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El pedido de la familia de Gabriel Gusmán a la Sala Penal

Familiares de Gabriel Gusmán entregaron un documento en Tribunales exigiendo que se investigue el crimen y se condenen los hechos de violencia institucional.

Viernes 27 de Noviembre de 2020

Este viernes se realizó una concentración frente a la sede de Tribunales para reclamar que se revoque la decisión de archivar la causa por el homicidio de Gabriel Gusmán, ocurrido el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá de Paraná.

Como informó UNO, la familia del joven junto a organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos repudiaron la decisión tomada por la Fiscalía a principios de noviembre y entregaron un petitorio para que se reabra la causa, dirigido a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

En declaraciones a La Radio de UNO por 97.1 La Red Paraná, la madre del joven, Alejandra López, indicó: "Estamos nuevamente pidiendo justicia por la muerte de Gabriel, no fue enfrentamiento ¡fue gatillo fácil!"

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En el documento, los familiares cuestionaron que los fiscales no hayan profundizado la investigación sobre la responsabilidad de los funcionarios policiales que intervinieron en el acontecimiento, y no hayan analizado las irregularidades que aseguran que cometió la Policía en la preservación del lugar del hecho.

Además aseguraron que en barrios como el Capibá "es frecuente la referencia que los y las jóvenes hacen al maltrato que reciben por parte de las fuerzas de seguridad, que 'en servicio' y 'fuera de servicio' suelen distribuir castigos ilegítimos, con armas del Estado: hostigamientos, torturas, tratos crueles e inhumanos y un uso irracional de la fuerza, no sólo frente a situaciones de delito sino 'por portación de rostro', 'actitud sospechosa', y toda la consabida serie de eufemismos de los que se valen para justificar un despliegue represivo desproporcionado y repugnante al Estado de Derecho".

Luego indicaron que "esa violencia institucional directa recae cotidianamente sobre los y las jóvenes de estos barrios" y que ante eso existe una "falta de acceso a la justicia" en forma "sistemática y creciente".

"El Estado de Derecho no admite ni ejecuciones sumarias, ni penas crueles, ni abusos de poder. Por eso consideramos que es exigible extenuar la investigación sobre la posible responsabilidad penal de un efectivo policial en relación a la muerte de un joven (hipotéticamente) en conflicto con la ley de penal, y eventualmente, la complicidad de otros agentes de seguridad, durante el procedimiento", expresaorn.

El documento completo

Al Superior Tribunal de Justicia, Sala Penal:

La familia de Gabriel Gusmán solicitamos oportunamente al Procurador General de la Provincia la revisión sobre el archivo de la causa en la que se investiga la muerte de nuestro hijo y hermano.

Hoy, acompañados de diversas organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, queremos decir que la muerte de Gabi por una bala policial no puede ser archivada sin una investigación exhaustiva e imparcial. Los fiscales (Juan Francisco) Ramírez Montrull y (Gonzalo) Badano no solamente dilataron vergonzosamente la investigación de los hechos sino que en un análisis parcial de las pruebas decidieron, después de 2 años del hecho, que la muerte de Gabriel quedara impune.

Cuando hay funcionarios estatales implicados en un hecho violento de estas características, el Poder Judicial debe ser especialmente diligente en la conducción de la investigación, especialmente cuando son las mismas fuerzas de seguridad las que se vieron involucradas de algún modo en la pesquisa. Los jueces y fiscales deben además contrastar y controlar la versión policial, y agotar todos los medios de prueba posibles para esclarecer la verdad de los hechos; así como también determinar si los integrantes de la fuerza cumplieron con sus deberes de preservación de la prueba para la posterior corroboración de su relato acerca de lo ocurrido.

De la resolución fiscal que decide el archivo surge que no hay certeza sobre la secuencia de los disparos lo que no genera certeza sobre el peligro inminente, falta de mención de la progresividad del uso de la fuerza letal y falta de precisión de quién fue el funcionario policial que realizó el disparo que resultó con la muerte de Gabriel Nicolás Gusmán.

Los fiscales intervinientes en el presente legajo prescindieron del análisis de circunstancias esenciales y decisivas arribando a decisiones puramente parciales alejadas de la realidad probatoria.

Vemos también con preocupación las irregularidades que se cometieron por personal del P.E.R. durante el resguardo de la escena, el levantamiento de pruebas y la cadena de custodia de lo cual los representantes del Ministerio Público Fiscal nada dicen.

Los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales y comunitarias de Paraná nos damos la tarea de acompañar a las familias ante el Estado en reclamos de sus derechos económicos, sociales y culturales, y acompañarlos en gestiones para el acceso a los mismos. Además se ofrecen espacios de esparcimiento, derechos, educación y cultura, sostenidos en gran medida por el voluntariado comunitario y sus trabajos cotidianos. La dimensión de la dinámica territorial y los vínculos entre las fuerzas de seguridad y los y las jóvenes de determinadas zonas, dista mucho de la forma en la que es generalmente percibida en otros barrios.

La zona en donde ocurrió el hecho, se encuentra en el Barrio Capibá, allí y en otros barrios periféricos de nuestra ciudad, los jóvenes se encuentran atravesados por la segregación espacial, la estigmatización social y suelen ser objeto de hostigamiento y persecución policial.

Generalmente expuestos a modelos de consumo a los que no tienen ninguna posibilidad de acceder y fuertemente signados por estereotipos de género que los exponen a múltiples formas de violencia.

El modo de “construir” al joven medio de este barrio, por parte de los medios masivos y las fuerzas de seguridad, es como “delincuente”, definido por su “peligrosidad”. Es frecuente la referencia que los y las jóvenes hacen al maltrato que reciben por parte de las fuerzas de seguridad, que “en servicio” y “fuera de servicio” suelen distribuir castigos ilegítimos, con armas del Estado: hostigamientos, torturas, tratos crueles e inhumanos y un uso irracional de la fuerza, no sólo frente a situaciones de delito sino “por portación de rostro”, “actitud sospechosa”, y toda la consabida serie de eufemismos de los que se valen para justificar un despliegue represivo desproporcionado y repugnante al Estado de Derecho.

Esa violencia institucional directa recae cotidianamente sobre los y las jóvenes de estos barrios.

Sobre eso, la impunidad. La falta de acceso a la justicia frente a situaciones que se producen en forma sistemática y creciente, y produce la sensación de que la ley protege a quienes deben proveer seguridad y sin embargo son factores de inseguridad. Miedo y desaliento entre las víctimas y la comunidad “naturalizan” la brutalidad estatal, contraria a todo ejercicio legítimo y racional de fuerza.

El Estado de Derecho no admite ni ejecuciones sumarias, ni penas crueles, ni abusos de poder. Por eso consideramos que es exigible extenuar la investigación sobre la posible responsabilidad penal de un efectivo policial en relación a la muerte de un joven (hipotéticamente) en conflicto con la ley de penal, y eventualmente, la complicidad de otros agentes de seguridad, durante el procedimiento. Reforzamos que la investigación debe extenuar una hipótesis de homicidio y subsidiariamente, evaluar la legítima defensa, en cuyo caso deberá valorar su exceso, debido a un uso irracional de la fuerza y por no encontrarse objetivamente en una situación de peligro de vida.

Asimismo deben despejarse las dudas que se pondrán en consideración en torno a un posible encubrimiento por parte de otros efectivos policiales, instructores o testigos en esta causa, que ya se han señalado detalladamente en otros escritos presentados por esta parte.

Sin más saludamos a Ustedes respetuosamente y solicitándoles el compromiso necesario para que los hechos de violencia institucional en la provincia se prevengan y en el caso de que ocurran se investiguen exhaustivamente y se castigue a los culpables.

Así será justicia.

Familia Gusmán, Alejandra López, Katy Gusmán

MP La Dignidad

La Poderosa

Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)

Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (RODHER)

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