Ajuste
Lunes 05 de Noviembre de 2018

Emergencia en adicciones: hay cada vez menos fondos para políticas públicas

Discursos vacíos. Sin fondos para estrategias de acción, la acción sanitaria para prevenir, tratar y acompañar pacientes es casi nula e ineficiente

Desde hace un tiempo, distintas instituciones políticas, movimientos sociales e incluso la Pastoral Social de la Iglesia, impulsan y empujan el tratamiento en el Congreso de la Nación de un proyecto de ley para que se declare la Emergencia en Adicciones. Alcohol, tabaco, consumo de distintas drogas y de pastillas legales conforman una problemática creciente y cada vez más preocupante.
Y es poco o nada lo que se hace desde el Estado para abordar esta grave situación desde el punto de vista de la salud pública. Con el eje mediático puesto en una supuesta lucha contra el narcotráfico, miles de personas –fundamentalmente adolescentes y jóvenes desde los 13 hasta los 30 años, y de los sectores más vulnerables– atraviesan una realidad sin contención ni acompañamientos en tratamientos.
En ese marco, el año próximo parece que todo seguirá igual o peor. Las políticas de ajuste y recorte que llegan a la salud pública alcanzan también esta problemática. La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) tendrá el mismo escaso presupuesto que en 2018; ni siquiera será actualizado por la inflación: de 1.233 millones de pesos en 2018, el gobierno nacional fijó 1.219 millones para este año, pero finalmente en la discusión en Diputados, se le agregaron 100 millones de pesos más. "Ni siquiera alcanza a recuperarse lo que se perdió por inflación", remarcó la diputada nacional santafesina Silvina Frana, en diálogo con UNO.
La legisladora, que participó en distintos eventos organizados en Paraná por la Fundación Crescer, es la titular de la Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados de la Nación. Explicó que actualmente hay un decreto de emergencia, pero que no asigna presupuesto. "Así, la norma es un conjunto de intenciones sin fondos, porque no hay herramientas para poder hacer frente y encarar políticas", graficó, y fundamentó el pedido por una ley que trascienda a una gestión.
"Pretendemos poner a luz un tema que es una emergencia que nadie puede discutir; hoy las personas humildes, que tienen este problema en el seno de su familia, no tienen muchas herramientas para salir adelante", dijo.
Mario Elizalde está al frente de la Secretaría de Lucha contra las Adicciones. Ante la consulta de UNO hizo referencia a distintas estrategias de prevención que se están llevando adelante –incluso explicó sobre un trabajo de campo para contar con estadísticas actualizadas y que permitan entrecruzamiento de datos con escuelas y centros de salud–, como capacitaciones a preventores, pero reconoció distintas dificultades para el abordaje, tratamiento y acompañamiento de los adictos.
Si bien no está bajo su órbita, habló de la red que Salud Pública de la Provincia conformó con organizaciones no gubernamentales vinculadas a la temática. Pero advirtió que la aplicación de la Ley de Salud Mental constituye un grave problema para la atención de estos casos: "La ley establece que para 2019 tienen que cerrar todas las comunidades terapéuticas monovalentes del país. Si esto ocurriera hoy tendríamos 10.000 pacientes enfermos en las calles, mentales y con consumo de sustancias. Esto es un problema en el país: el sector privado que lucra con esto previó que no se pueden hacer más inversiones porque hay que cerrar".
En la práctica, adictos o familiares pueden acudir a pedir ayuda a cualquier centro de salud u hospital. Sin embargo, el problema es la falta de seguimiento y acompañamiento del tratamiento. La obra abandonada en Anacleto Medina, del Centro Preventivo Local de Adicciones (Ceplac) es una muestra de esa falta de prioridad de las adicciones en materia de salud pública en todo el país.
"Hoy el Sedronar solo puede dar algunas becas en la financiación de centros de atención pero están muy atrasados", confirmó la diputada Frana, que en el proyecto de su autoría exige que un 10% del presupuesto de Ministerio de Salud –hoy bajado al rango de Secretaría– sea destinado a esta política: equivaldría a unos 10.000 millones de pesos.
Tal como informó UNO meses atrás, el proyecto de ley de Emergencia en Adicciones plantea un trabajo en cinco años, unificando políticas públicas en la prevención, abordaje integral y tratamiento de los consumos de sustancias psicoactivas, Que las obras sociales cubran como servicio médico a los tratamientos para los chicos con consumos problemáticas; incorpora a la ley de salud mental e incluso agrega a los medios de comunicación como corresponsables en la prevención. Hace partícipe al Ministerio de Educación de la Nación, jerarquizando el trabajo en ámbitos educativos y otorga institucionalidad a las organizaciones civiles que trabajan en esta temática.
Da también más recursos a Sedronar para abrir nuevos espacios de abordaje y tratamientos preventivos y de tratamiento de las personas con consumos de sustancias psicoactivas en su fase adictiva.
Elizalde hizo referencia a las estadísticas de una problemática creciente, y compleja. Así, dijo que los datos estadísticos a nivel mundial sostienen que la cantidad de consumidores de sustancias se mantiene en los últimos 10 años. "Hay que hacer una buena interpretación de los números, porque uno se pregunta cómo puede ser si uno ve más en las calles, en las fiestas. Sin embargo, esa impresión se relativiza cuando se hacen estudios epidemiológicos", sostuvo. Así, indicó que el número de consumidores puede mantenerse en niveles similares con el paso del tiempo, porque muchos dejan; otros mueren; algunos están en abstinencia relativa por tratamiento crónico. "Entonces los lugares que van dejando esos, son ocupados por los nuevos consumidores", explicó.
El alcohol, en primer lugar, es la principal causa de las adicciones y del consumo problemático. "El alcohol mata y es el principal problema. La política de Estado en alcohol es un desastre. Le sacan un gravamen impositivo a la cerveza y no a la leche; entonces ahí tenés una política de Estado muy clara", acotó. Situó en segundo lugar al tabaco, aunque reconoció que en los últimos años las campañas han sido muy buena y efectivas: "De hecho, de un instante para otro los fumadores pasivos dejamos de fumar", dijo sobre la prohibiciones exigidas para fumar. Luego siguen las distintas drogas, y casi a su par el consumo de pastillas legales.
Pero remarcó como dato saliente de la problemática que la franja más vulnerable y de nuevos consumidores se ubica entre los 14 y los 30 años.

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