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El fallo de la Corte alejó los sofocones que se preveían en el cierre de gestión

La semana tuvo un alivio para las finanzas provinciales al prosperar la cautelar contra las medidas impositivo-electorales del macrismo. La agresión a Varisco fue el principal tema del escenario provincial

Domingo 06 de Octubre de 2019

El fallo conocido el martes, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, admitiendo la medida cautelar presentada por 15 provincias contra el recorte de la coparticipación, fue la noticia de la semana.

El tribunal tomó el caso de Entre Ríos para fallar y entendió que estaba probado el perjuicio a los estados provinciales a raíz de los decretos que el presidente, Mauricio Macri, emitió luego de las elecciones PASO del 11 de agosto, por tres meses, en la intención de revertir el resultado electoral. Luego de pronunciarse sobre el recurso presentado por Gustavo Bordet y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, la Corte se expidió de igual manera en los otros recursos.

El impacto en el estado de ánimo de la gestión provincial fue notorio, ya que el recorte había encendido alarmas respecto de la posibilidad de cumplir con el pago de salarios y de la afectación de sectores como Salud y Desarrollo Social, donde la gestión provincial reforzó las partidas a la par de la crisis económica.

Pero también el fallo puso a la oposición en una situación de vulnerabilidad argumentativa.

Una de las voces más escuchadas de Juntos por el Cambio es la del excandidato a gobernador y actual diputado nacional Atilio Benedetti, criticó al gobernador Gustavo Bordet y a sus pares que acudieron a la Corte luego de conocido el fallo.

“Muchas de las provincias que ahora fueron a la Justicia se quedaron calladas durante la gestión kirchnerista cuando el Estado nacional arbitrariamente se quedaba con sus fondos”, dijo Benedetti. Y aseveró: “Les importa más recaudar que sacarle el IVA a la comida de la gente”. También se mostró sorprendido por la rapidez con la que la Corte tomó una decisión.

Un ciudadano noruego, recién llegado a Entre Ríos podría pensar que Benedetti argumentaba en favor de un gobierno nacional de fuerte perfil social que había tomado esas definiciones para sacar a miles de personas de la pobreza. No es el caso de la actual administración, que de a cuerdo a las cifras del observatorio de la Universidad Católica Argentina, solo en el último año convirtió en nuevos pobres a 4 millones de personas.

Pero el ciudadano que se postuló para gobernador en junio parece haber incurrido en alguna contradicción, no propia tal vez, sino del sector político al que pertenece, y del que debió convertirse en vocero.

A decir de Benedetti, estuvo mal que en anteriores gestiones, algunas provincias justicialistas, no reclamaran judicialmente los fondos que les correspondían. Lo dijo aludiendo a la gestión de Sergio Urribarri y a los fondos compensatorios del sistema previsional. Pero también dijo que está mal que ahora se reclame lo que los mandatarios provinciales creen que les corresponde. El gobernador entrerriano sigue siendo peronista, y lo que cambió es el gobierno nacional; entonces está mal reclamarle a este gobierno nacional, al de Macri. Y no estaba mal reclamarle al anterior.

Cuando Benedetti habla del reclamo formulado al kirchnerismo, se refiere a la retracción del 15% de coparticipación por lo que las provincias de San Luis, Santa Fe y Córdoba demandaron al gobierno kirchnerista.

No deja de llamar la atención que no fue ninguna de las administraciones provinciales radicales o el gobierno porteño en poder del PRO los que llevaron el reclamo a la Corte, sino dos gestiones peronistas y una socialista. Parece entonces, que los correligionarios de Benedetti tampoco hicieron lo que se debía.

Al margen de eso, Benedetti afirma que los gobernadores peronistas le quitan la comida a la gente, cuando en realidad reclaman los fondos que estaban presupuestados para salud, educación y desarrollo social. Evidentemente, si Benedetti hubiera estado al mando de la provincia hubiera hecho lo mismo por lo que le critica a Urribarri: no reclamarle al gobierno porque es de su mismo signo partidario, salvo que entienda que estaba bien el recorte de coparticipación que iba a afectar a miles de entrerrianos, para favorecer a otras personas (si las medidas hubieran sido eficaces) en el marco de un plan que busca apuntalar las chances de reelección de Macri.

Las declaraciones de uno de los fundadores de Cambiemos (protagonista del congreso de Gualeguaychú) se estrellan contra los indicadores económicos de la gestión macrista, especialmente el aumento de la pobreza. O también que la disminución del IVA prácticamente no impactó en las góndolas.

Pero lo más importante es que el fallo de la Corte (a la que Benedetti critica por decidir rápido ante la presentación de una medida cautelar, que justamente es una acción que por definición requiere una rápida contestación) no anula la eliminación del IVA a algunos alimentos, ni echa por tierra la elevación del piso para tributar Ganancias, sino que simplemente dice que la Nación se haga cargo del costo fiscal de esas medidas. Porque lo que ocurrió es que el gobierno de Macri tomó esa decisión y cargó el mayor costo fiscal a las provincias.

En ese punto hace agua también el argumento de Benedetti –que es el de Juntos por el Cambio en general– señalando que el de Macri “es el gobierno más federal de la historia” porque acató el fallo de la Corte que le ordenó devolver el 15% reclamado por Santa Fe, San Luis y Córdoba, y lo hizo de manera paulatina.

Tan federal es esta administración que los gobernadores conocieron los decretos de recorte de la coparticipación por los diarios, del mismo modo que ocurrió con la eliminación del fondo de la soja, que había implementado el kirchnerismo.

Incluso la defensa del gobierno nacional es más dificultosa en este caso porque Bordet no fue inmediatamente a la Corte, sino que se demoró dos días más que los otros gobernadores peronistas, a la espera de que el Gobierno revisara las medidas adoptadas, como lo proponía la cascoteada ala política de la administración macrista.

Si esa negociación se hubiera planteado políticamente, habría sido difícil para los gobernadores negarse a asumir un porcentaje del costo fiscal de las medidas, si la Nación accedía a disminuir la magnitud del mismo, planteando en vez del 60% inicial, tal vez un 40%.

“Nosotros estamos de acuerdo con la medida, ya que entendemos que tiene que haber una baja impositiva, pero esta baja se tiene que dar en el marco de un consenso, no de la noche a la mañana, y de manera que después se torne ineficaz. Esta medida (de Macri) es por tres meses y se ha hecho de forma apurada”, explicó Bordet en varias declaraciones.

Bordet es uno de los gobernadores de la oposición que pueden reclamarle consenso al gobierno nacional porque siempre estuvo predispuesto al diálogo, como la mayoría de los gobernadores justicialistas (excepto dos) que habían firmado con la Nación, en 2017, el denominado consenso fiscal. Es más, durante todo el mandato de Macri, comenzando por el aval para negociar con los fondos buitres apoyaron a un gobierno sin mayorías legislativas para llevar adelante su plan de gobierno. El accionar del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fue clave para que Macri tuviera diálogo con los mandatarios provinciales y gobernabilidad. Sin embargo el ministro es quien más hoy sufre el fuego amigo de los francotiradores macristas, como Elisa Carrió.

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La avivada del Presidente fue determinar una serie de medidas con un objetivo electoral y cuyo costo fiscal recayó sobre las provincias. La Corte no anuló las medidas, y quien lo afirme está mintiendo, sino que decidió que deberá compensar a las provincias por la recaudación no recibida.

Como esa recaudación no existió, debe hacerse un cálculo estimativo. En eso trabajarán el martes los fiscales de Estado y ministros de Economía de las provincias que reclamaron a la Corte cuando se reúnan pasado mañana en la Comisión Federal de Impuestos.

La compensación deberá alcanzar a todas las jurisdicciones, incluso las que no reclamaron, como los dos aliados electorales de Macri: el cordobés Juan Schiaretti y la bonaerense María Eugenia Vidal.

La recaudación de setiembre aumentó un 42,7%, unos 13 puntos porcentuales por debajo de la inflación; sin que el impacto de la reducción del IVA llegue al bolsillo de la gente; se desfinanciaron las provincias, algunas de las cuales analizan emitir cuasimonedas; y no se resolvió desde la Nación ningún problema social.

El pedido a la Corte, tras el fallo, de una audiencia con los gobiernos provinciales apunta solo a dilatar la aplicación de la sentencia.

Sin embargo, el gobierno nacional sigue tratando a los gobernadores de extorsionadores. Macri busca victimizarse ante esta circunstancia planteando que los gobernadores peronistas no lo dejan tomar medidas en beneficio del pueblo; o más precisamente de la clase media, que es a quien interpela en sus actos. Eso se complementa con un mensaje de campaña electoral, que es poco menos que un remedo del sketch Juan Domingo Perdón, de Diego Capussotto. Macri asegura que tras las PASO se dio cuenta de que la gente estaba sufriendo y decidió cambiar. Las elecciones primarias y las encuestas advierten que la ciudadanía tomaría esa decisión.

La agresión a Varisco

La agresión sufrida por el intendente de Paraná, Sergio Varisco, en la puerta de su casa, por la cual resultó con una lesión importante, dejó flotando alguna otra consideración acerca de determinadas formas de construcción electoral.

Más allá del rechazo al ataque y de las expresiones de solidaridad políticamente correctas (ya que se comparte un repudio a la violencia de cualquier tipo), hubo quienes consideraron que resultaba extraño que un hecho de esta naturaleza no hubiera ocurrido antes, valorando que era una consecuencia lógica del abuso de promesas en la campaña electoral. No se sabe con certeza si una promesa laboral incumplida fue el motivo de la agresión, o si fue tal vez el único hecho que motivó el delito, o si detrás de esta situación existen otras motivaciones.

En el plano de la política, fue otra de las fotos fuertes del final de la gestión de Sergio Varisco. La primera fue la que lo mostró sentado junto a conocidos narcos locales en el banquillo de los acusados en el Juzgado Federal. Si bien en ese caso Varisco es inocente, hasta que se demuestre lo contrario; puede presumirse un contexto de opinión negativa y hasta cierta condena social independientemente de cuál sea el veredicto. En la segunda foto, la que lo mostró como víctima de la agresión de uno de sus partidarios, o al menos de alguien con que tuvo contacto en la campaña, lógicamente la mirada predominante lo considera la víctima (lo es en el plano judicial).

En el off the record hubo quienes consideraron que el trato habitual del intendente con personas que viven en cierta marginalidad (social, económica, legal) lo expuso a ese tipo de peligros Allí las miradas se bifurcan. Si la marginalidad refiere al mundo narco y sus protagonistas, devenidos en financiadores de campañas electorales, la valoración es negativa. Lo mismo si se refiere a los sectores que lucran con negocios electorales, poniéndole un precio a su apoyo, que en caso de ser aceptado incluye la posibilidad de la agresión ante el incumplimiento del compromiso.

Si la marginalidad, en cambio, refiere al contacto frecuente del dirigente político con las personas que padecen las mayores necesidades y viven en condiciones de extrema precariedad, claramente la valoración será la contraria.

Si uno se inclina a rechazar la asociación implícita entre violencia y marginalidad entendida como pobreza, entonces la alusión refiere a la primera mirada.

El relato que dio Varisco sobre la cuestión, en cambio, parece aludir a la segunda alternativa. Habló de gente que solicitaba cosas que fueron prometidas. De acuerdo al video en el que se escucha al agresor, el reclamo era por un empleo.

Varisco dijo: “Yo había atendido por la mañana a un grupo de chicos que había venido con distintas solicitudes y le dije que habíamos perdido las elecciones y que era muy difícil, desde lo político, responder a esos pedidos”.

La derrota electoral determinó, según el intendente, no poder cumplir una promesa de campaña. Tan simple como eso, tan frecuente también.

La pregunta que puede formularse cualquier paranaense, aunque su respuesta pueda carecer de sentido práctico a esta altura; es si Varisco hubiera podido dar respuesta a esa demanda (supuestamente de empleo) en caso de ganar las elecciones. Si existe ahora una actitud responsable en no producir la designación puesto que resultó derrotado; o si la actitud fue irresponsable al momento de formular la promesa. Si la derrota es la razón por la cual no cumple esa promesa (similar a la actitud escarmentadora del presidente Macri respecto de la devaluación del peso tras el resultado de las PASO). O si tal vez el agresor olvidó la segunda parte del contrato, que indicaba que la otra alpargata sería entregada tras el escrutinio y los festejos.

Parece difícil imaginar otro desarrollo para esta seguidilla de hechos que el que lleva a pensar como una metodología ineludible la promesa política que no ha de cumplirse. La práctica –¿tolerada por lo frecuente?– de mentir para intentar ganar una elección. Y en ese caso, ¿quiénes son los que pueden tirar la primera piedra?

Así como Varisco goza de la presunción de inocencia en la causa narco; el agresor tiene la posibilidad de que se presuma que creyó en el cumplimiento de esa promesa.

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