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El gobierno impulsa una ley para acentuar el control sobre el delta

La norma deja sin efecto los actuales permisos de uso sobre casi 1,3 millones de héctareas de islas y fijar un control más estricto en la zona.

Sábado 25 de Julio de 2020

Tomó estado parlamentario en el Senado el miércoles 22 un proyecto de ley que dé un marco para establecer un régimen de uso sustentable de los bienes inmuebles que forman parte del el dominio público provincial en la zona de islas y humedales. También comprende a los inmuebles del dominio privado de esa área que no tengan afectación específica.

Se trata de un proyecto marco que luego requerirá de una minuciosa reglamentación (cuyo contenido puede considerarse previsible en base a los lineamientos que marca la ley). Fue enviado por el Poder Ejecutivo, ante la decisión del gobernador, Gustavo Bordet, y de la vicegobernadora, Laura Stratta, respecto de la necesidad de avanzar en el tema y fortalecer el control del Estado en ese aspecto.

En los fundamentos de la norma se alude al artículo 122, inciso 19°, de la Constitución provincial que señala que se trata de una facultad exclusiva del Poder Legislativo el dictado de leyes sobre tierras públicas para la administración y gestión de dichos bienes.

La norma señala que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Producción y que todas las actividades que se realicen sobre los inmuebles contemplados en esta ley “quedarán sujetas a la evaluación de impacto ambiental que establezca” la Secretaría de Ambiente de la Provincia.

Es decir que la reglamentación de las actividades a desarrollarse refiere prácticamente a todos los inmuebles, porque los de afectación específica son una muy pequeña proporción. Todos estarán sujetos a esa evaluación de impacto ambiental, ya que solo podrán autorizarse actividades sustentables.

Puede darse, como ejemplo de esa afectación específica, el caso de algún pequeño lote asignado a una escuela.

La nueva ley faculta a la autoridad de aplicación a otorgar permisos de usos onerosos a favor de particulares para el desarrollo de actividades sustentables (la decisión al respecto corresponderá a Ambiente) sobre los inmuebles comprendidos en el nuevo régimen.

La reglamentación de la ley deberá aportar márgenes para la decisión de autorizarlos, por ejemplo cuáles son las actividades permitidas, qué superficie se considera como unidad productiva u otros requisitos para acceder a la explotación.

Igualmente podrán otorgarse permisos de uso gratuitos “a favor de los pobladores o residentes habituales de las islas y anegadizos”. Se trata de superficies de menor tamaño en relación con las que se otorgarán a empresarios, pero suficientes para permitirles a los lugareños realizar actividades que habitualmente combinan con los servicios que brinda a los titulares de las extensiones mayores y que no residen en las islas. Lógicamente permite el arraigo en la región.

Dentro de las actividades actualmente autorizadas se cuentan la ganadería, la apicultura y actividades cuasiportuarias (por caso la infaestructura para atracar barcazas a la espera de cargar en puertos santafesinos).

Pero además la autoridad de aplicación fijará el procedimiento, que debe ser público, para que se concrete el cumplimiento a la ley. Es decir que cualquier ciudadano deberá poder acceder a la información sobre cómo se decide el otorgamiento de esas superficies.

Y también la autoridad de aplicación deberá fijar “el precio, plazo y condiciones especiales” tanto para los permisos onerosos como para los gratuitos (excepto precio en este último caso).

La norma señala que deberán cumplirse “condiciones especiales”, lo que habilita un amplio margen de posibilidades. Puede tratarse, por ejemplo, en la obligación de atender las indicaciones de organismos especializados respecto del modo de explotación de las islas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria podría dar indicaciones sobre la utilización de las parcelas para permitir el uso adecuado en la ganadería sin recurrir a la quema como práctica de renovación de las praderas.

Esas condiciones especiales, que estarán determinadas en el decreto reglamentario serán de cumplimiento obligatorio.

Lo recaudado por los permisos de usos onerosos deberá destinarse a la realización de obras de infraestructura en educación y salud en la zona, además de lo que demande el cumplimiento de la ley.

Condiciones diferentes

Esta modalidad le permitirá a la Provincia regularizar la ocupación y saber claramente qué tipo de actividades se desarrollan, y de qué manera, en la amplia superficie de delta entrerriano que está en manos de privados, que es nada más ni nada menos que el 87% del total. Un dato no tan conocido es que el 95% de la zona donde se producen las quemas, en las proximidades de Rosario, que pertenecen al éjido de Victoria, está en manos de privados.

La superficie del delta entrerriano es de 1.469.300 hectáreas, de las cuales 468.500 corresponden al Departamento Victoria (31,89%), una zona que fue declarada como Área Natural Protegida, dentro de la modalidad de manejo Reserva de Uso Múltiple, mediante una ley impulsada en su momento por la entonces diputada Stratta.

El encuadre de las Reservas de Uso Múltiple está dado por la Ley N° 10.479 Sistemas de Áreas Naturales Protegidas y señala que deben realizarse formas de producción o esparcimiento “con metodología social y ambiental no destructivas ni degradativas de los econsistemas o recursos escénicos”.

El control

En el proyecto ingresado esta semana al Senado, se establece que el cumplimiento de la ley se resguardará mediante acciones legales promovidas por Fiscalía de Estado y la Escribanía Mayor de Gobierno, con la asistencia de la Policía provincial.

El carácter de permisionario se mantendrá en tanto se cumplan estrictamente las normas que contemplen cuestiones ambientales, especialmente lo relacionado con la realización no autorizada de quema de pastizales o la construcción de endicameintos, terraplenes, drenajes o cualquier obra que altere el régimen hidrológico del delta.

El reordenamiento que significará poner en práctica esta norma implicará que caducarán los permisos de uso otorgados sobre casi 1,3 millones de hectáreas de islas en la provincia (puntualmente son 1.276. 780 hectáreas).

Esto es así porque el artículo 8 de la norma propuesta señala que una vez promulgada la ley quedará sin efecto “todo convenio oneroso otorgado a favor de particulares” por el Estado provincial.

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