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El Régimen Jurídico Básico, una ley que sigue en el olvido

En su momento significó un avance institucional, pero su reglamentación está pendiente. Afirman que esta situación alienta la precariedad laboral

Lunes 20 de Mayo de 2019

El marco legal para el empleo público en Entre Ríos sigue siendo una deuda tanto para la clase política, como así también para las organizaciones sindicales de la órbita estatal. La Ley N° 9.755 del Régimen Jurídico Básico, sancionada el 6 de diciembre de 2006, representó un avance institucional para la época por el consenso que se logró entre el Estado y los gremios para elaborar la normativa, pero con el tiempo todo aquello quedó en letra muerta. Es que a lo largo de 13 años, pese al recambio de gobiernos de diferente signo político, el texto de 30 páginas que consta de 122 artículos todavía sigue sin reglamentarse, lo que implica un grave retroceso en materia de derechos laborales.
En su espíritu, el Marco de Regulación del Empleo Público en Entre Ríos se pensó para ordenar administrativamente la relación entre el Estado y los trabajadores, pero su importancia radica en el hecho de transparentar y equiparar las condiciones de ingreso a la función pública.
Así, por ejemplo, el artículo 4 estableció que el ingreso a la administración provincial de un nuevo trabajador debería darse sujeto al cumplimiento de requisitos tales como acreditar "condiciones de conducta e idoneidad para el cargo, que se acreditará mediante los regímenes de selección que se establezcan, asegurando el principio de igualdad en el acceso a la función pública". De igual manera, definió como "impedimentos" para acceder al empleo público a quienes tengan condena judicial; "el que haya sido condenado por delito en perjuicio de la administración pública nacional, provincial o municipal"; "el inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos"; el que esté en situación de incompatibilidad; "el que haya incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional"; el que esté en condiciones de jubilarse, el que se hubiese acogido a regímenes de retiro voluntario y el "contratista o proveedor del Estado provincial".
Este mecanismo jurídico se dictó para alcanzar al personal de la administración pública, pero excluye entre otros, a los docentes, al personal penitenciario, a la Policía, a la Justicia y al personal de la Legislatura.

Mayor precariedad laboral
Desde actores del arco gremial hasta legisladores de ambas cámaras aceptaron la propuesta de UNO para analizar en qué medida repercute este "vacío legal" y cuál es la responsabilidad del Estado, en este caso del Poder Legislativo, por la falta de un marco regulatorio del empleo estatal.
El secretario gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Pedro Zuchuat, aseguró que esta circunstancia tiene su lógica: "No hay voluntad política". Desde esta perspectiva se preguntó el porqué de una tan larga dilatación. "Nunca me quedó muy claro por qué. El problema más grave que tiene el Estado provincial es el Pacto Fiscal, porque hace muchos años que no hay una ley que tenga previsto la creación de cargos. El Pacto establece que hay que congelar la planta en toda la Nación. Y la reglamentación se tiene que dictar desde el Poder Legislativo", reflexionó.
Sin un andamiaje legal vigente se profundizan las condiciones de precariedad en el campo laboral, lo que se traduce en un mayor desamparo para cientos de trabajadores, se consignó desde ATE. Un claro ejemplo es el contrato de obra, una figura"que en la actualidad tiene múltiples usos", confirmó Zuchuat. Y agregó: "El contratado de obra que menos tiempo lleva en esa condición son entre ocho y 10 años. La gente ingresó de esa forma a la planta del Estado, y de esa forma no aporta ni tiene mutual, no consigue antigüedad". De acuerdo a estimaciones de la organización, solamente en Paraná hay alrededor de "800 contratados en diferentes áreas descentralizadas como el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), el Consejo General de Educación (CGE), el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) y en el Instituto de la Obra Social Provincial de Entre Ríos (Iosper)".
"Esto también se da en el Estado nacional, porque los despedidos de Macri, que tanto defendemos desde ATE a nivel nacional, tenían este tipo de contrato. Entonces el Poder Ejecutivo Nacional ni siquiera los cesanteó, sino que no les renovó el contrato", puntualizó.
Así las cosas, el arco gremial pretende que comience a darse un cambio en la relación laboral entre el Estado y los trabajadores. Para el secretario gremial de ATE el gobernador Bordet dio algunas señales. "Hubo un compromiso del gobernador respecto de que con los cupos que fueron liberados con los pases a planta y estabilidad sean ocupados por estos compañeros que vienen cumpliendo funciones en forma tan irregular", precisó.
"Desde siempre estamos reclamando que esto se haga efectivo, porque a partir de este instrumento se ordena todo, la relación entre el Estado y los trabajadores. Porque es algo que contiene a todos los trabajadores del Estado, hasta los entes descentralizados. Hay algunas figuras que están dentro del Estado provincial que con la ley reglamentada no estarían", aseveró.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) también aportó su mirada sobre una ley que al menos en la práctica sigue olvidada. "Es una decisión política que depende del Gobierno. También es cierto que la ley de Empleo Público prevé no solamente la reglamentación como forma de hacer operativo los derechos que se instituyen en esta norma, sino también las convenciones colectivas de trabajo. Es un cambio cultural, porque introduce los mecanismos de selección, es decir los concursos y otros temas como la capacitación, son discusiones que todavía no están incorporadas al sector público. Como lo que respecta a higiene y seguridad de los trabajadores e igual que la carrera, que es uno de los capítulos de esta ley. Todo esto implica una inversión del Poder Ejecutivo para poder realizarla; quizás esto se ve como una limitación para avanzar", fundamentó la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez.
Para sortear estos condicionamientos la representante gremial propuso realizar acciones tendientes a regular estas actividades. Y mencionó un ejemplo para graficarlo: "En el sector Educación se pretendió hacer un decreto para controlar las licencias por enfermedad y nosotros sugerimos que se pueda realizar una Comisión de Salud Laboral para prevenir todo lo que respecta a esa temática. Tenemos que empezar a darle contenido a la ley marco del Empleo Público. Ese cambio cultural que se propicia debe tener el consenso de los trabajadores y de las organizaciones sindicales".
Domínguez llamó a transitar una transformación que debe garantizar un convenio colectivo de trabajo y un sistema para instaurar en forma progresiva la carrera profesional, más allá de que todo este proceso implique recursos. "Para UPCN es necesario empezar a tomar definiciones, aunque no sea la reglamentación completa del marco regulatorio, sino que se debe ir avanzando en aspectos como la capacitación. Las decisiones que se tomen respecto del Régimen Jurídico tienen que ir complementadas con decisiones ligadas a ese cambio cultural del que hablaba al principio. A partir de los consensos podremos ir garantizando el empleo, que el es objetivo de esta ley", argumentó en declaraciones a UNO.
En un trabajo elaborado por el sindicato se propusieron algunos aspectos esenciales que se deberían reglamentar y que se deberían tratar en las negociaciones colectivas, por ejemplo el cambio en la cantidad de días de licencia por maternidad, que para los empleados públicos era de 90 días, en cambio para los docentes era de 105 días. "Es algo que en la paritaria de este año se logró equiparar y van a tener la misma cantidad de días, tanto los empleados públicos como los docentes. Para mí hay que institucionalizar esta comisión que comenzó a funcionar y luego no tuvo la continuidad necesaria. Pedimos que se cierre el acuerdo respecto de la planta permanente y de las recategorizaciones", subrayó.

Contrapunto
Dos legisladores provinciales tuvieron opiniones contrapuestas respecto de la falta de reglamentación de la ley, pese al amplio consenso de los gremios sobre su importancia institucional. En la opinión del diputado de Cambiemos Alberto Rotman la falta de vigencia de la ley se debe "a la desidia", pero no se hizo responsable de semejante dilatación. "No estoy empapado en esto", acotó. El legislador recordó la reforma de la Constitución de Entre Ríos de 2008, donde se sostiene que "todos los empleados públicos tienen que entrar por concurso y todos los ascensos de los empleados públicos tienen que ser por concurso, no se cumple".
El exsecretario de Salud Pública provincial se adjudicó la autoría de un proyecto para lograr la reglamentación de la 9.755, pero sostuvo que hasta ahora todos los intentos han fracasado. Para argumentar su postura también recordó que la Constitución nacional, en uno de sus artículos, señala que "los directores de hospitales tienen que acceder por concurso, lo mismo que los directores departamentales de escuela. Y que todo ingreso de una persona a la administración pública tiene que ser por concurso, lo mismo que el ascenso en el escalafón de personal. Ninguna de esas cosas se cumple y está en la Constitución nacional".
En una nueva intervención el médico concordiense habló sobre la planta de personal prevista en el último Presupuesto y discrepó con la flexibilidad laboral que permite este vacío legal. "Había 94.000 empleados públicos, pero habría que contar a los contratados y los que están pagos a través de otras formas. Por ejemplo, hay hospitales públicos donde no contratan más gente, pero les faltan profesionales o si quieren poner a alguien le pagan por arancelamiento. Eso quiere decir que los hospitales les cobran aranceles a las obras sociales. Y están utilizando en algunos establecimientos de salud ese rubro de arancelamiento", explicó en comunicación con UNO.
Sobre el proyecto que presentó en Diputados especuló que sigue sin ser tratado "porque no les conviene; porque el empleado público tiene que estar a disposición de la gente, de aquellos que pagan los impuestos. Por eso hay que tratar de tener una planta con la mejor gente posible. Me parece que tenemos una buena planta de empleados públicos, pero hay que mejorarla y una de las formas de elevar eso son los concursos, independientemente del color político partidario. La administración pública se ha tomado como un coto de caza para el partido que gobierna".
Por su parte, el senador del mismo Departamento por el FPV, Ángel Giano, aclaró que la reglamentación debería hacerse vía decreto por el Poder Ejecutivo: "Nadie nos pidió que lo hagamos por ley. Hasta donde sé la ley no está frenada, está plenamente vigente salvo los artículos que requieren de reglamentación"

Priorizar los derechos
Más allá de todas las interpretaciones de cada sector involucrado y las necesidades planteadas en las cuestiones prioritarias, son los trabajadores precarizados los que siguen esperando una respuesta acorde a los tiempos de crisis que se viven.
La Legislatura, en función de la importancia de esta herramienta, debería convocar a los gremios para avanzar en un marco regulatorio del empleo público en todas sus aristas y que contemple en forma integral a todos los sectores.
Para que así se logren condiciones de equidad para el ingreso y el ascenso en la carrera profesional dentro de la administración pública provincial. Todavía se está a tiempo de tomar verdadera conciencia.

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