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En un campo una familia vivía hacinada, sin comer y en estado de abandono

Les habían prometido trabajo, comida y un lugar para vivir. Aunque la promesa quedó en la nada porque perdieron el rastro del empleador.

Martes 09 de Junio de 2020

Una pareja junto a su hijo vivieron durante seis meses en un establecimiento rural bajo condiciones de servidumbre, sin la debida asistencia alimentaria y en un predio con una estructura sumamente precaria. La penosa situación se conoció por una denuncia anónima que alertó por el posible abandono del grupo familiar, que se había abrazado a la promesa de tener trabajo, comida y un lugar para vivir. Según la denuncia penal que se tramita en la Fiscalía de Concordia, el hecho se encuadra en la figura de la Reducción a la servidumbre, un delito que prevé una pena de tres a 15 años de prisión. Una comisión de inspectores de la coordinación de la Secretaría de Trabajo, Delegación Concordia, junto al intendente de la localidad, Julio Almada, pudieron corroborar el estado de salud de las víctimas. De acuerdo al relato de estas personas se pudo establecer que el empleador les había garantizado un empleo en la actividad forestal, pero denunciaron que desde diciembre perdieron el rastro de esa persona.

Teniendo en cuenta que la investigación judicial está en su fase inicial, el nombre del responsable del emprendimiento forestal todavía no es posible hacerlo público, según pudo reconstruir UNO.

“Esta persona los dejó abandonados”, confirmó a este medio el titular de la coordinación de la Secretaría de Trabajo local, Emiliano Delgado.

En las imágenes que fueron publicadas por varios medios se advierte el estado paupérrimo de la vivienda, que se caracterizaba por su antigüedad y con los techos totalmente agujereados. “Nos decían que cuando llueve, el agua cae más adentro que afuera”, reveló el funcionario estatal.

No fue la única forma de explotación que debieron padecer: tenían una cocina a leña, no contaban con heladera y el baño no presentaba las condiciones mínimas de higiene. “Vivían con un hijo mayor de edad que hace changas para poder sobrevivir. Son vecinos de Colonia Ayuí”, detalló Delgado.

En todo este tiempo la familia se las rebuscó para poder comer, gracias a la ayuda de los vecinos del lugar y a los pocos pesos que el hijo destinaba para parar la olla.

En estado de abandono

Si bien poder bucear un poco más en las profundidades de este caso formará parte de la investigación que lleva a cabo la fiscal María Fonseca, en base al relato de las víctimas se pudo establecer que hace 11 años trabajan en este polo forestal. El hombre se desempeñaba como capataz y estaba a cargo del cuidado de un campo de más de 60 hectáreas de eucaliptos y pinos. Su pareja y el hijo de ambos realizaban tareas de desmonte y limpieza del predio. “El empleador nunca más apareció, ni siquiera para llevarles una bolsa de alimentos”, reiteraron fuentes oficiales.

El estado de vulneración de las víctimas demandó la intervención del municipio de Colonia Ayuí, que en principio se ocupará de darles asistencia social y sanitaria.

Por ejemplo, el capataz presentaba llagas en las piernas, las cuales se presume podrían deberse al uso de químicos utilizados para el control de plagas. “No se estaba curando con normalidad por esta situación, por la falta de ingresos para afrontar una buena alimentación y la compra de medicamentos”, se informó.

“Si bien hay algunos puntos que son comunes con el delito de la Trata de persona, la diferencia es que estas personas tenían la libertad de entrar y salir del establecimiento. Y a la vez portaban su DNI. La fiscal va a tomar las actuaciones con las primeras medidas y después elevará el expediente al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, porque es un delito federal que tiene una pena que va de los tres a los 15 años de prisión”, subrayó Delgado.

El abogado Mariano Giampaolo se hizo cargo de la representación legal de las víctimas y contó acerca de su intervención en un caso que cobró alta trascendencia en la opinión pública. “Los trabajadores estaban desesperados porque no tenían condiciones mínimas alimentarias y nos encontramos con un panorama bastante desolador en cuanto a la precariedad del lugar donde vivían y el tiempo que lo hacían. Porque hay que entender que estas cosas se van dando en un proceso de tiempo, donde primero no se pagan haberes, sino que recibe un pago cada tanto y algo de comida. Y después ni siquiera llega el dinero, y luego como pasó ahora ni siquiera llega la comida”, reseñó el abogado concordiense.

Al contextualizar la marginalidad en la que estaban sumidas estas personas reveló que para poder comer tenían que cazar en el monte.

“La situación había llegado a un extremo lamentable, que hizo que actúe la Secretaría de Trabajo. Y ahora nos convocaron a nosotros como abogados particulares. Esta gente tenía muchas limitaciones en su forma de manejarse y defenderse, en lo que se puede encuadrar en una situación de aislamiento. Al no ver estos casos no se conoce cómo reacciona el ser humano ante estas situaciones de reducción a la servidumbre”, ilustró en diálogo con LT 15 de Concordia.

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