiva de derechos e inclusión social.

La evidencia científica que impulsa los marcos legales

Los cambios en las leyes y las narrativas sobre el cannabis no surgieron de la nada; están respaldados por el descubrimiento científico y las investigaciones sobre el sistema endocannabinoide y el uso clínico en patologías complejas. Conocé las propiedades médicas, el funcionamiento del "efecto séquito" y el abordaje de los profesionales de la salud en la nota complementaria sobre Cannabis en la salud. Podés ver más contenidos de este ciclo en esta publicación de Instagram o acceder a la cobertura en video de todo el ciclo a través de YouTube.

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