Recientemente se dio a conocer el proyecto de ordenanza en Concordia para establecer controles de consumo de drogas ilegales en el ámbito de la administración pública de la Municipalidad.

La norma tiene alcance al personal que ocupe cargos relevantes en el Departamento Ejecutivo, Concejo Deliberante, y organismos descentralizados y en especial serán alcanzados: presidente municipal, vicepresidente municipal, concejales, secretarios, directores, titulares de los organismos descentralizados y cargos de similar jerarquía en la administración pública. Incluso, se podrán incluir otras áreas o sectores que se consideren necesarios, de acuerdo a las responsabilidades que estén bajo su órbita.

La autoría del proyecto tiene a los concejales de Juntos por Entre Ríos Felipe Sastre y Silvina Ovelar. “Este proyecto parte de la base de que somos nosotros los primeros que tenemos que dar el ejemplo. En primer lugar, los controlan van a ser para funcionarios con cargos electivos, o sea, para el intendente, la vice, los concejales y luego funcionarios de primer nivel, secretarios, directores, titulares de entes autárquicos. La idea también es que sean controles que vayan destinados a distintas áreas donde el personal, por las características de la función que presta, realmente requieran que uno esté en pleno uso de sus facultades”, indicó Sastre.

Además, el edil dejó entrever que hubo situaciones de sospechas en torno a ello. “Hemos recibido todo este año numerosos planteos en distintas áreas, donde se manipulan herramientas peligrosas o maquinarias de grandes dimensiones. Si la persona que opera este tipo de máquinas o de herramientas no está en condiciones de trabajar ponen riesgo, así mismo y obviamente a la comunidad”, contó.

Los controles estarán a cargo de la Secretaría de Salud, sin previo aviso, de manera aleatoria y bajo estricta confidencialidad. Al mismo tiempo, precisó que tras darse a conocer generó el malestar desde los gremios municipales. “Hay algunos reparos que ya me hicieron llegar, un tema obviamente sindical, pero sé que ha habido otros intentos antes, que lamentablemente no han llegado a buen puerto. Creemos que este es el momento, hay una Ley provincial presentada por la diputada Gabriela Lena y va en el mismo sentido. Y la verdad es que uno tiene que dejar de lado cualquier tipo de defensa corporativa porque la verdad es que no se puede justificar”, dijo el concejal del oficialismo y agregó: “Creo que la sociedad en su conjunto entiende que el flagelo de la droga es algo que debemos combatir desde el Estado”.

El alcance del proyecto en Concordia

En cuanto al alcance que tendrá sobre los controles afirmó: "quedará sujeto a la reglamentación, la idea es que la ordenanza sea aplicada por la Secretaría de Salud, que sean test en principio aleatorio. Han surgido algunos aportes, relativos a algunas situaciones peculiares que se dan en la práctica. En caso que se detecte un caso positivo estén las sanciones administrativas por un lado como corresponde y por otro lado obviamente un acompañamiento desde la salud del paciente, porque el consumo problemático no deja de ser una afección en su salud. Hay casos y casos, hay algunos que serán más atendibles, más leves, que puedan tener alguna solución y otros que sean lamentablemente casos para aplicar la sanción máxima”.

Consultado de cuándo se estaría tratando el proyecto, Sastre indicó: “Este proyecto que presentamos con la concejal Ovelar, quedarán para ser tratados en la oportunidad que el intendente lo disponga o bien ya en las sesiones ordinarias de marzo”.

Además, puntualizó que el proyecto cuenta con el acompañamiento de sus pares. “Me encontré gratamente con que el intendente lo compartió en sus historias y obviamente con el acompañamiento de nuestros pares, que entienden esta problemática como lo trascendental. Funcionarios del ejecutivo de distintos niveles, fuimos hablando el tema y no solo que nos hicieron sus aportes, sino contaron de experiencias anteriores que se intentó implementar, así que creemos que es la oportunidad”, finalizó el edil, quien aclaró que en todos los casos, se garantizarán los procedimientos constitucionales y administrativos, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa en juicio.