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El muro en nuestro horizonte

Paraná no es ajena a la construcción de paredones, para separar y excluir. El controvertido proceso de urbanización del barrio privado Los Arenales, y la perdida lucha por el uso público de la costa del río son parte de la misma realidad

Domingo 29 de Enero de 2017

Literalmente, el muro en el barrio Los Arenales separa a ricos y pobres. Casas millonarias que han comenzado a extenderse en terrenos casi encima del túnel subfluvial Raúl Uranga–Carlos Sylvestre Begnis, y del otro lado, precarias viviendas con calles de tierra, hogares rodeados de altos pastizales y de muchas necesidades básicas insatisfechas. Al este, una situación lacerante; al oeste, esa tierra de belleza y confort, donde las ilusiones se hacen realidad.

El paredón tiene casi cuatro metros de altura, y se extiende desde calle Ayacucho hasta muy cerca de la costa del río. Son más de 300 metros custodiados por seguridad privada, cámaras de vigilancia y adecuado alumbrado público. Ni los paredones del predio de la Unidad Penal Nº 1, sobre calle Marcos Sastre, alcanzan esa altura.

La construcción de esa muralla violatoria del Código Urbano, hace más de seis años, tuvo la reacción de parte de la comunidad paranaense siempre movilizada para garantizar el derecho de acceso a los espacios públicos, y alcanzó repercusión nacional. La primera orden del municipio fue su demolición total; ello finalmente no ocurrió y poco tiempo después se acordó que se modifique el muro construyendo una base de material y vegetación en la parte superior. Algunas de esas ventanas permiten hoy apreciar de modo fragmentado, recortado, casi mezquino, la majestuosidad del río y los verdes en el horizonte, aunque las amplias edificaciones lentamente van tapando cada vez más esos retazos de naturaleza.

A cambio de esa "tolerancia al muro", y de la pérdida de visión del río, el inversor aportaría obras de infraestructura en la zona, a partir del concepto de "licencia social".

La división afecta y golpea directa y diariamente a los vecinos de Los Arenales, pero en realidad, el muro ha sido el corolario de un controvertido proyecto urbano que pese a dictámenes de la Justicia y resoluciones de organismos como la Defensoría del Pueblo, se abrió paso en una red de complicidades a lo largo de más de 20 años.

Cuando hoy se alzan las voces contra el flamante presidente yanqui Donald Trump, que prometió en campaña y anunció entre sus primeras medidas de gobierno la construcción de un muro en la frontera de Estados Unidos y México, vale la pena recordar que esas actitudes estigmatizantes están presentes en todo el mundo, y en Paraná resultan más bien, bastante cercanas, lamentablemente.

Una de las últimas medidas del controvertido proceso iniciado en los 90 fue el Decreto Nº 7.560 durante el último mandato del exgobernador Jorge Busti, por el que la Provincia tomó la decisión de desistir del litigio por la recuperación de Los Arenales; por entonces, la fiscal de Estado era Claudia Mizawak, actual presidenta del Superior Tribunal de Justicia. Eso allanó el avance del barrio tras casi dos décadas de estar envuelto en una maraña legal. Pero las irregularidades comenzaron en el momento mismo de la adquisición del predio por parte de Sergio Lifschitz, a partir de la caída del Banco Municipal de Paraná, según explicó la abogada María Emma Bargagna, una de las letradas demandantes que accionaron contra la entrega por decreto del balneario Los Arenales. Años más tarde, el STJ determinó que no fue inconstitucional tal cesión por parte del gobierno provincial.

Los Arenales fue, en su momento, una de las mejores playas públicas. Era parte de las fracciones de terrenos de dominio público provincial traspasados al ente administrador del túnel subfluvial, junto con las que actualmente ocupan las dependencias del viaducto y el Club Náutico, cuyo comodato por 50 años fue otorgado por Jorge Busti.

"En realidad –explicó Bargagna recordando el proceso–, hay que remontarse a la época de la intendencia de Maximino Aldasoro, a mediados de los años 60, cuando el gobierno municipal a partir de un reclamo del Banco Central de la República Argentina por encajes, obligó al Banco Municipal a contar con una mayor cartera de capital o patrimonio. Allí se inventó un título, porque en realidad, esa zona era de bañados y anegadizos, pero desde Buenos Aires no se advirtió esa situación. Entonces, o es río si crece, o es propiedad provincial si retroceden las aguas", fundamentó.

Con la caída del Banco Municipal, ese lote fue adquirido por el empresario durante una subasta. "En tiempo récord, en 24 horas, logró inscribir el inmueble en el Registro de la Propiedad, y nunca hubo en la compra, un comprobante de pago", indicó la exdiputada provincial y abogada. Años después se incorporarían a ese proyecto inmobiliario más terrenos adyacentes, bajo el supuesto presentado de que "el río se lo regaló" por aluvión, es decir, que las corrientes del Paraná fueron arrastrando arena hasta la costa, añadió Bargagna. "Eso no fue así, porque en realidad eso fue un depósito de arena por los trabajos de alteo que hacía la draga durante la construcción del Túnel. El objetivo fue constituir una especie de protección para que el viaducto quede debajo del agua. Además, hay disposiciones que prohíben la construcción absoluta a ambos lados, en 50 metros. Se levantaron modernas residencias, se construyó un canal y se edificó sobre el techo del Túnel, cuya traza atraviesa la playa y sigue por el lecho del río, en la zona de estricta prohibición de intervención, colocando en riesgo la obra pública interprovincial", argumentó.

Hubo fallos a favor acerca del patrimonio público provincial de los terrenos hoy urbanizados, hasta que llegó la desestimación de la Provincia para la continuidad del litigio.

En ese tiempo, y después, Santa Fe hizo oír sus reclamos. "Las autoridades de la provincia de Santa Fe hicieron los planteos formales, a través de los canales institucionales pertinentes en el directorio del propio ente y en reuniones interministeriales. Incluso se hizo una constatación notarial cuando las máquinas constructoras se movilizaban y trabajaban en el predio, por encima del Túnel, poniendo en riesgo su seguridad. 'Más no podemos hacer, sino solo queda declararle la guerra a Entre Ríos', me contestaron", contó Bargagna, acerca de la polémica que años atrás generó la construcción de casas y movimiento de arena en esa zona.

El polémico proyecto urbanístico de Los Arenales ha sido, en la historia reciente de la capital provincial, un jalón más de una serie de barreras urbanas constituidas para dividir, separar, excluir. Solo hubo una marcha atrás, entre tantos muros que apartan: aquel que se comenzó a construir en el barrio Lomas del Mirador para separar al Lomas I con el Lomas II, pero que en poco tiempo fue demolido por la resistencia vecinal. Extraño, o no, allí la intervención fue rápida y efectiva.

No ocurrió así en Los Arenales, ni tampoco en el barrio privado camino a Bajada Grande, que impide el libre paso por la costa, garantizado por el Camino de la Sirga, tanto por el viejo Código Civil vigente hasta 2015 –que aseguraba la propiedad pública de la ribera en una franja de 35 metros de costa–, como el Nuevo Código Civil, que la achicó a 15 metros. Clubes, residencias privadas a la vera del río, también expresan la privatización de la costa del río en Paraná, por acción u omisión, o por falta de planificación urbana.

Y en definitiva, de kilómetros de costa que bordean a la ciudad, por el norte y por el oeste, el uso público está garantizado en una parte casi minúscula en comparación a esa extensión total. Esa realidad es la mejor explicación para cuando se acusa a la ciudad de vivir de espaldas al río.

De muros, Paraná conoce y mucho.

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